La destrucción que se registró en diversas provincias del país a causa de las lluvias intensas durante el 2022 y el 2023 reveló la precariedad en la gestión del riesgo de desastres, tanto en la prevención como en respuesta. Tras la experiencia vivida durante la llegada del ciclón Yaku, el gobierno anunció la adquisición de maquinaria pesada y diversos proyectos de descolmatación de los ríos y quebradas, con el fin de hacer todo lo posible para reducir los daños previstos ante el desarrollo del fenómeno El Niño que se preveía de gran intensidad. El mensaje que el Estado dio en ese entonces era uno: no había tiempo para cambios estructurales.
Pasada la alarma, pero aun con un extenso portafolio de peligros naturales que vienen siendo resaltados por las entidades especializadas a nivel nacional, la gestión del riesgo de desastres fue un gran ausente entre las promesas presidenciales de este 28 de julio. La presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo menciones puntuales sobre este tema, principalmente vinculadas a las acciones que se tomaron frente al fenómeno El Niño. Por ejemplo, refirió que 22 batallones de ingeniería de las Fuerzas Armadas fueron desplegados durante el periodo de lluvias intensas para dar apoyo en las acciones preventivas y reactivas.
Discurso presidencial
Las veces que se habló de prevención, riesgo y desastre
Durante el discurso, Dina Boluarte repitió la palabra “prevención” casi diez veces. Estas fueron referentes a la salud (lucha contra el Dengue y el cáncer, y la prevención de enfermedades), la protección a menores y adolescentes ante la violencia sexual, y con relación a la violencia contra la mujer.
Por otro lado, la palabra “riesgo” fue mencionada casi quince veces. Fue utilizada para hablar de la protección de defensores ambientales y de derechos humanos, la inseguridad ciudadana, la creación del Sistema de Vigilancia y Protección Amazónico y Nacional, la vacunación, infraestructura educativa, inseguridad alimentaria, violencia sexual y familiar, y las acciones tomadas frente al fenómeno El Niño.
Por último, “desastre” fue mencionado en cuatro oportunidades. Se dijo para recordar la participación de las FF. AA. en la época de El Niño, para anunciar la mejora del accesos a los servicios del Estado (que incluyen Gestión del Riesgo de Desastres).
“Nuestro gobierno impulsó los cambios normativos necesarios para que las Fuerzas Armadas, con la capacidad operativa disponible, puedan participar en los siete procesos de la gestión del riesgo de desastres, para ayudar aún más y en todo momento a nuestros conciudadanos”, fueron las palabras de Boluarte. Sin embargo, la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en estas situaciones está dispuesta en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) desde su creación hace más de una década, en el 2011.
La ley 29664, que crea el Sinagerd, refiere que las FF. AA. y la PNP “participan en la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo referente a la preparación y respuesta ante situaciones de desastre […], en la atención de situaciones de emergencia que requieran acciones inmediatas de respuesta aun cuando no haya estado de emergencia [y] establecen las previsiones presupuestales correspondientes a fin de asegurar su participación en la atención de situaciones de emergencia”. Cabe precisar que las Fuerzas Armadas también forman parte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), unidad reactiva que se activa en casos de desastre o emergencias de gran magnitud.
Millones en riesgo
Del mismo modo, la presidenta recordó que Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ejecutó labores de limpieza y descolmatación en 293 puntos críticos ante el riesgo del desarrollo de un fenómeno El Niño de gran intensidad, que hubiese afectado principalmente a los departamentos de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Cabe señalar que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), en el Perú se han detectado 1.485 zonas críticas por la ocurrencia de movimientos de masa (huaicos) y 7.403 lugares expuestos a inundaciones desde años atrás.
De hecho, según el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (Sigrid), 1.444 distritos a nivel nacional cuentan con población con niveles ‘altos’ y ‘muy altos’ de exposición a movimientos de masa. En concreto, se trata de 3.021.051 de personas en estado de vulnerabilidad hacia este escenario. Por otro lado, son 2.786.728 personas que se encuentran expuestos en niveles ‘altos’ y ‘muy altos’ a inundaciones.
Silencio sísmico
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) viene alertando desde años atrás la posibilidad de que la costa peruana registre un sismo de gran magnitud debido a la carga acumulada. Asimismo, el Sigrid demuestra cinco áreas a lo largo de la costa donde se podrían desarrollar sismos de gran potencia. Se prevé que en Arequipa, Moquegua y Tacna existen las características para que un sismo alcance una magnitud de 8,8 en la escala de Richter. Al extremo noroeste de Arequipa, se podría registrar un terremoto de 7,5. Tanto en el sur de la región de Lima como al norte, incluyendo parte de Áncash, se dan las condiciones para un sismo de 8,8. Finalmente, en el mar de Lambayeque, se encuentra otro punto que podría recibir un terremoto de 7,7.
El IGP y el Sigrid muestran las cuatro asperezas donde podrían desarrollarse sismos de gran magnitud, desde los 7,5 hasta los 8,8 grados en la escala de Richter.
Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), de haber un sismo de gran magnitud en la costa central seguido por un tsunami, las consecuencias serían desastrosas. El 44,6 % (4,8 millones de personas) del total de habitantes en esta zona del país se encuentra con un nivel de riesgo ‘muy alto’, mientras el 52,1 % (5,6 millones) está consideraba con riesgo ‘alto’. Lima y Callao son las provincias que más población vulnerable acumula. Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), indicó que un sismo de 8,8 en Lima Metropolitana y Callao dejaría más de 110.000 fallecidos y más de dos millones de heridos, así como casi un millón de viviendas destruidas o inhabitables. Durante el discurso presidencial, Dina Boluarte no mencionó tema alguno relacionado con esta problemática, a la que se suma las construcciones informales, que rodean cerca del 70 % a nivel nacional.
Presupuesto
El silencio a esta temática se da pese a que la categoría presupuestal de ‘Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres’ es una de las que más dinero maneja a nivel del Estado. Con un presupuesto superior a los 1.818 millones de soles, es la undécima categoría con más fondos, de las once que maneja el gobierno central. A la fecha, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se han ejecutado 714,6 millones de soles, reflejando un avance del 39,3 %. En el 2023, el Estado ejecutó 1.399 millones en este concepto, ejecutando el 89,1 % del presupuesto.
Por su parte, los gobiernos regionales han devengado 491,6 millones de soles en esta categoría presupuestal en lo que va del año. Esto significa el 55,7 % de los más de 883,2 millones de soles que se han entregado. Las regiones de Ica (302,8 millones de soles), Piura (92 millones) y Cusco (75,3 millones) son las que más dinero asignado a esta causa concentran. Ica (71,3 %), Junín (69,3 %) y Piura (66,9 %)son las que mayor ejecución representan, mientras que Puno (20,6 %), la Provincia Constitucional del Callao (20,9 %) y Lambayeque (21,1 %) se encuentran al final de la lista. Finalmente, los gobiernos locales -constituido por municipales provinciales y distritales- disponen de 947,271,749 de soles, habiendo ejecutado el 46,9 %.
Bajo análisis
En entrevista con El Comercio, Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, refirió que el Estado peruano estuvo enfocado durante más de seis meses durante el año pasado en las acciones de prevención ante el desarrollo del fenómeno El Niño. “Si se habló con tanto detalle de lo que se ha hecho durante los últimos doce meses, lo mínimo que se debió decir es lo que se hizo y lo que falta hacer en GRD. Creo que queda mucho por hacer para mejorar en todo el Estado la parte de gestión ante desastres de gran magnitud, particularmente en la parte logística, como en almacenes, transporte, respuesta intersectorial y cultura de prevención. Por ejemplo, la participación ciudadana en los simulacros es muy pequeña”, dispuso. “La más grande amenaza que tiene el Perú es el sismo y eso Indeci lo viene diciendo todo el tiempo”, reiteró Arribas.
Arribas resaltó que la gestión del riesgo de desastres es multisectorial y todo nivel. “No olvidemos nunca que el alcalde distrital es el primer responsable de la gestión de desastres en su zona. Ahí también estamos muy mal. ¿Qué estamos haciendo para mejorar las capacidades de gestión de los gobiernos locales? Ahí llegamos a un problema tremendo, que es que los equipos de GRD distritales no tienen ni el concomimiento ni la formación adecuada. Hay muchísimas oportunidades de mejora”, argumentó el especialista. Asimismo, comentó que durante los últimos años sí se han visto mejoras en la gestión de riesgos. ”Si [la presidenta] habló tan bien de otras cosas positivas, se debió haber dicho esto. El Estado nunca había comprado tantos bienes de ayuda humanitaria en previsión a El Niño, que no llegó. Ni siquiera han hablado de las cosas positivas que se hicieron”. Para Arribas, “alguien se olvidó de enviar la parte de GRD [para la elaboración del discurso]”.
“Falta mejorar mucho en este tema. Las principales trampas de pobreza en la humanidad son los desastres naturales y de salud. La inversión en GRD es crucial para mantener el progreso de un país, si no es como vivir sin seguros. Un Estado no puede planificar su progreso a futuro sin tener ciertos puntos cubiertos, como es la atención a desastres o que la población esté bien atendida y que sepa cómo actuar. Una de las principales virtudes de los japoneses, por ejemplo, es que tienen la cultura de la prevención en el ADN y eso se da exclusivamente a través de la educación. Aún hay un montón que hacer en este sentido”, concretó Arribas.
Por otro lado, Luis Paredes, especialista en respuesta a emergencias, puso énfasis en los daños que generaría un sismo de gran magnitud, como ha sido alertado por el IGP. “La crisis ocasionada por el Covid, todas las consecuencias laborales, económicas, sociales que tuvo, y toda la importancia y la serie de actividades de preparación que se hicieron pensado que El Niño, creo que no son tan radicales como el escenario que ocasionaría un terremoto de gran magnitud en el centro y el sur de la costa peruana”, sostuvo el Paredes a El Comercio. “El desastre va a ser incalculable y la capacidad de respuesta va a ser bajísima”, puntualizó.
Para el experto, la gestión del riesgo de desastres es un concepto que ha sido dejado de lado “por esta gestión y las últimas diez”. “No hay la preparación de procedimientos en el sistema de respuesta a emergencias en el nivel que debería ser. Los simulacros no son suficientes, generalmente están amarrados a shows y ‘figuretismos’ de una serie de organizaciones de emergencia que bajan de paredes y generan fuegos en cilindros, cuando eso no es lo que va a ocurrir. No va a haber luz, agua ni desagüe. Vamos a tener una cantidad de muertos y heridos que van a hacer colapsar las morgues y los hospitales, la gente no se va a poder mover. Las comisarías, las municipalidades, las estaciones de bomberos van a ser las primeras caer”, refirió Paredes.
Respecto a las labores de las Fuerzas Armadas, Paredes opinó que son un órgano esencial para la respuesta a emergencias. Dicho esto, mencionó que no estarían preparadas como para estas acciones como lo están en otros países, con menos vulnerabilidad ante desastres naturales. Por último, retrató la debilidad de las políticas públicas enfocadas en situaciones de desastre. “Hay un desarrollo básico de las políticas públicas relacionadas con la prevención y respuesta en casos de desastre. Creo que deberían evolucionar pensando en el escenario más drástico”.
En comunicación con este Diario, Juvenal Medina, ingeniero geólogo y miembro de la comisión de gestión del riesgo de desastres del Colegio de Ingenieros, sostuvo que no se puede “soslayar o desconocer el escenario de riesgo de desastres que tiene nuestro país, que ya nos ha causado daños en el pasado asociados a una diversidad de fenómenos naturales”. Al igual que los otros especialistas, reiteró que un sismo de gran magnitud, como se tiene previsto que ocurriría, “tendría una gran fatalidad”.
“Conocer la fenomenología del país y el impacto que tiene en el desarrollo tendría que haber sido sustentado y vinculado a la política nacional de la gestión de riesgo de desastres. Esto es algo que no se ha escuchado, no se ha percibido en el mensaje [presidencial] y nos ha generado alarma. Esa omisión o ausencia nos deja una interrogante grande”, comentó el ingeniero. Asimismo, refirió que la reducción del riesgo de desastres se encuentra dentro de los objetivos nacionales, por lo que “a los políticos debe venirles bien conversar de esto”.
“Lo que podemos percibir es que la clase política actual no está siendo muy consciente del escenario de riesgo que tiene el país, no le está poniendo el punche que corresponde. Eso es importante reflexionar de cara a las elecciones que tenemos en frente. Es crucial que se ponga en agenda de manera regular y no solo coyunturalmente, cuando hay un [evento] en algún lado y solo se centran en la mochila de emergencia. Es fundamental trabajar todo lo posible antes [del desastre] y así disminuir el nivel de impacto que tiene. Por ejemplo, me gustaría haber escuchado que se fortalece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, exhortó.
