El Tribunal Constitucional señaló que emitirá la sentencia a mediados de octubre.(FOTO: USI)
El Tribunal Constitucional señaló que emitirá la sentencia a mediados de octubre.(FOTO: USI)
Redacción EC

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucional planteada contra la ley de no reelección inmediata de alcaldes, que fuera presentada por el ciudadano Fernando Jesús Galindo Alvizuri en representación de más de 5.000 ciudadanos. 

La demanda fue presentada  el 12 de abril del 2018 contra la ley 30305, la cual modificó el artículo 194 de la Constitución y estableció  la no reelección inmediata para alcaldes.

"Y es que este Tribunal Constitucional carece de competencia para determinar si resulta preferible o conveniente la admisión de la reelección inmediata de los alcaldes, o su eliminación por cuanto no puede basar su decisión en razones de oportunidad. No le compete determinar si una medida o la otra resulta más eficiente para alcanzar
determinado estado de cosas deseable, como desterrar la corrupción", argumenta el TC en uno de sus fundamentos.

En otro punto, resaltan que la reforma constitucional aprobada por el Congreso "no desnaturaliza" la Constitución, ni le hace perder la identidad con la que la forjó.

"En ese sentido, cabe resaltar que el Estado peruano se identifica con la forma republicana de gobierno, con el Estado unitario descentralizado y con la separación de poderes, entre otros principios rectores a los que aquí ya se hiciera referencia. Estos principios por cierto no se ven vulnerados con la reforma del tercer párrafo del artículo 194 de nuestra Constitución, el cual introduce la ley de reforma constitucional impugnada", indica el TC.

Los demandantes alegaron ante el TC, que si bien la ley fue aprobada con el objeto de luchar contra la corrupción, esta no tenía un análisis de proporcionalidad y que no resulta idónea para alcanzar esa finalidad.

Los demandantes sostenían que no existe una relación directa entre la reelección y la corrupción. Según el argumento de los ciudadanos que presentaron la demanda, el fin de luchar contra la corrupción puede ser alcanzado sin necesidad de prohibir la reelección.

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