Gobierno Regional de Piura tiene 11 funcionarios que no cumplen requisitos

La Contraloría General de la República halló tres situaciones adversas en la contratación de personal de confianza en el Gobierno Regional de Piura. Según el informe de control N° 008-2019, publicado este miércoles, once funcionarios de confianza fueron designados por el gobernador Servando García sin que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF).

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Además, 22 funcionarios no entregaron sus currículos documentados, lo que significa que su capacitación y experiencia laboral que declararon resulta inexacta. La tercera situación adversa es que hay tres funcionarios que ocupan dos cargos al mismo tiempo.

Con respecto a la primera observación, el denominador común en los once funcionarios cuestionados es que no acreditan experiencia laboral en el área que desempeñan, carecen de formación profesional y no cuentan con la colegiatura respectiva. Todos ingresaron a inicio de año, con la gestión de Servando García.

En cuanto a los 22 funcionarios de confianza que no entregaron documentación completa y actualizada figuran el gerente general del Gobierno Regional de Piura, Jesús Torres; el gerente de Recursos Naturales, Manuel Querevalú; el jefe de Seguridad y Defensa Civil, Miguel Celi; y el sub gerente de Cooperación Técnica Internacional, Fernando Cáceres.

Sobre la tercera situación, los tres funcionarios con más de un cargo son: Lourdes Garrido Seminario, directora y subdirectora de la aldea infantil San Miguel; Rafael Seminario, gerente de Desarrollo Económico Local y sub gerente de Normas y Supervisión; y Pedro Fernández, director y jefe de operaciones del Centro de Servicio de Equipo Mecanizado.

Debido a que el periodo de evaluación por parte de la Contraloría fue del 22 al 26 de abril, no contempla a Manuel Parodi, gerente de Desarrollo Social que el último martes recibió el encargo temporal de director regional de Educación, tras la salida de Fabriciano Cunya en medio de un escándalo de presunto tráfico de influencias.

Según el informe, “la situación expuesta pone en riesgo la legalidad de la designación de los cargos de confianza [...], así como la transparencia de los actos administrativos” en la gestión regional. Además, al no haber segregación de funciones es afecta “la existencia de revisiones efectivas en las actividades que realiza” el personal.

Esta evaluación de la Contraloría forma parte de un servicio de control simultáneo hecho en todos los gobiernos regionales y municipalidades del país.

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