Regidores de Sapillica dilatan suspensión de alcalde inhabilitado por corrupción

El Poder Judicial confirmó en abril pasado la sentencia que condenó a 4 años de prisión suspendida y 6 meses de inhabilitación a Silvestre Antonio Carhuapoma Umbo (62), actual alcalde distrital de Sapillica, provincia de Ayabaca, en la región Piura.

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Más de dos meses después, pese a que la autoridad no puede ejercer cargos públicos ni de elección popular, los regidores de la Municipalidad de Sapillica aún no han procedido con la suspensión del cargo, tal y como corresponde por mandato judicial.

Según la resolución N° 040-2019 de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Carhuapoma cometió el delito de negociación incompatible (corrupción de funcionarios), al apropiarse de maquinaria municipal durante su segunda gestión, en el año 2008.

El primer regidor, Rosario Salvador, señaló que “el tema está en agenda”, pero reconoció que el Consejo Municipal hasta el momento no programa la votación para la suspensión. “Sabemos que el alcalde va a apelar la sentencia, de acuerdo a eso vamos a decidir”, dijo.

Aladino Chumacero, segundo regidor, afirmó que ellos aún no han sido notificados de la sentencia. “Por el momento no tenemos ninguna notificación del Poder Judicial, es algo que nosotros necesitamos. De acuerdo a eso, haremos lo que corresponde”, manifestó.

Fuentes de la Corte de Justicia de Sullana indicaron que la notificación de la sentencia se hizo efectiva desde el pasado 18 de abril, tanto al alcalde Silvestre Carhuapoma como al Ministerio Público, por casilla electrónica.

El Comercio buscó la versión del alcalde de Sapillica, pero no obtuvo respuesta. A través de su cuenta en Facebook, la municipalidad señaló que la sentencia aún no es confirmada, pues está en proceso un recurso de casación presentado ante la Corte Suprema de Lima.

Para Óscar Tuesta, ex presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura, “mientras que los regidores no soliciten la suspensión, (el alcalde) va a seguir ejerciendo funciones”. Sostuvo que también cualquier ciudadano puede presentar una solicitud de vacancia, dado que se trata de una condena por corrupción.

“Como la sentencia ya fue confirmada en segunda instancia (Sala de Apelaciones), lo que procede es la suspensión [del alcalde], hasta que el Poder Judicial en última instancia se pronuncie sobre la casación. Pero cualquier ciudadano puede pedir la vacancia”, explicó.

En la región Piura, un precedente similar es el de Pascual Vílchez, ex alcalde distrital de Pueblo Nuevo de Colán, en Paita, que fue vacado del cargo por una condena en su contra de cuatro años de prisión suspendida y tres de inhabilitación, luego de que fuera hallado culpable del delito de peculado doloso, al haberse apropiado de dinero municipal.

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