Solo una tercera parte de feminicidas sentenciados fue recluido en un penal en el Perú

09/12/2023 12H41

Conocemos las cifras de los feminicidios (1 cada dos días en el Perú), cómo y dónde atacaron a las mujeres, la interminable búsqueda de justicia por parte de su familia, pero ¿qué sabemos de los perpetradores? ¿cuántos realmente cumplen una condena?

Lee también: Feminicidios: los testimonios que evidencian por qué las cifras no disminuyen en el país

Aunque especialistas coinciden en que la prevención es determinante para reducir la violencia de género, la etapa de sanción no es efectiva ni alcanza a todos. Un reciente informe del Instituto nacional de Estadística e Informática (INEI) lo pone en cifras: mientras que 348 personas recibieron una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio en el 2022, apenas 72 ingresaron a un penal ese año. Lo mismo se repitió en años anteriores: en el 2021 hubo 293 sentenciados, pero 79 fueron recluidos ese año.

Y ni siquiera todos los que ingresan a un penal lo hacen por una sentencia: un 40% se encuentra con prisión preventiva. Hasta abril de este año, de 776 personas presas por feminicidio, 467 estaba sentenciada y 309 procesada.

Lo cierto es que entre sentencias y reclusiones hay una brecha sustancial. Desde el 2015, año que entró en vigencia la Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) hasta el 2022, el Poder Judicial condenó a 1.248 personas por feminicidio. En ese mismo periodo, los presos con sentencia por este delito fueron 451. Casi la tercera parte.

Diana Portal, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, explica que estas cifras evidencian las graves deficiencias del sistema de justicia, que inicia con lentas investigaciones a nivel fiscal. “En promedio los casos duran entre 2 y 4 años de investigación fiscal, sin considerar el tiempo que tarda el juicio”, indica a El Comercio. En ese lapso, los agresores se esconden, dilatan los procesos, salen del país o simplemente viven como si nada amparados en la seguridad de que la justicia tarda o no llega.

Casos como los feminicidios de Joshuany Muñoz, Mariella Baca o Lesly Vicente llevan más tres años y aun no hay acusaciones. “Aunque se tenga identificado el agresor, hay obstáculos para abrir las investigaciones por feminicidio. Muchas veces son tramitados como homicidios y eso retrasa el recojo de pruebas adecuadas. Luego durante la investigación fiscal se amplía y se cambian fiscales que al tomar el caso empiezan casi en fojas cero”, explica. Esta es una de las principales quejas del colectivo Familias Unidas Por Justicia, que reúne a los deudos de 60 feminicidios sin justicia en el país.

Rosmery Caldas Felix, hermana de Lesly Vicente Felix, una joven de 19 años que fue brutalmente asesinada mientras dormía en su habitación en Tingo María, denuncia que más de 3 años después del crimen no hay detenidos.
/ Britanie Arroyo

Un factor que favorecía esta lentitud era que hasta setiembre de este año las requisitorias por feminicidio vencían a los 6 meses. Recién con el Decreto Legislativo N.° 1575, vigente desde el 11 de octubre, se estableció que las requisitorias en casos de feminicidio, lesiones, violencia sexual y actos contra el pudor en agravio de menores de edad no caduquen.

Sergio Tarache, feminicida de Katherine Gomez, a quien prendió fuego en plaza Dos de Mayo a inicios de año, aún no es extraditado de Colombia. El Comercio se comunicó con Cancillería colombiana e informaron que el Ministerio de Justicia de dicho país tiene el trámite de contestar “un recurso de reposición” que interpuso el feminicida.

Actualmente, hay 26 requisitoriados por feminicidio [no necesariamente con sentencia condenatoria] por quienes se ofrecen recompensas de hasta 80 mil soles. Tal como reveló un informe previo de este Diario, en la lista de más buscados hay feminicidas desde hace 7 años y por lo menos la mitad del total están en el programa del Ministerio del Interior desde el 2019 sin que hayan noticias de su paradero.