(Foto: Corte Superior de Justicia de Piura)
(Foto: Corte Superior de Justicia de Piura)
Carlos  Chunga

El expresidente regional de , (2011-2014), fue absuelto este viernes del delito de colusión agravada en agravio del Estado, por la sobrevaloración en la obra del puente San Miguel, ubicado en el centro de la ciudad.

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Según la sentencia dictada por el Sétimo Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la ex autoridad regional no participó en todas las etapas del proceso de contratación de la obra, inaugurada en el año 2013.

Por este caso, la fiscal provincial anticorrupción Jennifer Fernández solicitaba para Atkins diez años de pena privativa de la libertad, luego de una investigación en base a un informe de Contraloría que detectó irregularidades en la licitación y ejecución de la obra, con una sobrevaloración de S/4'193.153.

Junto con Atkins también se eximió de responsabilidad penal a los exfuncionarios Julio Chicoma Huamán (exrevisor del expediente) y Margarita Rosales Alvarado (exgerenta de Infraestructura). Para los tres el caso se archiva definitivamente.

Sin embargo, el juez Ronald Soto condenó por este mismo caso a Edwin Troya Acha (exdirector de Estudios y Proyectos) y Jorsy Hipólito Delgado (exmiembro del comité de licitación) a 6 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el mismo plazo.

En tanto, Rachid Yessef Altuna (exrevisor del expediente) y Martín Velayos Arredondo (exrepresentante del consorcio constructor) fueron condenados a 4 años de prisión por el mismo delito, e inhabilitación por el mismo plazo.

Las cuatro personas condenadas deberán pagar en forma solidaria el mismo monto de la sobrevaloración (S/4'193.153) por concepto de reparación civil a favor del Estado. Para ellos, dado que no asistieron a la audiencia, se dictó órdenes de ubicación y captura para su internamiento en el penal de Piura (ex Río Seco).

Entre abril del 2018 y marzo del 2019, Javier Atkins se desempeñó como viceministro de Pesca y Acuicultura (Produce). Previo a la lectura de sentencia, se defendió alegando que la investigación se basa en un informe de la Contraloría que sancionó a funcionarios por fallas netamente administrativas.

“A mí la Contraloría me eximió de toda responsabilidad porque confirmaron que no había intervenido para nada en este proceso de adjudicación (de la obra del puente San Miguel). Con ese mismo informe, la fiscalía inicia una investigación y me imputa responsabilidad penal”, se defendió el expresidente regional.

Para este lunes, se prevé la lectura de sentencia por otra investigación que incluye a Atkins. Se trata de un caso del 2015 en el que la fiscalía investiga la contratación de una empresa que pertenece a un sobrino del expresidente regional para presar el servicio de vigilancia. El contrato se hizo sin haber pasado por un proceso de selección, como lo dispone la ley.

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