En lo que va del año, 5.968 armas han sido internadas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) tras ser importadas al país. Este es el procedimiento regular cuando un usuario o una armería compra un arma en el extranjero. Luego, esta queda en el almacén de la Sucamec hasta que es entregada a su propietario final. El año pasado, el número fue de tan solo 2.074 armas. El 2017 –el tercer año con más internamientos- se registraron 1.451 armas. La adquisición de armas está en aumento.
Pero hay un dato adicional que genera preocupación, uno que ha sido clave para que la Sucamec recomiende la modificación de la ley 30299, conocida como la Ley de Armas. Según los datos brindados por la Sucamec-adscrita al Ministerio del Interior- solo en lo que va del 2023 se han notificado la pérdida de 1.013 armas de fuego y otras 1.134 que habrían sido robadas. Peor aún, estas cifras han sido una tendencia desde el 2018, cuando los datos señalaban 1.586 armas robadas y 1.338 perdidas.
Desde el 2017, se han declarado como perdidas 7.361 armas, y otras 7.579 como robadas. Desde entonces, son 14.940 armas legales y registradas que habrían desaparecido. En promedio, se extravían cerca de seis armas por día.
Según la ley 30199, es obligatorio comunicar a la Sucamec “la pérdida, hurto o robo de cualquier arma”. El artículo 70 de la presente norma establece un plazo de 48 horas de producida, la pérdida o robo para que el ciudadano reporte a la autoridad. Incluso, de enterarse por terceros sobre el extravío de un arma, la Sucamec está facultada para cancelar la licencia de uso de arma de fuego y se procede al internamiento del arma.
Cabe señalar que la ley también especifica que “las personas naturales que reporten la pérdida, hurto o robo en dos eventos distintos en un lapso de dos años, pueden ser inhabilitadas para la obtención de nuevas licencias o tarjetas de propiedad por tres años”.
233 mil armas en posesión
Así como la venta de armamento viene incrementando en los últimos años -y permanece el extravío de armas-, la adquisición de licencias de uso de arma de fuego sigue la tendencia. Sin esta credencial, un ciudadano no puede adquirir un arma de manera legal ni tramitar la tarjeta de propiedad. En el Perú, 84.716 licencias de armas de fuego se encuentran vigentes. Solo entre 2016 y el 2023, vencieron 53.667 licencias.
Para la obtención de un arma de fuego, existen diversos tipos de licencia según la modalidad. Se puede acceder a una licencia de Caza, de Deporte, de Colección, entre otras. La más común es la de Seguridad Privada, seguido de por Defensa Personal. Esta última habilita al usuario a adquirir hasta dos armas de fuego, salvo en casos excepcionales donde se permite una tercera.
Si se suman todas las licencias mixtas -donde se reúnen diversas modalidades en una sola credencial- donde al menos una modalidad es la de Defensa Personal y las exclusivas de este tipo, se da cuenta de 37.437 licencias vigentes de esta clase. En total, existen 84.716 licencias vigentes.
Una vez adquirida la licencia, un usuario puede acceder a obtener un arma de fuego. Realizada la compra se debe iniciar el trámite para la obtención de la tarjeta de propiedad del arma. Sin esta, un ciudadano no puede portar ni utilizar el armamento en cuestión, pues esta credencial identifica el registro del arma. Finalmente, cuando se le entrega el arma al usuario, esta es registrada por la Sucamec en situación de posesión.
Solo en lo que va del año, la entidad ha registrado 13.173 armas en posesión. En el 2022, este número fue de 23.129 y en el 2021 fueron 19.246. Sin embargo, el crecimiento de los últimos tres años está muy lejano a lo que se vio entre el 2016 y el 2017, cuando la Sucamec registró 70.078 y 80.168 armas en situación de posesión. Actualmente, 233.227 armas de fuego están en posesión de sus usuarios, habiéndose emitido 266.855 tarjetas de propiedad desde el 2016.
Preocupación institucional
La Ley de Armas (30299) fue promulgada en enero del 2015 y, para la Sucamec, debe ser modificada. Así lo ha señalado Ronald Rejas, gerente de Armas y vocero de la institución, en diversas ocasiones. Uno de los puntos críticos a reconsiderar -según la entidad- es la cantidad de armas a las que tiene acceso un usuario común. Si bien bajo la licencia de Defensa Personal se puede portar dos armas, y salvo excepciones puntuales tres; en los casos de Caza o Deporte, la ley no determina un máximo de armamento. La Sucamec advierte que esto es un riesgo, ya que posibilita el desvío de estas armas al mercado negro.
“Nos referimos en específico al artículo 19 de la Ley N.º 30299, si bien en el primer párrafo se limita adecuadamente el número de armas para la Defensa Personal en hasta tres armas (salvo casos excepcionales), en el segundo se permite de manera ilimitada la adquisición de armas destinadas para Caza y Deporte”, indicó. Para Rejas, un ejemplo de la problemática es la cantidad de armas reportadas como perdidas o robadas.
“Esto se debe corregir, porque no es posible que haya personas que estén facultadas por esta Ley a hacerse de un número ilimitado de armamento y luego reporten como perdidas las armas y municiones. Nosotros ya hemos identificado y reportado con mucha preocupación a las entidades e instituciones persecutoras del delito, a ciudadanos y a casas comercializadoras que aprovechan estos vacíos para presuntamente desviar armamento”, advirtió.
Camuflaje
César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana del Perú (Aprosec), comentó a El Comercio que la cantidad de armas reportadas como perdidas o robadas no reflejaría claramente la situación. El experto considera que muchos de estos casos corresponden a pistolas de calibre 9 mm tipo Parabellum o Luger que no están siendo entregadas a la autoridad. Estas armas -muy populares en el país por décadas y actualmente empleada por las fuerzas armadas y fuerzas del orden a nivel internacional- fueron prohibidas para su uso como defensa personal en el 2014.
“Mientras que el peruano viva la inseguridad que se ve cada día, ningún ciudadano va a querer devolver un arma [que adquirió legalmente, pero luego se le prohibió]. ¿Qué hace un ciudadano que sabe que no va a tener respuesta [de las autoridades] ante una crisis de seguridad? Va a querer poder usar su arma”, detalló Ortiz. El presidente de Aprosec considera que los registros de armas extraviadas son principalmente una forma como estos usuarios están evadiendo la disposición para quedarse con su armamento.
“La gran mayoría [de las armas declaradas como robadas o perdidas] son 9 mm Parabellum. Si realmente el Estado quiere recuperar armas, tiene que dar una propuesta de comprarlas. Entonces la gente se animaría a dejar sus pistolas”, sostuvo el especialista. Respecto a la cantidad de licencias de arma de fuego vigentes, Ortiz consideró que “en el contexto de inseguridad ciudadana, 35 mil licencias [de defensa personal] no es nada. El problema es que están en manos de gente que, en su mayoría, no tiene un entrenamiento. ¿Cuántos civiles tienen capacidad de respuesta de fuego? Ni cien”, expresó Ortiz.
