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Lobitos, la paradisíaca playa de la provincia de Talara, en la región Piura, vive un conflicto entre los vecinos y el Ejército. Si bien cada vez llegan más tablistas seducidos por sus grandes olas, los pobladores que viven en el campamento militar denunciaron que los oficiales pretenden desalojarlos de sus viviendas sin reconocerles lo invertido en ellas.
Luis Alberto Delgado es uno de los afectados. Él alquiló hace cinco años una de las casas administradas por la Primera Brigada de Caballería del Ejército Peruano. Recibió el inmueble en mal estado, con las paredes de madera a punto de desplomarse, sin puertas ni ventanas ni pisos.
Él –como el resto de inquilinos– refaccionó la casa. Invirtió más de S/.80 mil. Pagó puntual el alquiler, desde el 2010 hasta el 23 de agosto del 2013. Tres meses después, oficiales del Ejército lo desalojaron de forma violenta, cambiaron las chapas de las puertas y no le permitieron llevarse sus pertenencias.
“Nunca me notificaron. Me sacaron a la fuerza. Un día vine a mi casa y ellos ya se habían metido, cambiaron las chapas, las cerraduras y se posesionaron. Ni siquiera me permitieron sacar mis cosas”, narró. Delgado les entabló una demanda ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Talara.
“Lo que quiero es que negociemos. Que me devuelvan mi dinero invertido y mis cosas. No les voy a regalar mi dinero. Quiero una solución pacífica, porque conmigo han cometido un atropello. Ni siquiera soy moroso, les pagaba puntual el alquiler”, agregó.
Ahora son al menos 20 los vecinos que aducen ser posesionarios y viven con el miedo de ser desalojados de las casas que alquilan. Una de ellas es Matilde Saavedra, a quien tampoco le han notificado mediante carta notarial que debe dejar la casa que el EP le alquiló hace siete años. Sin embargo, el mayor EP Raúl Ramos León le dijo que tiene plazo para desalojar el inmueble hasta el 25 de este mes.
RESPUESTA OFICIAL
Mediante un comunicado oficial, la Primera Brigada de Caballería dijo que, al amparo de la Ley 29006, es la administradora de los predios e inmuebles del campamento Miguel Grau de Lobitos.
“Al respecto existen personas que vienen generando falsas expectativas y desinformando a la ciudadanía, empleando las redes sociales y algunos medios de comunicación con la finalidad de crear derechos que no le corresponden sobre estas propiedades del Estado”, se señala en el texto.
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