Registro público de agresores sexuales en incertidumbre | VIDEO

Desde que el Ejecutivo observó en julio la ley que crea el registro de personas condenadas por delitos sexuales o violentos contra mujeres y menores de edad, el futuro de la norma es incierto. La objeción principal del Gobierno, según explicó el presidente Martín Vizcarra, fue que al hacer públicos los datos de los condenados junto a detalles de la sentencia, se pondría en riesgo la intimidad de las víctimas.

Además de lo dicho por el presidente, entre las observaciones del Ejecutivo se señaló que la norma no especificaba su finalidad y que establecía una serie de afectaciones a los derechos constitucionales de quienes cumplieron condenas por violación. Entre estos, la vulneración a su derecho a la protección de datos personales y el de reinsertarse en la sociedad tras cumplir su pena.

La norma regresó el 6 de julio a las comisiones de Justicia y de la Mujer del Congreso. En la última evaluarán el próximo 26 de setiembre si insisten en el texto original o hacen modificaciones.

Indira Huilca (Nuevo Perú), integrante de la Comisión de la Mujer, negó que la norma aprobada en mayo, durante el Pleno Mujer, plantee la divulgación de los datos de las víctimas. Sin embargo, aceptó que propondrían precisiones para proteger a las víctimas. “Lo importante es que se logre un registro de prevención donde estén los nombres de los condenados por los delitos”, sostuvo Huilca.

La congresista oficialista y ex ministra de la Mujer Ana María Choquehuanca opinó que la norma amerita un análisis más profundo por parte del Ejecutivo, debido a que entre sus observaciones también señalan que el nuevo registro duplicará el trabajo del Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA), que actualmente implementa el Ministerio Público. Dijo que no es similar porque, a diferencia de lo que propone el Congreso, el RUVA es reservado.

“Seguramente el Congreso aprobará la norma por insistencia pero lo deseable es que el Ejecutivo la vuelva a evaluar”, dijo la legisladora.
Marcela Paliza, comisionada de la Adjuntía de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, explicó que como institución han opinado a favor de la creación del registro de condenados, aunque dijo, la iniciativa debe garantizar la confidencialidad de las víctimas.

Para la defensoría, el Ejecutivo no ha aplicado un test de proporcionalidad adecuado al momento de observar la ley. “Si bien se vulneraría la intimidad de los condenados, tenemos otros derechos que preservar como la integridad de la sociedad y la salud de la mujeres y los niños”, declaró Paliza.

La funcionaria añadió que ningún derecho es absoluto y que se tiene que valorar el derecho de la sociedad a prevenir delitos.

—En dos meses—
Rosario López Wong, fiscal superior en delitos de trata de personas y coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos, informó a El Comercio que en menos de dos meses estará listo el RUVA, un trabajo que ha liderado el Ministerio Público con el Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial y la Policía Nacional.

“Hemos consensuado para que este registro se convierta en un instrumento de gestión para conocer los hechos de violencia y prevenir potenciales víctimas que principalmente son mujeres y menores de edad”, dijo.

López Wong detalló que este registro tiene un promedio de 114 variables que incluyen, por ejemplo, la vulnerabilidad socioeconómica de la víctima, las fallas del sistema de justicia, la conducta del agresor y, sobre todo, el enfoque de género.

“Tendremos un protocolo para dar información por respeto a la dignidad de las víctimas”, añadió la fiscal.

Respecto a la iniciativa del Congreso de hacer público el registro de condenados, López Wong respondió que sí existe la posibilidad de que pese a la reserva del RUVA, la parte que detalla a los condenados sí podría ser habilitada para que todos los ciudadanos tengan acceso a ella.

“La iniciativa es buena, hay que madurarla. Lo ideal sería integrarnos”, opinó.

—¿Cómo se maneja el registro en otros países?—
En Estados Unidos se creó en el año 2005 el Sitio Web Público Nacional de Delincuentes Sexuales Dru Sjodin (NSOPW) como un recurso de seguridad pública que ofrece acceso público a los datos de los delincuentes sexuales de todo el país. El NSOPW es un sistema que integra al Departamento de Justicia de EE.UU. y los gobiernos estatales, entre otros. La herramienta (que también tiene aplicación para teléfonos móviles) identifica dónde viven, trabajan y estudian los delincuentes sexuales que ya están en libertad, no solo en sus vecindarios sino también en otras comunidades y estados cercanos.

En el Reino Unido tienen el Violent and Sex Offender Register (Visor), una base de datos de personas encarceladas por más de 12 meses por delitos violentos o personas no condenadas pero con riesgo de cometer estos delitos. En este caso, la policía, el servicio nacional de libertad condicional y el personal del servicio penitenciario pueden acceder al registro.

ChileAtiende es un registro para condenados por delitos sexuales contra menores que permite saber si una persona está inhabilitada para trabajar con niños.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio opinó que este tipo de normas o iniciativas podrían ser interpretadas como una forma de discriminación. Dijo que los antecedentes de los condenados no tienen un efecto positivo en la prevención. Opinó, que se debe buscar un punto de equilibrio y reservas para el acceso público a estos datos.