Pueblos indígenas piden al BID incluir sus propuestas de desarrollo en los proyectos que financia

Representantes de las pueblos indígenas del Perú presentaron ante el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sus propuestas para que el organismo adhiera sus criterios de desarrollo en los proyectos que financia en nuestro país. Todo esto, enmarcado en el proceso de revisión y actualización de sus políticas socioambientales, denominadas “salvaguardas” del BID que inició en el año 2019.

En diciembre pasado, el BID presentó el borrador del nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) y en enero de este año, inició el proceso de consulta pública sobre el documento. Según la información del BID, con este proceso pretenden modernizar y lograr más eficacia en las respuestas a los desafíos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe.

Estas consultas públicas se realizaron entre el 3 y 4 de marzo en Lima con participación de la sociedad civil y de los pueblos indígenas.

Ricardo Rivera, consultor de la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), explicó a El Comercio que el BID es actualmente el mayor inversionista en América Latina y en el Perú tiene 34 proyectos con créditos aprobados por un valor de US$ 2′198.040. Según información del BID, el financiamiento en el Perú se ha dirigido principalmente en los sectores de Transporte con US$ 560 millones, promover procesos de reforma y modernización del Estado con US$ 436.6 millones y salud con US$ 425 millones.

“Las salvaguardas son condiciones que el banco da a los prestatarios para acceder a créditos. Con estas además, buscan evitar impactos sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente. Lo que está haciendo ahora el BID es modernizar su política", declaró Rivera.

Según detalló el especialista en el año 2018, la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE, por sus siglas en inglés) del BID, hizo una evaluación de cómo estaban ejecutando las salvaguardas en un periodo de siete años y los hallazgos demostraron que en más del 70% de los proyectos no se cumplían con estas políticas aún cuando estas eran aprobadas.

Tras analizar el documento, la Asociación Civil DAR advirtió que según el borrador publicado, el BID estaría disminuyendo en algunos proyectos, su participación efectiva y directa para el cumplimiento y supervisión de su política de salvaguardas. De otro lado, subrayó que el borrador del BID le resta importancia al carácter obligatorio de la consulta previa y genera confusiones mediante el uso de términos como la “consulta significativa”.

Pedido de las comunidades indígenas

El presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper, declaró a este Diario que tras analizar el borrador de política presentado por el BID, detectaron ciertos vacíos como, por ejemplo, los términos que utilizan para referirse a ellos y sobre los derechos individuales y colectivos que los ampara como la consulta previa.

“Hemos planteado varios puntos, entre ellos, cómo que los países deben respetar la libre determinación de los pueblos indígenas o que se nos reconozca plenamente como ciudadanos. Creemos que los bancos y los grandes prestatarios deben asumir el desarrollo desde la visión indígena. No solo vamos a aportar como propuesta sino que vamos a ejercer nuestro derecho de fiscalización para que el banco sepa a qué se destinan sus préstamos”, declaró Cauper.

El dirigente indígena indicó que de los 34 proyectos en el Perú, conocen solo el proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – III etapa (PTRT3) por el cual hasta el momento, dijo, se ha hecho un préstamo de US$ 40 millones y no ha logrado la titulación de ninguna comunidad en el país.

“Ante esto, hemos consultado si el BID está monitoreando cómo están gastando esos fondos para ver si verdaderamente esto está beneficiando a la población”, declaró Lizardo Cauper quien, añadió, que uno de los grandes puntos pendientes es la seguridad indígena territorial.

Cauper acotó que para los pueblos indígenas hay otro gran vacío referido al tema del consentimiento libre de las comunidades para el inicio de los proyectos de infraestructura o de actividades extractivas en sus territorios.

“Si el pueblo no está de acuerdo se tiene que respetar. Sin embargo, el derecho de consulta previa en el Perú es solo un trámite de cumplimiento y no siempre se llega al consentimiento. No queremos una imposición de desarrollo”, dijo. “Lo que planteamos es que la política indígena tiene que estar insertada en la política del Estado”, añadió Cauper.

Entre los organizaciones que participaron en Lima para la discusión del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) estuvieron la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación.

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