El fuerte sismo de magnitud 6.1 se sintió en la región Piura el pasado 30 de julio | Foto: Archivo El Comercio
El fuerte sismo de magnitud 6.1 se sintió en la región Piura el pasado 30 de julio | Foto: Archivo El Comercio
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Redacción EC

Han pasado 45 días del sismo de 6.1 de magnitud que afectó a más de 23 mil personas en 38 distritos de y hasta el momento esta región no cuenta con un plan de reconstrucción para atender los daños provocados por este fenómeno. Por esta razón sus autoridades y funcionarios podrían ser sancionados administrativamente por inacción, según reiteró desde esta región el contralor general, , durante una jornada de supervisión.

No pueden continuar las cosas así. Se ha informado al gobernador regional respecto a todas las acciones desplegadas por la Contraloría. Esperamos que se dupliquen o tripliquen los esfuerzos para tener la evaluación de los daños y elaborar el plan de reconstrucción. Sin el plan, la Contraloría no podrá desplegar el control concurrente”, advirtió Shack Yalta.

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Shack Yalta recordó que desde el 21 de julio último, el máximo órgano de control tiene capacidad sancionadora, la cual se enmarca en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS). “Hay una conducta infractora tipificada que es por no hacer algo en periodos de emergencia como este. Los funcionarios deben ser diligentes para evitar que se siga postergando la realización de obras y servicios, añadió.

La Contraloría indica que el reglamento del PAS señala el incumplimiento funcional en situaciones de emergencia declaradas conforme a ley, que dé lugar a la falta de prestación de algún servicio o a la no entrega de un bien, subsidio monetario o prestación económica, por parte del Estado, o que, la prestación o entrega no sea oportuna; cuando estas sean parte de las medidas establecidas para afrontar la referida emergencia.

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Tras sostener una reunión con autoridades del Gobierno Regional Piura, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el titular de la Contraloría fue informado que en dos a tres semanas se tendría una versión preliminar del plan de reconstrucción.

Shack señaló que un proceso de reconstrucción no debería demorar más de 24 meses.

Con dicho plan, la Contraloría recién podrá desplegar el control concurrente para acompañar a los gestores. Por ello, el contralor insistió en contar con este documento técnico para tener claridad sobre las acciones de supervisión y control a ejecutar en un determinado periodo de tiempo y no repetir los errores del proceso de Reconstrucción con Cambios”, señala una nota de prensa del órgano de control.

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Observan lento avance de obra

Shack Yalta también se trasladó hasta los centros poblados de Parachique y La Bocana, a unos 20 minutos de la ciudad de Sechura, donde la Municipalidad Provincial ejecuta un proyecto de agua y alcantarillado de más de S/ 54 millones en beneficio de 12 mil moradores.

El contralor constató que los trabajos tienen un avance de solo el 15,4%, cuando la obra debería culminar en marzo de 2022. Sin embargo, se han presentado problemas significativos en el expediente técnico y ello ha conllevado a deficiencias en la construcción del reservorio de agua. También se detectaron trabajos paralizados en algunos componentes del proyecto.

Las situaciones adversas han sido comunicadas a la Municipalidad Provincial de Sechura a través de dos informes de hito de control concurrente y en las próximas semanas se emitirá un nuevo informe para que se adopten acciones correctivas y preventivas que correspondan.

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El contralor destacó este mecanismo de control concurrente porque permite acompañar a los proyectos de inversión desde el inicio, por ello invocó al Congreso de la República a aprobar una norma para que se pueda extender esta modalidad de control a todas las obras y así examinar los expedientes técnicos y no solo la ejecución, a fin de alertar oportunamente de estos problemas.

Cada atraso genera un perjuicio económico por mayores gastos generales”, puntualizó.

DATOS

De acuerdo con el informe de emergencia del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), del 9 de setiembre de 2021, el fuerte sismo de julio pasado dejó 5.904 damnificados y 17.375 afectados en siete de las ocho provincias de la región. También se reportaron 57 viviendas destruidas, 1.773 inhabitables y 5.505 afectadas.

En agosto último Nelson Shack ya había visitado las provincias de Sullana y Paita para constatar los daños ocasionados por el fuerte sismo y verificar la atención de los damnificados en el marco del Decreto Supremo 146-2021-PCM.

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