Profesores ‘bamba’: Minedu denunció ante Fiscalía a 165 docentes que presentaron títulos falsos, ¿cómo van las investigaciones?

“Hasta hora, la revisión de títulos a nivel nacional, que se viene realizando en coordinación con las direcciones regionales de Educación, nos ha permitido detectar ese número de falsos maestros”, indicó la ministra de educación, Magnet Márquez. Asimismo, aseguró que hay muchos casos sospechosos a nivel nacional que están siendo rigurosamente observados. Hace unas semanas, la titular indicó que solo en Lima Metropolitana se habían detectado aproximadamente 1.000 casos con indicios de títulos falsos.

El ministerio sostuvo que diversos profesores han renunciado durante las diligencias, lo que es un indicio de sospecha. Estos títulos también serán revisados.

Toda esta situación se da luego de que el programa “Punto Final” publicara, a inicios de este mes, un reportaje donde denunciaba que al menos siete profesores de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ventanilla presentaron títulos falsos para trabajar como docentes en escuelas públicas.

A raíz de la denuncia, la Contraloría de la República tomó el caso de dicha UGEL. Actualmente, la institución está analizando 3.800 expedientes de docentes y auxiliares para comprobar que los títulos presentados sean verídicos. En la última comunicación de David Quiroga, gerente regional de control del Callao, este aseguró que 36 profesores habían renunciado durante las investigaciones.

La Contraloría indicó que apenas se termine el trabajo en la UGEL Ventanilla, se pasará a la Dirección Regional de Educación (DRE) del Callao donde podrían haber más casos irregulares.

En esa misma línea, el Minedu realizó la movilización de 107 funcionarios para la verificación de los títulos profesionales de los docentes en regiones. Los especialistas acudieron a 41 UGEL para comprobar “la validez de los títulos de los profesores, porque queda claro que no se ha estado realizando”, dijo la ministra en su momento.

Luego de revelarse los engaños de los profesores, la Fiscalía Penal de Ventanilla inició diligencias para recabar documentación como parte de la investigación contra los primeros involucrados. Estos son investigados por delitos de falsificación de documentos públicos y falsas declaraciones en procedimiento administrativo en agravio del Estado.

Según Aldo Cárdenas, abogado penalista del estudio Linares, el artículo 411 del Código Penal establece que el delito de falsas declaraciones en procedimientos administrativos tiene una pena no menor a un año y mayor a cuatro. En cuanto a los documentos falsos, el artículo 427 del Código Penal indica que la pena es de dos a cuatro años. Esto al ser documentos de carácter privado y no público.

Por otro lado, los docentes culpables deben recibir una sanción administrativa. Para un informe previo, El Comercio se conversó con Julio César Castillo, director de la UGEL Ventanilla, quien expresó que los profesores involucrados ya no volverán a las aulas y serán inhabilitados.

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Sandra Carillo, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), indicó que, según la Ley de la Carrera Pública Magisterial, es probable que a los docentes investigados, de ser culpables, se les inhabilite para ejercer la función pública. Sin embargo, como estos procesos demoran, los profesores deben ser separados y no ejercer mientras tengan procesos abiertos.

Añadió que “por un tema ético, estas personas no deberían enseñar en escuelas públicas, ni privadas, ni trabajar en las instancias de gestión educativa descentralizada (Minedu, DRE, UGEL), ni en el Estado. Como sociedad deberíamos ser drásticos con este tema”.

Los docentes investigados por presentar títulos falsos trabajaban en las escuelas bajo la figura de “docentes contratados” por expediente, esto quiere decir que no son docentes nombrados en la Carrera Pública Magisterial, sino que de manera independiente postulan a una UGEL para ser contratados anualmente en las plazas que quedan libres.

En este proceso, los docentes presentan un expediente con los documentos que sustentan sus títulos académicos y experiencia, así como una declaración jurada. Estos son verificados en un “control posterior”, es decir, luego de haber sido contratados. Es justamente este control el que estaría fallando y donde se estarían presentando documentos adulterados.

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Especialistas consultados por este Diario explicaron que es necesario entender este proceso para abordar el problema de los documentos falsos: las UGEL no se dan abasto para hacer este “control posterior”, pues es un trabajo manual y mecánico; cada expediente se debe analizar uno por uno. “Generalmente son dos o tres personas [en la UGEL] las que ven los expedientes de manera manual, miran miles de miles. Tenemos un sistema que se presta para que un expediente pueda ser falso o tener errores”, dijo Carla Gamberini, CEO de MásEducaciónPE.

En esa línea, si son más de 420 mil docentes trabajando en escuelas públicas del Perú, de los cuales casi la mitad son profesores contratados, la situación podría ser más grande.

Paul Neira, educador especialista en políticas educativas y director de TLF, sostuvo: “lo que tenemos al frente es una problemática que no podemos dimensionar”. Explicó que son cerca de 230 UGEL a nivel nacional y que las oficinas y personal no están repartidas de manera equitativa en el territorio. “Se debe hacer un fortalecimiento de las estructuras de las UGEL y todo el proceso digital”, añadió.

Gamberini agregó que es necesario mejorar el proceso de contratación docente y la digitalización del trabajo, así como un sistema único que contenga la información, para evitar que estos engaños sucedan.