Perú podría pagar más de $500 dólares por cada tratamiento de pastillas contra el COVID-19 de Pfizer

En noviembre del 2021, la farmacéutica Pfizer firmó un acuerdo con Medicine Patent Pool (MPP), una organización respaldada por la ONU y dedicada a mejorar el acceso a medicamentos en países de ingresos bajos y medios. La finalidad del acuerdo fue otorgar una licencia voluntaria a 33 laboratorios en el mundo, para que puedan fabricar la versión genérica de la pastilla Paxlovid, fármaco desarrollado por Pfizer para tratar el COVID-19.

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No obstante, según el documento firmado con la multinacional norteamericana, de los 95 países beneficiados, solo ocho son de Latinoamérica. Países como Perú han quedado excluidos del acuerdo y no tendrán acceso al genérico.

Según los estudios realizados, la pastilla de Pfizer reduce el riesgo de hospitalización en un 89%. Es importante tener en cuenta que Paxlovid no es un tratamiento que pueda ser utilizado por cualquier paciente: está dirigido a personas que no pueden recibir la vacuna y debe ser un médico quien indique su uso.

El tratamiento consta de 30 pastillas, que se deben tomar en bloques de tres, dos veces al día, durante cinco días. Cada tableta tendría un costo aproximado de $18,9. En Estados Unidos, el precio por tratamiento era de $530, equivalente a más de dos sueldos mínimos peruanos. En marzo, Pfizer anunció que para países ricos el precio podría alcanzar los $700.

En abril, cuando recomendó el tratamiento para pacientes leves y moderados con COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) le pidió a la multinacional “mejorar la transparencia de sus precios y ampliar el alcance geográfico de su licencia con el MMP para que más fabricantes tuvieran la oportunidad de producir el fármaco”. Hasta la fecha, ello no ha ocurrido.

Los laboratorios autorizados por Pfizer para fabricar el genérico de Paxlovid han acordado que el tratamiento cueste $25, $505 menos de lo que pagó Estados Unidos y de lo que pagaría Perú. Javier Llamoza, investigador de la Acción Internacional para la Salud, explicó que la exclusión de los países de la región se hizo pese a que aún hay hospitalizados y fallecidos por COVID-19, y a que no pueden pagar el alto costo del medicamento.

A mediados de noviembre, organizaciones de la sociedad civil y activistas de la región solicitaron a Pfizer incluir a sus países en el acuerdo. La carta fue suscrita por más de 40 organizaciones de todo el mundo. No obstante, hasta la fecha no han recibido respuesta.

La abogada Luz Marina Umbasia, asesora jurídica en el Global Humanitarian Progress Corporation, menciona que los gobiernos deben mostrar más interés en ser incluidos o evaluar mecanismos como el uso gubernamental. “Van a venir otras pandemias y no es posible que aún no reaccionen ante casos como este. Estos productos se venden como diamantes. Si no tienes dinero, te mueres”, advierte.

El abogado especializado en propiedad intelectual y patentes, Luis Villarroel, director de la ONG INNOVARTE, explicó que los gobiernos tienen la obligación de velar por el acceso de sus poblaciones a todas las tecnologías posibles para salvaguardar sus vidas, sobre todo cuando se trata de una crisis sanitaria como una pandemia.

Por esa razón, mencionó que en el caso de que Pfizer no acceda al pedido, los países pueden “utilizar algunas herramientas legítimas en acuerdos internacionales, como las licencias obligatorias o el uso gubernamental”. Villarroel recordó que existen normas internacionales que permiten usar una patente sin autorización del titular a cambio de una compensación, en caso de emergencia sanitaria.

“En el nivel más alto multilateral están los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Existen dos alternativas: las licencias obligatorias y el uso público no comercial o uso gubernamental”. Según explicó, la licencia obligatoria se da cuando un órgano del Estado autoriza a una empresa a utilizar la patente de otra. En el caso del uso de gobierno, es el mismo estado quien usará la patente de una empresa a cambio de un pago. Para Villarroel, el uso obligatorio permite de forma más rápida satisfacer el interés público en medio de una crisis sanitaria.

Por su lado, James Love, director de Knowledge Ecology Internacional, una organización no gubernamental con oficinas en Washington y Ginebra dedicada a trabajar por la gestión del conocimiento y gobernanza en la práctica de la propiedad intelectual y la política de innovación para atender la salud, enfatizó en que “durante la pandemia el gobierno de Estados Unidos ha garantizado el acceso a su población a al menos 60 tecnologías contra el COVID-19 que incluyen vacunas, precisamente mediante el uso gubernamental”.

En ese sentido, Luz Marina Umbasia enfatizó en que es importante recordar que con el uso gubernamental el titular de la patente no perderá porque se le va a reconocer la regalía. “Se le tiene que indemnizar. Además, no se le va a sacar del mercado”, asegura.