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La Defensoría del Pueblo rechazó el castigo propinado por un grupo de integrantes de la ronda campesina de la localidad puneña de Macusani contra Eliana Mamani Arias, ex magistrada del Juzgado de Investigación Preparatoria de Macusani-Carabaya, luego de que dictara una sentencia por un caso de presunta violación.
“Este tipo de castigos constituyen manifiestas vulneraciones a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados de derechos humanos ratificados por el Perú”, manifestó Luz Herquinio Alarcón, jefa de la oficina defensorial de dicha región del país.
Según dijo, bajo un estado de derecho no puede tolerarse actos humillantes o denigrantes contra las personas. Asimismo, llamó la atención a los ronderos en el sentido de que "deben respetar las decisiones de las instituciones del Estado y de existir discrepancia con éstas, deben utilizar los mecanismos legales e institucionales existentes como las impugnaciones, quejas o denuncias ante las instancias judiciales correspondientes".
De otro lado, Herquinio recomendó al Poder Judicial fortalecer las capacitaciones a las rondas con el fin de que estas conozcan con claridad "las competencias y límites que la Constitución les establece".
El miércoles último, el jefe de la Corte Superior de Justicia de Puno, Percy Lozada, anunció la destitución de Mamani Arias. "Un juez tiene que mostrar principio de autoridad, tiene autonomía y no pueden actuar en base a presiones de un sector", señaló a manera de explicación.
