Agente del INPE pretendía ingresar celulares al penal de Piura
Agente del INPE pretendía ingresar celulares al penal de Piura
Redacción EC

Esta mañana se detuvo al agente de seguridad del Félix Loyola Pinzón, de 39 años, cuando pretendía ingresar tres celulares, 9 baterías y otros accesorios telefónicos, al penal Río Seco de . El agente, quien llevaba los objetos prohibidos camuflados dentro de una radio portátil, fue detenido por sus propios compañeros de trabajo.

El director del establecimiento penitenciario, Guery Chirinos, dijo a El Comercio que el detenido ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, y será procesado por posesión de objetos prohibidos. Además, informó que será separado del cargo y la comisión de asuntos internos le abrirá una investigación administrativa.

Añadió que se trata de un caso aislado, pero que se ha determinado que los celulares irían a la celda de un interno del pabellón F. Precisó que las investigaciones determinarán quiénes son responsables y se harán las denuncias respectivas.

“Nosotros no vamos a tolerar estos actos de corrupción. Así como detenemos a visitas también lo hacemos con nuestros propios colaboradores”, anotó. Loyola Pinzón trabajaba desde hace 15 años para el INPE. Tenía a su cargo parte de la seguridad del reclusorio.

EXTORSIONES DESDE EL PENAL

Chirinos refirió a este Diario que a la fecha se ha intervenido y denunciado penalmente a 14 personas que pretendían ingresar 38 celulares a la cárcel. Los equipos móviles los llevaban en la comida, entre sus partes íntimas, en mochilas de doble fondo. Ello pese a que en la entrada al reclusorio existe un detector de metales.

Según el Ministerio Público, en lo que va del año se han recibido 111 denuncias por ese delito. El año pasado la cifra disminuyó casi nada (484), en relación con el 2013, cuando se reportaron 553 denuncias por extorsión.

Las autoridades y especialistas dijeron que urge la instalación de bloqueadores. Sin embargo, Chirinos dijo que aún eso es incierto. En una reciente visita, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén comunicó que la instalación se realizaría en seis meses. Mientras tanto, las víctimas de extorsión siguen aumentando. 

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