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Pasco. Pasco es la única región del país que aún desconoce quién será su próximo presidente regional. La escasa diferencia de votos entre los dos candidatos hace que la incertidumbre persista entre los electores. Este panorama continuará hasta que el Jurado Electoral Especial (JEE) de esta jurisdicción se pronuncie sobre las 14 actas observadas, que equivalen a unos 2.800 votos que, sin duda, serán decisivos.
Según los resultados de la ONPE, al 98,17% de actas contabilizadas, el candidato de Fuerza Popular, Teódulo Quispe, supera por 1.072 votos al cuestionado Kléver Meléndez, de Pasco Verde. Este último está preso desde junio por el supuesto cobro de coimas a empresas constructoras durante su primer período (2011-2014) como presidente regional.
“Tomamos estos resultados con mucha tranquilidad. Estamos esperando que termine todo el escrutinio. Aunque sabemos que ese 1,9% que falta contabilizar no cambiaría las cosas, no tenemos ninguna actitud de triunfalismo”, dijo el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Rubén Tejada.
La respuesta en Pasco Verde evidenció un clima tenso dentro de la agrupación. “Sería mejor que le consulte al Jurado Electoral Especial por los resultados. Estoy en una reunión importante [y colgó el teléfono]”, respondió Elisa Paita Berrosti, quien podría ocupar el cargo de Meléndez en caso de que este gane, ya que es candidata a la vicepresidencia.
Corrupción
Este Diario informó ayer que de los 25 presidentes regionales electos para el período 2015-2018, diez son cuestionados por sus vínculos con actos de corrupción, minería ilegal o narcotráfico.
Estas autoridades gobernarán en Áncash, Cajamarca, Tumbes, Moquegua, Junín, Callao, Amazonas, Madre de Dios, Ayacucho y Ucayali.
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Enrique Wong, dijo que la situación es alarmante y peligrosa, si se tiene en cuenta que su grupo parlamentario investiga a 20 de las 25 autoridades regionales salientes.
El parlamentario planteó la creación de un organismo multisectorial que prevenga actos de corrupción en las regiones.
La propuesta consiste en integrar a especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Congreso para desarrollar una labor fiscalizadora en todo el país. Dijo que una de sus primeras funciones sería evaluar los procesos de transferencia en los gobiernos regionales.
Sobre la propuesta, el especialista en temas de Corrupción Carlos Aramburú opinó que la fiscalización no solo es tarea del Estado y que se debería dar asistencia técnica a la sociedad civil para vigilar a sus autoridades.
El ex jefe de la ONPE Fernando Tuesta Soldevilla opinó que este grupo no sería necesario si las instituciones cumplieran su función.
Según el experto en gestión pública José Luis Escaffi, el problema de corrupción no se solucionará con más comisiones investigadoras, sino con la creación de un sistema único de control en el que todas las regiones rindan cuentas sobre sus finanzas e inversiones.
