La Asociación de Contribuyentes se pronunció respecto a una norma que pretende aprobar la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), la cual permitirá a Sedapal y otras empresas prestadoras del servicio de agua potable, ser juez y parte en la evaluación de calidad de los medidores de agua con los que se cobra el servicio a los usuarios.
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“Estos cambios en la normativa no tienen sustento técnico y contravienen lo que ocurre en la realidad según la misma SUNASS: los medidores de consumo de agua empiezan a tener problemas de funcionamiento con cada año que pasa y en el segundo año, la probabilidad de que fallen es del 50%. Esta es la razón clave por la cual las EPS deben tener un monitoreo constante del total de medidores”, dice una parte del comunicado.
En esa misma línea, se pide que dicha norma “no sea aprobada” y, por el contrario, se reforme el sistema de rendición de cuentas actual de las diferentes empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento que dan señales todos los años de tener un “desempeño pésimo a nivel administrativo y financiero, usando el dinero de los contribuyentes”.
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Cabe mencionar que a esta preocupación se suma la del Ministerio de Vivienda y la Defensoría del Pueblo quienes citaron en calidad de urgencia a los representantes de los organismos verificadores independientes para poder analizar técnicamente la cuestionada norma.
Además, la Presidencia del Consejo de Ministros y tres comisiones parlamentarias han solicitado a la entidad reguladora brindar toda la información técnica sobre la normativa que pretende aprobar.
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Al respecto, Sergio Medina, representante de los organismos verificadores, señaló que la modificación de la ley eliminará la obligación de verificar todos los medidores, estableciendo ahora que solo se supervise “una muestra” del conjunto de medidores.
En respuesta, el superintendente de SUNASS, Mauro Gutiérrez, mencionó que este proyecto se hizo con estudios que se remontan al año pasado. “Esta norma no genera ninguna situación en la que las EPS sean juez y parte”, dijo en entrevista a Canal N.
Sin embargo, María Isabel León, ex presidenta de CONFIEP, cuestionó esta modificatoria de SUNASS, mencionando que se otorga a SEDAPAL y otras EPS la facultad para ser “juez y parte” en la verificación de sus medidores, todo en perjuicio del usuario final.
“¿Cree realmente la SUNASS que Sedapal o alguna de las EPS a nivel nacional reconocería que los medidores que ellos mismos instalaron en los hogares peruanos podrían haber generado un cobro excesivo en perjuicio de sus usuarios y un ingreso indebido para ellas mismas?, ¿los usuarios estarán al tanto que les cobrarán mensualmente el agua potable sobre la base de unos medidores verificados únicamente por la misma empresa que les cobra?”, mencionó.
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