"El problema [de trata] se soluciona con planes de desarrollo"

Valdés no identifica diferencias entre las distintas modalidades de la trata y las peores formas de esclavitud. Considera que, en el Perú, el magro presupuesto destinado para la lucha contra este delito, los altos índices de impunidad y el desconocimiento de quienes administran justicia entrampan un mayor avance. 

Se han retomado las operaciones contra la minería ilegal en Madre de Dios que buscan priorizar el rescate de víctimas del delito de trata. ¿Está garantizado el trabajo con las víctimas tras el rescate? 

Este enfoque que supone investigar previamente para conocer quiénes esclavizan o explotan personas, ya sea sexual o laboralmente, debe tener un proceso tras el rescate, también planificado previamente, para reintegrar a cada una de las víctimas a sus lugares de origen. Sobre todo, brindarles recursos necesarios para que puedan procesar el trauma que supone la explotación, que en algunos casos ha durado años.

¿En qué específicamente? 

Deben tener planificada la posibilidad de sostener a las víctimas por lo menos un mes dándoles alojamiento, alimentación y ayudarlas a digerir la situación que han vivido. Si nos limitamos a sacarlas del lugar de explotación y dejarlas 100 kilómetros más allá, no estamos haciendo nada. Si es así, este nuevo enfoque sería solamente declarativo, algo que solo está escrito en un papel, pero que no se expresaría en las condiciones reales para atender a las víctimas como se merecen.

En el caso de Madre de Dios, 29 de las 32 víctimas rescatadas decidieron marcharse.

Sí, solo tres han quedado registradas bajo la protección del Estado. Eso me hace pensar que no existía un plan de control de daños posteriores al rescate. Este plan supone darles protección, apoyo durante los días posteriores a su rescate. Si eso no se da, solo estamos trasladando el problema de un día para otro, de un lugar a otro. Y eso no supone un enfoque distinto.

¿Supone también que esto se repite en todo el país?

Sí, este ejemplo se repite. Y eso lo sabemos analizando la realidad del presupuesto que tiene el Estado. No tiene dinero para intervenir y apoyar de manera sistemática y suficiente a las víctimas de trata. Muchas veces son las entidades privadas, la Iglesia y organizaciones de la sociedad civil las que tenemos que poner el hombro cuando el Estado hace una intervención. 

¿La realidad supera la capacidad de intervención?

Es el caso de La Rinconada, en la región Puno, donde existen entre 3.500 y 4.000 personas y el Estado no puede intervenir porque no tiene la capacidad logística. Debe permanecer pasivo sabiendo que existen personas en condiciones de explotación.  

¿Este problema se soluciona con operaciones?

No, así como tampoco se solucionará el problema de la minería ilegal en Madre de Dios metiendo dinamita. La solución es combinarlo con un programa de desarrollo alternativo, así como se está trabajando la lucha contra el narcotráfico, porque si dejas libre a un grupo de personas que están cometiendo una ilegalidad, ellas seguirán haciendo lo mismo. 

¿Cuál es el universo de víctimas registradas por el delito de trata en el Perú? 

A nivel de Ministerio Público, han sobrepasado las 4.000 víctimas registradas, pero el universo real es inmensamente mayor. No me animo a dar una cifra exacta.

¿Cuántos procesados?

Hay un ratio de impunidad de 2 de cada 100 personas que han sido imputadas en trata, y esto es solo en relación con los casos que llegan al Ministerio Público.

Los casos más inauditos suelen registrarse lejos de Lima. ¿Qué responsabilidad es la que asumen los gobiernos locales y regionales? 

Ellos están haciendo muy poco. Creemos que se debe hacer un mayor esfuerzo para apoyar a los otros niveles de gobierno en la implementación de las responsabilidades que la ley les da, porque es ahí donde se producen los ilícitos. Ellos no cuentan con herramientas necesarias para recibir víctimas, como el gobierno local de Tambopata, que es el que en principio debiera dar soporte económico al hogar El Triunfo, que ni siquiera tiene agua potable. 

¿Cuánto destina el Perú a la lucha contra la trata? 

Para el 2015 es de S/.4’500.000, es el 0,0025% del presupuesto de la república. Ese monto, pese a que ha significado duplicar lo destinado el año pasado, es a todas luces insuficiente. Solamente el Ministerio Público requiere cuatro veces esa cantidad.

El año pasado el Ejecutivo expuso por primera vez los avances sobre el Plan Nacional de Trata de Personas 2011-2016, ¿cuál es su evaluación?  

La evaluación que hacemos es que aún es muy pobre. Hay mucho incumplimiento como consecuencia de la falta de presupuesto que se denunció en el 2011. Ahora el grupo de trabajo multisectorial ha formado otro grupo para establecer un nuevo plan al 2021.

¿La impunidad es el factor que complica más el trabajo?  

La impunidad es un elemento muy grave, porque lo que marca la evolución del delito de trata es un costo muy bajo para cometerlo y un riesgo muy bajo para pagar por este. Y eso juega para que las víctimas se desanimen en presentar la denuncia. Prefieren irse.

¿El Estado Peruano ha entendido el problema o sus funcionarios aún desconocen a lo que se enfrentan?  

Es una buena pregunta, porque es una de las cosas que hemos detectado. El funcionario no tiene idea de lo que le manda la ley. A nivel local y regional es aun mayor el desconocimiento. La propia policía no sabe que tiene una directiva de lucha contra la trata, aunque ahora ya existe una mayor sensibilización.

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