Puno: condenan a siete años de prisión a Walter Aduviri, líder del "aimarazo"

El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puno condenó a siete años de prisión al dirigente aimara Walter Aduviri Calisaya, por el delito de disturbios por el saqueo y quema de instituciones públicas, desmanes y ataques contra la propiedad privada durante el 26 de mayo del año 2011, día de la revuelta conocida como el 'aimarazo'. Aduviri y los otros nueve procesados fueron absueltos del delito de extorsión agravada.

El juzgado encabezado por el magistrado Jorge Istaña Ponce e integrado por los jueces Jessica Condori y Victor Calizaya, adelantó el fallo condenatorio contra el líder de las manifestaciones contra las concesiones mineras otorgadas por el gobierno del ex presidente Alan García a la empresa canadiense Bear Creek, en el sur de Puno en el año 2011. El juzgado se reservó la lectura del resto de la sentencia para una audiencia el próximo 18.

Además de los siete años de prisión, el juzgado fijó contra Aduviri el pago de S/. 2 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado. Tras conocer la sentencia, el fiscal Juan Monzón Mamani no adelantó si impondrán una apelación, debido a que la Fiscalía había solicitado que Aduviri y los otros nueve procesados sean condenados además por extorsión agravada. Contra Walter Aduviri se solicitó siete años por disturbios y 21 años por extorsión agravada.

El juez Istaña señaló que aunque Aduviri negó haber sido líder de la organización que generó la protesta, en el juicio sí se demostró que tenía dominio de la voluntad de los manifestantes, tesis de la teoría de la autoría mediata que postuló la fiscalía. De otro lado, los jueces han reconocido que las poblaciones tienen el derecho legítimo derecho de protestar pero no de cometer actos de disturbios.

En la lectura completa de sentencia del próximo 18 de julio se conocerán los detalles de la condena de los otros nueve procesados, contra quienes la fiscalía ha solicitado penas que fluctúan entre los 24 y 27 años. En la víspera, Walter Aduviri declaró en medios locales que se considera un "perseguido político" y no acataría una sentencia condenatoria.

De esta manera concluyó uno de los juicios más emblemáticos sobre los sucesos ocurridos en la huelga convocada por el llamado Frente de los Recursos Naturales de la Zona Sur, en rechazo a la concesión del proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek Company.

El proyecto fue avalado por el D.S. 083-2007 firmado por el gobierno de Alan García que excluyó a la canadiense de realizar actividades dentro de los cincuenta kilómetros de la zona de frontera (prohibido por el artículo 71 de la Constitución), específicamente en el distrito de Huacullani, al sur de Puno. Actualmente, la empresa mantiene un arbitraje contra el Estado peruano por US$1.200 por la cancelación del proyecto.

-Expectativa-
Cerca de 300 personas procedentes de los distritos fronterizos del sur de Puno, realizaron un plantón frente al Palacio de Justicia donde se desarrolló la audiencia contra los dirigentes aimaras. Hubo además, un gran despliegue de la Policía Nacional, que cercó la Plaza de Armas y calles aledañas, para evitar posibles desmanes.

Inclusive, la vía de ingreso a la ciudad por la zona sur fue controlada por los agentes del orden para impedir el ingreso de sus simpatizantes desde esa zona.

Como se recuerda, la noche del 26 de mayo de 2011, luego de varias semanas de huelga indefinida, la población aimara procedente de los distritos de Huacullani, Kelluyo, Zepita, Desaguadero y otros., tomaron la ciudad de Puno, además de bloquear la vía Puno Desaguadero, quemaron y saquearon locales públicos de la Prefectura Regional, Sunat, Contraloría y Aduanas, generando millonarias pérdidas económicas, además de la desaparición de importantes documentos.

Tras los actos de violencia, el gobierno del entonces presidente Alan García derogó el Decreto Supremo 083-2007 que favorecía a la empresa canadiense en junio de 2011.