La trágica jornada del 9 de enero en Juliaca dejó 17 civiles muertos luego de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden afuera del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac. Al día siguiente, vándalos prendieron fuego una patrulla de la policía y quemaron vivo, según confirmó la misma institución, al suboficial de segunda PNP José Luis Soncco Quispe quien fue encontrado calcinado cerca a dicho vehículo.
Esta ola de violencia se da luego de que se reanudaran, el 4 de enero, las manifestaciones en diversos puntos del Perú, especialmente en el sur, tras algunos días de tregua. Ocho días después de este nuevo inicio la situación sigue convulsa, continúan los enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías y, al momento, 61 puntos en 6 regiones del país se encuentran bloqueados.
Rubén Vargas, exministro del Interior, conversó con El Comercio sobre el accionar policial y cómo la conducción política definió la operación durante los días más intensos de las manifestaciones.
—Luego de las muertes que se vieron en Puno en 24 horas, 17 civiles, ¿cuál es el análisis del accionar policial? ¿Estaban preparados?
La policía es el brazo operativo del sector Interior. La policía realiza su plan de operaciones y planteamiento táctico a partir de las disposiciones emanadas por la presidente y por el ministro del Interior.
A partir de esa conducción política de esa dirección política, a partir de las instrucciones estratégicas y políticas de el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y del titular del sector Interior, la Policía se su planeamiento operativo para enfrentar los problemas que afectan el orden interno y el orden público. Esto es a partir de las directivas que recibe de lo que se conoce o de lo que ellos llaman como el componente político.
Entonces si no hay un planteamiento político estratégico del ministro, del titular del sector o del presidente se genera un primer problema y el primer problema pasa porque le están obligando, tácitamente, a que la policía asuma la respuesta en este caso frente a manifestaciones públicas multitudinarias y violentas.
Pero esta situación se agrava, se complica, especialmente para la parte operativa de la policía cuando estamos no en un conflicto social, sino un conflicto político abierto.
Estoy refiriéndome a que los motivos de la protesta y de la violencia callejera tienen reclamos políticos difusos y no necesariamente tienen reclamos reivindicatorios o una agenda concreta que negociar con uno con dos o con más sectores del Ejecutivo, sino como es en este caso, que cierren el Congreso, una Asamblea Constituyente, adelanto de elecciones o la liberación de Pedro Castillo.
—¿Esto que mencionas sobre la falta del planeamiento táctico o planeamiento político es lo que ha sucedido en los enfrentamientos en Juliaca?
Exactamente, no solo ese día, sino desde el primer día después del golpe de estado. No hemos visto una conducción política estratégica en el manejo del sector Interior.
Por ejemplo, las directivas de la presidenta Dina Boluarte era de que no se utilice material material en lacrimógeno y menos escopetas con balas de goma. Las protestas se desbordaron, empezaron a reportarse los muertos, los personajes vinculados al MOVADEF, los personajes relacionados a las economías ilegales se adueñaron de la protesta y esta protesta en términos violentos. A partir de ese momento, el general a cargo de la Región Policial Lima en una conferencia de prensa dijo en la medida que la violencia ha escalado, que vamos a utilizar balas de goma, escopetas con balas de goma. Horas más tarde, la presidenta lo desmintió, diciendo que no iban a usar escopetas.
Y en todo este trance el ministro del Interior no ha dado ninguna directiva al respecto.
Continúa escalando el conflicto, empezaron a contabilizarse más muertos y heridos y se declaró el estado de emergencia. Se supone a cargo de la policía con asistencia o ayuda de las Fuerzas Armadas. Sin embrago, lo que hemos visto los fatídicos días del 14 y 15 de diciembre en Ayacucho es al ejército reprimiendo de manera directa a un grupo de manifestantes violentos que pretendieron tomar el aeropuerto. Entonces el planteamiento operativo táctico nuevamente se ha visto prácticamente ausente.
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—¿Esto genera un desorden y por ende aviva la violencia?
Así es. A partir de los primeros días de enero que se anunciaron la nueva ola de protestas se ha visto un planteamiento táctico más ordenado a la policía.
El ejemplo de esa nueva disposición se vio claramente en la región policial del Cusco donde el jefe de esta región tenía las directivas absolutamente claras, las ejecutó y controló la ciudad no dejó que le atacaran al aeropuerto (por el 9 de enero).
—A diferencia de Puno...
En Puno la situación se desbordó rápidamente. El problema en la parte operativa que hay que preguntarnos es: cuántos efectivos de la Policía se encontraban resguardando el aeropuerto de Juliaca. Parece que no superaron los 200. La pregunta básica es: ¿200 efectivos pueden actuar preventivamente o disuasivamente a una turba de más de 5000 personas? Obviamente no.
Si la inteligencia policial y los medios de comunicación informaban sobre las movilizaciones y las convocatorias de distintos distritos y provincias de Puno hacia Juliaca antes de ocurrir antes de que se ocurrieran se produjeran los muertos por qué no se tomó como un punto especialmente crítico para reforzar las fuerzas.
—Estas nuevas protestas se habían anunciado desde diciembre, se sabía que la tregua acababa el 4 de enero.
Se sabía perfectamente por la inteligencia policial y también por los medios de comunicación, todo el mundo sabía lo que iba a pasar en Puno, en Juliaca. Es más ya se había atacado el aeropuerto de Juliaca. No entiendo por qué no se concentraron fuerzas suficientes que permitieran tener una respuesta más firme, pero cuando digo firme, no me refiero a disparar como locos, la firmeza nace de la aplicación del marco legal.