Tala ilegal en la Amazonía peruana continúa descontrolada, según Global Witness

Global Witness reveló la persistencia de la tala ilegal en el país. La ONG hizo un llamado al gobierno peruano, donantes como Noruega y Alemania, y los importadores de mercados como el norteamericano o el chino, para que incrementen sus esfuerzos y protejan la Amazonía de delitos forestales.

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Las últimas cifras publicadas por Global Witness muestran que, durante la última década, más del 60 % de la madera inspeccionada por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) proveniente de las dos principales regiones productoras del país tenía su origen en zonas donde se cometen ilegalidades generalizadas.

Global Witness ha declarado que la independencia de este organismo es fundamental para que pueda actuar de manera efectiva y ayudar a detener el flujo de madera ilegal que proviene del Perú.

Basándose en datos oficiales no publicados anteriormente, el último informe de la ONG, "El justiciero forestal", demuestra cómo durante los últimos diez años se han producido volúmenes elevados de madera ilegal y de madera “con alto riesgo” de ser ilegal en las tres principales regiones productoras del Perú.

Osinfor pasó el mes pasado bajo el control directo del Ministerio del Ambiente. Esta medida llevó al presidente de la institución, Máximo Salazar Rojas, a renunciar a su cargo en diciembre del 2018. Este mes, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, tildó de “inaceptable” la decisión, que podría constituir una violación del Acuerdo de Promoción Comercial entre los dos países.

El análisis de Global Witness revela también cómo algunos de los mayores aserraderos de nuestro país procesan grandes cantidades de madera ilegal y cómo los madereros ilegales encuentran formas cada vez más creativas y deshonestas de destruir la Amazonía para su beneficio, evadiendo los mecanismos de rendición de cuentas del Osinfor.

El informe señala que el potencial de ventas de este comercio ilegal es cuantioso. Una variedad de permisos de tala que se detallan en el informe, incluidos los permisos de cambio de uso agrícolas, de predios privados, de bosques locales y otros tipos de permisos, se han utilizado para blanquear madera cuyo valor estimado es de 112 millones de dólares.

A partir de estos hallazgos, Global Witness hace un llamado para que se devuelva la independencia del Osinfor y exige que se amplíen sus competencias para poder combatir de manera eficaz las nuevas formas de blanqueo de madera.

La ONG ha resaltado el papel fundamental que podrían jugar los donantes del sector forestal peruano, como Estados Unidos, Noruega y Alemania, a fin de garantizar la restauración de la independencia de este organismo y la ampliación de sus competencias, para que pueda operar de manera eficaz y contribuir a que el Perú cumpla con sus compromisos para reducir la degradación de los bosques.

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