¿Por qué el Ejecutivo amplió la lista de delitos para separar definitivamente a docentes del sistema educativo?

En setiembre de este año, la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, informó que su sector presentó ante el Congreso un proyecto de ley que buscaba la modificación de la ley N° 29988, que establece medidas extraordinarias para docentes y administrativos sentenciados por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación sexual y tráfico ilícito de drogas. El objetivo del Ministerio de Educación (Minedu) era incorporar 14 delitos a los ya establecidos para inhabilitar a docentes y al personal administrativo sentenciados por estos ilícitos del sistema educativo.

Esta propuesta del Minedu había sido anunciada un año antes, en agosto de 2018, por el exministro de Educación, Daniel Alfaro en el marco de la separación del sistema educativo de 780 docentes y trabajadores administrativos sentenciados por terrorismo, apología del terrorismo, violación sexual o narcotráfico.

El proyecto del Ejecutivo ingresó a la Comisión de Educación el 16 de setiembre, según quedó registrado en área de trámite documentario del Congreso. La iniciativa planteó incluir los siguientes catorce ilícitos a la norma: delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, trata de personas, explotación sexual y esclavitud.

Además de los delitos de homicidio doloso, parricidio, feminicidio, sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, delitos contra la humanidad (genocidio, desaparición forzada y tortura) y por la violación de la intimidad, difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual.

“De esta forma, cualquier persona que haya sido condenada por estos delitos estará inhabilitada definitivamente para ingresar o reingresar a prestar servicios en el sector Educación”, declaró en ese momento la ministra durante el foro “Construcción participativa del plan de acción para eliminar la violencia contra niños y adolescentes 2020-2030” organizado por Unicef.

Pablo detalló que el Minedu buscaba principalmente eliminar los límites de tiempo, que actualmente son un obstáculo para separar definitivamente a los docentes y al personal administrativo con sentencia consentida o ejecutoriada por los delitos de violación sexual, terrorismo y apología del terrorismo.

Además, de incluir otros delitos relevantes (los catorce antes mencionados) y resguardar la integridad física y emocional de los estudiantes, el proyecto añadió la creación de un registro de personas condenadas o procesadas con sentencia consentida o ejecutoriada o procesadas por cualquiera de los 17 delitos detallados en la norma, información que será compartida con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

El proyecto indica que los docentes o personal administrativo serán separados de instituciones de educación básica, centros de educación técnico-productiva, institutos o escuelas de educación superior, instituciones de educación superior artística, universidades, escuelas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Educación o sus organismos públicos adscritos, Direcciones o Gerencias Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local.

En general de toda institución u organismo educativo, incluyendo a los centros de resocialización o rehabilitación, que desarrollan actividades permanentes o temporales vinculadas a la educación, capacitación y formación sobre cualquier materia, incluyendo los ámbitos deportivo, artístico y cultural, detalla el proyecto.

Hoy esta propuesta se concretó a través del Decreto de Urgencia 019-2019 emitido por el Ejecutivo y publicado hoy en normas legales del diario oficial El Peruano. Como se sabe, tras la disolución del Congreso, el Ejecutivo legisla a través de decretos de urgencia los cuales son informados a la Comisión Permanente la cual los remitirá al Congreso una vez se instale.

¿Qué implican estos cambios?

Ana Pari, jefa de la Oficina General de Transparencia, ética pública y anticorrupción del Minedu explicó a El Comercio que el contenido del decreto de urgencia publicado hoy es exacto al proyecto de ley presentado en setiembre por el ministerio al Congreso. La finalidad de la norma, reafirmó, es salvaguardar a los estudiantes de todo el país de personas que pueden significar una amenaza.

“Las personas que cumplen una condena pueden integrarse a la sociedad pero no lo harán en la formación de los estudiantes. Este fue un análisis que en su momento revisó y aprobó el Congreso y es un tema consensuado. Lo que hemos hecho ahora es ampliar la lista de delitos considerados como los más graves luego de aplicar un test de constitucionalidad. La idea es resguardar el derecho a la educación y no exponer a los estudiantes”, refirió la funcionaria a este Diario.

Pari subrayó que a diferencia de lo planteado en el proyecto de ley, en el decreto de urgencia se reduce de 90 a 45 días calendario el plazo para contar con la reglamentación de la norma. La idea, subrayó la funcionaria, es tener la reglamentación lista en el menor plazo para implementar acciones concretas antes del inicio del año escolar 2020.

De acuerdo a la funcionaria hasta el momento el Minedu ha separado a más de 1.000 docentes y administrativos a nivel nacional del sistema de educación por los delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación sexual y tráfico ilícito de drogas. Esperan que esta cifra aumente con la incorporación a la ley de los otros 14 delitos.

Respecto a la creación del registro, Ana Pari, explicó que el tema está ahora a cargo del Poder Judicial, institución que deberá crear un subregistro del Registro Nacional de Condenados y habilitarlo para que el ministerio y las instituciones educativas cuenten con la información necesaria para proceder a las inhabilitaciones.

Sobre el tema, Ana Mendoza, Representante de Unicef en el Perú, consideró que la norma es una buena medida que debe ser interpretada como un mensaje que la violencia no está permitida en el ámbito educativo. Además, instó al gobierno a implementarla en el menor tiempo posible.

“Es verdad que cualquier persona que ha terminado su condena tiene derecho a integrarse a la sociedad solo pueden hacerlo en el ambiente educativo. Nos parece positivo que todas las normas avancen en lograr un entorno libre de violencia y en esto hay que asegurar todos los recursos disponibles”, sostuvo Mendoza.