El Perú tiene uno de los mares más ricos en recursos a nivel mundial. Pese a ello, el país ha permitido su depredación, o simplemente no ha hecho lo suficiente para conservarlo. Esta contradicción no solo se concreta en los informes estadísticos que revelan la sobreexplotación de especies marinas –algunas al borde de la extinción o bajo tanto impacto que han modificado sus características físicas- sino que se revela cada día, a vista de todos, cuando miles de pescadores hacen de ciegos a las leyes. Y todo inicia desde el primer eslabón: la construcción de nuevas embarcaciones artesanales pese a su prohibición.
Hace más de once años, en agosto del 2012, el Ministerio de la Producción (Produce) publicó el Decreto Supremo 005-2012. En este, el Estado acreditaba que la flota pesquera para la extracción de Anchoveta y Anchoveta Blanca se encontraba “sobredimensionada […] poniendo en riesgo la conservación y su aprovechamiento sostenible”. Entre otras medidas, dicho DS prohibió la construcción de nuevas embarcaciones artesanales y de menor escala, con excepción en casos de sustitución.
Tres años luego, el Decreto Supremo 006-2015 volvió a citar dicha prohibición, pero esta vez definió que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) –entidad de la Marina de Guerra del Perú- como la autoridad encargada de cautelar “el cumplimiento de la prohibición de construcción de nuevas embarcaciones”. Sin embargo, frente a los ojos de todos, decenas de nuevas embarcaciones se están construyendo en este instante, mientras usted lee este informe. Solo en la provincia de Paita (Piura), los astilleros ilegales se encuentran en la expansión de toda su jurisprudencia. El Comercio registró sus operaciones.
A vista de todos
Una embarcación de pesca artesanal puede ser tan pequeña como una chalana, donde entran unas cuantas personas y se utiliza un motor fuera de borda con un caballaje mínimo, pero la realidad es que este sector moviliza miles de embarcaciones de hasta quince metros de eslora y 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega, lo máximo permitido para este régimen según la Ley General de Pesca. Estos barcos superan las toneladas de peso, se construyen por fases en plazos de meses, se estructuran con diversos materiales, llevan equipamiento eléctrico y pueden costar cerca de 250 mil soles.
En comunicación con El Comercio, el capitán de navío Roberto Teixeira, director de la Dirección de Control de Actividades Acuáticas de la Dicapi, informó que la entidad naval tiene registradas 29.600 embarcaciones formales de pesca en todo el país. De estas, 5.018 tienen un arqueo bruto (AB) -medida que corresponde al volumen de la unidad marítima- entre los 13,3, y 70,48. Es decir, corresponden a las naves de mayor tamaño en lo que comprende a las embarcaciones artesanales. Las más de 24 mil restantes tienen hasta 13,3 de AB. El Comercio evidenció la construcción ilegal de barcos de ambas dimensiones.
Su tamaño implicaría que su construcción ilegal se realizase en espacios clandestinos, alejados o rodeados de paredes. Al menos, con algún intento de camuflarlo de las autoridades. Pero en Paita, eso no es necesario. Los esqueletos de las nuevas naves se posicionan al lado de aquellas recién pintadas y adornadas, esperando solo el traslado para tocar el mar por primera vez y unirse a la ya sobrecargada flota, con una matrícula falsa. Teixeira aclaró que actualmente existen cerca de 30 astilleros legales en la zona de Paita y Sechura. “Donde existe la mayor parte de embarcaciones que se están construyendo de manera ilegal es fuera de estos astilleros, en canchones abiertos o en casas cerradas”, añadió.
El proceso de construcción
El primer paso para construir una de estas embarcaciones es lograr el esqueleto perfecto. Para esto, se debe emplear un tipo de madera que permita curvarse lo suficiente para maquetar el caso, pero que a la vez sea de inmensa resistencia. Así como los pescadores que navegarán la próxima embarcación aportarán a la depredación del mar, sus constructores aportan a la destrucción de una especie forestal.
El faique, una especie catalogada como “casi amenazada” en el 2006 -la última vez que el Estado peruano actualizó la lista de flora amenazada- es la preferida para dar forma a cada bote pesquero. Esta madera se comercializa de manera ilegal y ha sido la razón de múltiples operativos policiales. Pese a ser conocido su destino –las caletas y distritos conocidos por sus astilleros ilegales-, el control ha sido ineficiente, lo que permite que la fabricación de embarcaciones continúe sin mayores retrasos. Incluso, esta madera se transporta al descubierto y los remanentes son desechados a pocos metros de las zonas de trabajo.
Restos de madera faique son encontrados a pocos metros de los astilleros ilegales.
Restos de madera faique son encontrados a pocos metros de los astilleros ilegales.
Restos de madera faique son encontrados a pocos metros de los astilleros ilegales.
Una vez estructurada la base, los obreros preparan las cabinas y cubren los interiores con fibra de vidrio y madera, mientras otros se ocupan del motor y las etapas mecánicas y eléctricas. La pintura y los retoques no son lo último. Con el pincel en la mano de un artista, se escribe la matrícula que empleará el bote y se le da nombre al barco pesquero. En la lista oficial, esa embarcación jamás aparecerá. La matrícula en cuestión no le corresponde. No tiene ninguna credencial real. Además, Teixeira resaltó los riesgos de seguridad que significan para la tripulación el empleo de naves construidas clandestinamente.
Sin formalización
Más allá de la prohibición de construir las embarcaciones, el marco legal no permite la formalización de nuevas embarcaciones. Actualmente, solo permanece activo el proceso de formalización por medio de las cooperativas pesqueras, el cual culminará este 31 de diciembre. “Esperamos que se formalicen, en este proceso, 1.076 embarcaciones. A la fecha ya lograron obtener su matrícula 705 embarcaciones. Es decir, vamos cerca del 70% [de avance]”, comentó el comandante naval.
En setiembre del 2018 inició el proceso del Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa II), normado según el Decreto Legislativo 1392. Para esto, el armador o propietario de cada embarcación debía presentar su información personal, una declaración jurada que lo califique como tal, las características de la embarcación y fotografías de la nave y su motor. Luego, las autoridades debían validar la existencia de estas naves, con el fin de evitar regularizar embarcaciones fantasmas o con medidas ajenas a las estipuladas.
Los pescadores y armadores artesanales inicialmente tuvieron hasta el 5 de octubre del 2020 –según el DL 1392- para realizar los trámites correspondientes, iniciando con la inscripción en el Listado de Embarcaciones para la Formalización Pesquera Artesanal e iniciar con el proceso de formalización. En mayo del 2020 se extendió el plazo hasta el 5 de octubre del 2021 a consecuencia de la pandemia. Finalmente, los plazos fueron actualizándose hasta que, el 31 de julio de este año, se terminó el proceso. 2.109 lograron conseguir su permiso de pesca, mientras que otras 2.012 no culminaron el proceso.
“Al término del proceso de verificación de existencia y operatividad [del Siforpa II] es que se constató la existencia de 1.138 embarcaciones que no tenían matrícula, no tenían nada. Existían y eran totalmente informales”, sostuvo Teixeira. Carlos Yenque, gerente de la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal (Sonapescal) expresó a El Comercio que “muchas personas se quedaron [fuera del proceso] porque no le dan la atención a las leyes, no las practican. No presentaron documentos, no solicitaron orientación. Algunos aludieron falta de dinero”. Asimismo, Yenque mencionó que muchos aprovecharon la oportunidad del Siforpa II para mandar a construir nuevas embarcaciones de mayor capacidad, para luego inscribirlas y formalizarlas.
Proponen formalizar embarcaciones ilegales
Cabe destacar que en el Congreso de la República existe un proyecto de ley que plantea ampliar el proceso de inscripción para las 2.012 embarcaciones que quedaron fuera del proceso. Yenque alertó que la mayoría de estas naves no lograron documentar su existencia previa, por lo que se estaría permitiendo la formalización de embarcaciones construidas de manera ilegal.
Actualmente, en la comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso, el proyecto de ley del congresista por Piura, Bernardo Pazo -de la bancada Somos Perú- pretende “consolidar el proceso de formalización” de todas las embarcaciones inscritas en el Listado de Embarcaciones de Formalización Pesquera Artesanal del DL 1392. Según el proyecto, la extensión y complejidad del proceso de formalización fue lo que desmotivó a los armadores de continuar con este. El Comercio contactó con el equipo de prensa de Somos Perú, pero el congresista no pudo atender una entrevista por su agenda laboral.
Cabe destacar que el proyecto de ley estipula que “no es de alcance para aquellas embarcaciones construidas fuera del ámbito [...] del Decreto Legislativo 1392″, además de resaltar que “no implica una formalización automática”. El plazo descrito para continuar con el proceso de formalización será no menos a los doce meses y podría ampliarse, según considere “la Autoridad”. Para Yenque, esta medida permitirá el ingreso de naves construidas ilegalmente. Por su parte, el comandante Teixeira destacó que “no podemos seguir dando formalización tras formalización, en un momento hay que hacer un alto”.