ERNESTO SUÁREZ
Un audio dejó al descubierto la existencia de una mafia en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, dedicada al cobro de coimas para extender permisos ilegales de circulación a empresas de transporte de pasajeros que cubren la ruta Tacna-Arica.
En la grabación, que llegó de forma anónima al despacho de la congresista Natalie Condori y que ella derivó al Ministerio Público, se escucha al empresario Richard Ramos Cañari reclamarle al hasta hace poco director regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, Darío Fuentes Dueñas, por no haberle otorgado los permisos acordados para su empresa, a pesar de que este, según dice, le entregó una coima de US$22.000.
Luego de hecha pública la denuncia, los funcionarios acusados por Ramos Cañari de formar parte de la mafia fueron removidos de sus cargos. Sin embargo, permanecen laborando en otras áreas, dado que son trabajadores nombrados.
Ramos indica en el audio que dicho monto fue repartido entre tres funcionarios: Darío Fuentes, Luis Galdós, Luis Sarmiento y una mujer no identificada, trabajadora de la institución. Ellos se encuentran con orden de detención preliminar a pedido de la fiscalía, pero se desconoce su paradero.
NO CUMPLIERON SU PALABRA
La empresa de Ramos Cañari había sido suspendida para prestar el servicio Tacna-Arica, porque se encontraron artículos de contrabando en sus vehículos. Esto ocasionó que el empresario y sus socios quedaran inhabilitados por tres años para operar este servicio.
Supuestamente, asesorados por los malos funcionarios de Transportes, Ramos Cañari creó una nueva empresa con otra razón social. Aun así, en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones no le otorgaron el permiso conforme a lo acordado, dado que los socios en el padrón de ambas empresas (la antigua y la nueva) eran los mismos. Presionado por los asociados que habían desembolsado el dinero de la coima, Ramos Cañari realizó la grabación que ahora es materia de la denuncia.
INTERVENCIÓN
El pasado miércoles, la fiscal Rosa Macedo Huacasi, de la Fiscalía Provincial de Tacna, acompañada de un grupo de tres fiscales y agentes de la Policía Anticorrupción, allanó las oficinas de Asesoría Legal, Circulación Terrestre, Archivo y la jefatura de Transportes y Comunicaciones de Tacna. La intervención duró cinco horas.
En la intervención, que contaba con una orden de descerraje emitida por el Poder Judicial, los representantes del Ministerio Público se llevaron varias cajas que contenían una importante cantidad de documentos. Además, lacraron y retiraron de las oficinas las computadoras de los funcionarios involucrados en la denuncia.
Eugenia Mita, trabajadora del área de Asesoría Legal, quedo detenida luego de la intervención, para ser interrogada.