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La última vez que El Niño se presentó en el Perú fue en el 2017. Desde entonces y hasta la actualidad, la Contraloría General de la República ha reportado 329 presuntas irregularidades en los proyectos de prevención ante un eventual fenómeno posterior, así como en las obras para la reconstrucción de zonas afectadas.
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La mayoría de los casos registrados se presentó en los gobiernos locales. En total, las municipalidades provinciales y distritales suman 290 problemas detectados, cifra que equivale al 88% del total.
Ayacucho, Cajamarca e Ica son las regiones con más irregularidades reportadas: concentran el 65% de los casos. Por otro lado, algunas de las regiones más vulnerables ante un eventual fenómeno de El Niño también reportan algunas de las cifras más altas de presuntas irregularidades. Son los casos de Ica (58) y Lima Metropolitana (41).
Entre los tipos de problema detectados, los más comunes son la aprobación de expedientes y pagos por obras que incumplieron plazos, están incompletas o son deficientes y la contratación de personal y empresas de forma irregular. Por estos hechos, la contraloría identificó al menos 85 funcionarios con presunta responsabilidad administrativa, civil o penal.
Impacto de las irregularidades
Felipe Pardo Paredes, miembro del consejo directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes), enfatiza en la importancia que se le debería dar al desarrollo de planes de prevención y contratación de personal calificado. Según la contraloría, se han reportado cerca de 60 casos en los que la contratación de personal presuntamente no cumplía con los requisitos legales; y más de 100 casos de empresas que habrían entregado obras incompletas, con problemas o demoras.
Pardo Paredes enfatiza en el impacto que tiene la contratación de funcionarios y de empresas no calificadas. “Es fundamental contratar a un buen examinador de la calidad de las obras, usar los materiales prometidos en los expedientes técnicos, tener experiencia, etc.”, explica.
“La ocurrencia de fenómenos naturales como las lluvias que ahora acontecen visibilizan las fallas constructivas, la mala calidad de los materiales, la mala ejecución. Esas empresas no debieran seguir participando y ganando obras”, agrega.
Según el especialista, los problemas que surgen en relación a la entrega de la buena pro de obras provocan demoras en proyectos que ya deberían estar concluidos.
“Ya sea por irregularidades o por los reclamos que presentan las empresas que pierden, se genera la demora en el inicio de la obra. O cuando ya se ejecuta y se producen demoras por los pedidos de ampliación de plazos o de presupuestos que evidencian la baja calidad de los expedientes técnicos, el cobro de cupos por extorsión, entre otros problemas”, detalla.
Medidas
Pardo Paredes afirma que las irregularidades son una constante en la ejecución de obras y el impacto es visible rápidamente.
“Hay muchos ejemplos: puentes nuevos que se desploman, pistas que se deterioran con las primeras lluvias o instalaciones que se inundan. Nunca hay responsables, solo impunidad”, señala.
En esa misma línea, Eduardo Herrera, director del Consejo Privado Anticorrupción, menciona que estas cifras son el reflejo de un Estado que “se encuentra de espaldas al ciudadano”.
Según Herrera, hace falta fortalecer la transparencia en los procesos de contratación. “Además de la información que se sube a Infobras y a Seace, las entidades deberían poner en su página web la información detallada de los procesos que se están llevando a cabo”, sostiene. Según el análisis de ECData, se han identificado 40 casos en los que los las entidades no remitieron la información de sus procesos de licitación ni siquiera al portal de Seace, o no actualizaron los datos del estado de sus obras.
