Jorge Falen

Las adjudicaciones de obras con indicios de corrupción, de acuerdo con investigaciones fiscales dentro del (MTC), alcanzan los S/1.037 millones. La recopilación toma en cuenta las dos principales unidades ejecutoras del sector: y .

En la primera unidad, se destinaron S/3.171 millones para obras en lo que va del gobierno, de las cuales el 25,3% (S/804,5 millones) corresponde, por ejemplo, al valor de los contratos que aparecen en un USB entregado al Ministerio Público por la colaboradora eficaz Karelim López y que estarían vinculados al grupo de parlamentarios ‘Los Niños’ . Los trabajos comprenden servicios de mantenimiento cuyos valores de contrato fluctúan entre S/52 y S/180 millones sobre vías ubicadas en regiones como Junín, Puno, Tacna, Apurímac, Tumbes y Cajamarca. [ver cuadro]

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, la fiscalía halló que la lista había sido hecha antes de su adjudicación.

En el caso de Provías Descentralizado, la obra emblemática que dio inicio a las investigaciones dentro del entorno presidencial fue la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (S/232,5 millones). En esta obra se preveía invertir S/74 millones este año, pero su entrega fue anulada en enero tras la detección de irregularidades. Durante este gobierno, dicha entidad tuvo ocho directores a su cargo.

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Mejora de procesos pendiente

Pese a los cuestionamientos presentados en los últimos meses, ambas instituciones seguirán teniendo una importancia significativa en la asignación y gestión de los recursos del ministerio. Para el 2023, el MTC prevé asignarles S/4.996 millones en obras, monto que representa el 61,3% del presupuesto de apertura para proyectos del sector (S/8.155 millones). De esta cifra, S/3.969 millones iría a Provias Nacional y S/1.027 millones a Provias Descentralizado. De confirmarse su aprobación por el Congreso de la República, la primera sería 2,8% mayor que el presupuesto de apertura de este año, mientras que la segunda sería menor en 27,8%.



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¿Cómo optimizar la asignación de obras o servicios en el sector público? Para el economista y consultor César Peñaranda, es clave tener bases estandarizadas y no para cada estudio u obra. Asimismo, cada empresa debe acreditar experiencia, capacidad financiera y tener equipos o profesionales en el país. “En el estudio, la supervisión y la construcción, debe haber un esquema de quién lo va a realizar lo más automático y digitalizado posible, que elimine la discrecionalidad y la posibilidad de manejar esto tanto del lado del sector público como privado”, dijo.