Tía María: el impacto ambiental del proyecto [INFORME]

En las últimas semanas se han escuchado una serie de críticas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, presentado por la empresa Southern Perú, el cual fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en agosto del 2014.

Sin embargo, muchas de estas objeciones no tienen un sustento técnico ni legal, y lo único que han logrado es generar más desconfianza e inestabilidad en el país.

Por ello, en esta oportunidad nos detendremos a analizar las principales críticas que ha recibido el EIA del proyecto minero, y determinaremos su asidero.

1. SE HIZO MUY RÁPIDO

El segundo EIA del proyecto Tía María fue evaluado en un menor tiempo que el primero y recibió menos observaciones. Esto podría significar que el EIA fue analizado con ligereza o aprobado por presiones.

Es correcto afirmar que el segundo EIA se evaluó en menor tiempo. Mientras que el primero tomó 1 año y 9 meses, el segundo proceso tardó 9 meses. Sin embargo, el segundo EIA no fue aprobado antes de los tiempos establecidos de acuerdo con la ley (6 meses); es más, la respuesta a la empresa se excedió en tres meses.

Además, el Minem, con el paso del tiempo, se ha vuelto más eficiente en el proceso de aprobación de instrumentos ambientales. Esto se debe a una mayor experiencia y una mejor capacitación de sus funcionarios.

Asimismo, en el caso del segundo EIA, la respuesta se dio en un menor tiempo porque varios elementos de campo ya habían sido estudiados cuando se evaluó el primero, por lo que no se empezaba desde cero. Ya existía, pues, información, como la línea de base.

En entrevista con El Comercio, el viceministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, indicó que “es lógico que este segundo EIA sea más rápido, porque los expertos que elaboran el EIA ya conocen el campo y los técnicos del ministerio están mejor capacitados”.

Si bien el segundo EIA recibió 73 observaciones, cantidad menor que el primero, ello es comprensible si se considera que las 138 observaciones que obtuvo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) fueron absueltas.

2. INCREMENTO EN EL MATERIAL

Al comparar el primer y segundo EIA, se observa que la explotación de cobre aumenta de 638.082 millones a 650.760 millones de toneladas.

El primer error que se comete es de forma, al decir que se explotarán miles de millones de toneladas, cuando en realidad se trata de millones.

En segundo lugar, es totalmente comprensible que el volumen de la producción de un proyecto varíe, dependiendo de cuándo se hacen los cálculos de las reservas. Se toman en cuenta factores como el precio del mineral, el costo de los insumos, el costo de las inversiones de capital y de las mejoras tecnológicas.

Es en función de estas variables que es lógico que las reservas estimadas de las minas sean distintas en este EIA a las de hace 4 años, cuando se realizó el primero. El cálculo del segundo EIA es, pues, un estimado actualizado de las reservas.

3. EXISTE MÁS DESMONTE CONTAMINANTE

El aumento de la producción implica un aumento en el desmonte contaminante. En el EIA no se detalla cómo se lidiaría con estos desechos adicionales.

Esta afirmación es incorrecta por dos razones. En primer lugar, en todos los EIA se debe especificar cómo se tratará el desmonte. Y, en efecto, Southern ha especificado cómo se procederá con el manejo de los desechos.

En el caso de Tía María, existen dos tipos de desechos. Por un lado tenemos los desmontes, que en sí no son contaminantes, son material inerte. Este desmonte contará con canaletas en caso llueva (lo cual es un riesgo mínimo, en tanto que en la zona la lluvia solo alcanza los 2,4 milímetros al año) para evitar su contacto con el agua.

Por otro lado está el material que contiene sulfuro, el cual será almacenado en depósitos impermeabilizados con arcilla compactada para que la tierra no se vea afectada por el ácido.

Más allá de todo, lo que debemos entender es que la aprobación del EIA no es, en lo absoluto, el único modo de fiscalizar los impactos ambientales de la mina. El EIA es un instrumento inicial que sirve para evaluar la viabilidad ambiental del proyecto y debe ser actualizado cada cinco años.

Además de este instrumento, la minera deberá conseguir la aprobación de un plan de cierre de minas, en el cual se describen las medidas que se adoptarán con la finalidad de eliminar, controlar y mitigar los efectos adversos ocasionados por el proyecto. Asimismo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) verificará el cumplimiento de las regulaciones ambientales.

4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PLANTA DESALINIZADORA

La planta desalinizadora requiere que se anexe un estudio de factibilidad. Solo así se probará que no se tendrá que utilizar agua del río en ningún momento de la vida del proyecto.

Tal estudio de factibilidad no solo no es exigido por la ley, sino que tampoco es necesario. Un estudio de factibilidad es un documento que se redacta para determinar si un proyecto es viable a nivel técnico, económico y social. Aquí se detalla, entre otras cosas, una descripción del proyecto y la localización de los componentes principales y auxiliares de este.

Según el abogado Luis Felipe Huertas del Pino, del Estudio Osterling, un estudio de factibilidad se realiza a nivel de todo el proyecto en cuestión, y suele ser del interés del inversionista y casi siempre es de carácter confidencial. Este se realiza en una etapa previa al EIA. No tiene, pues, que ir adjunto al EIA, como se ha mencionado.

Ahora bien, ¿cómo se relaciona el estudio de factibilidad con los EIA? Lo que indica la guía para la elaboración de EIA del año 1994 es que “la información del proyecto debe estar disponible en forma de estudios de factibilidad del proyecto”. Esto significa que para redactar el segundo capítulo de los EIA –donde se describen las actividades por llevarse a cabo– debe utilizarse información que se encuentra en el estudio de factibilidad.

En pocas palabras, la esencia del estudio de factibilidad tiene que estar reflejada en el EIA, pero no se exige que los estudios de factibilidad se anexen a los EIA. Tampoco se exige que haya un estudio de factibilidad por cada componente de estos documentos (en este caso, la factibilidad de la desalinizadora).

No solo eso: una planta desalinizadora ya tiene una factibilidad comprobada per se. Su ingeniería –remover la sal del agua marina por un proceso de osmosis inversa– es estándar en el ámbito mundial.

Asimismo, en el EIA sí se encuentra analizado el impacto que la planta desalinizadora generaría durante la elaboración de la línea de base, la construcción y la operación. Además, la empresa ha respondido a las observaciones hechas por la Dirección Nacional de Capitanías de Puertos (Dicapi) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) acerca de los diámetros de la tubería y los planos de las instalaciones de la planta.

Por último, debemos recordar que las plantas desalinizadoras son reconocidas alrededor del mundo como una tecnología eficiente y segura. Tal como señaló la economista minera Marita Chappuis en un artículo publicado el viernes en El Comercio, todas las ciudades australianas cuentan con estas plantas.

No tan lejano, en Chile existen seis de estas en operación, y más de 10 en estudio y construcción. Actualmente, en el Perú operan plantas desalinizadoras en las minas de Bayóvar, en Piura, y Marcona y Cerro Lindo, en Ica, así como en la fundición de Ilo.

5. EL POLVO

Los puntos de monitoreo de aire permiten medir la contaminación que se produciría. No existen suficientes estaciones de control, lo que impide realizar una medición efectiva, y los existentes se encuentran muy lejos de la operación de la mina.

Para entender este cuestionamiento, hay que partir por diferenciar los límites máximos permisibles (LMP) de los estándares de calidad ambiental (ECA). Por norma, la empresa está obligada a poner puntos de control en las instalaciones.

Pero lo más importante en términos de lo que le interesaría a la población, son los estándares de calidad, cuyo objetivo es resguardar la salud de las personas. En ese sentido, la crítica ha sido que solo se habrían colocado dos puntos de monitoreo, cuando en verdad se están instalando tres en centros poblados y cerca de las actividades productivas. Para el ministro del Medio Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, “los puntos de monitoreo tienen que estar cerca de las personas y las actividades económicas”.

Esto es lo que ha hecho Southern. Carlos Aranda, funcionario de la empresa, explicó: “Lo que hemos hecho es colocar las zonas de monitoreo en donde vive y trabaja la gente, para que se refleje si se causa cualquier problema a la salud humana y la agricultura”.

Otro punto importante es que las voladuras se realizarán únicamente cada dos días, al mediodía y por cinco segundos. Esto es importante ya que es en este momento del día que el viento sopla con dirección al noreste, por lo cual el valle –ubicado al sur del tajo– no se vería afectado. En caso existiese una anomalía y el viento cambiara de dirección, no se realizarían voladuras.

Además, el estudio ha previsto que se colocará un domo para evitar que se propague el polvo para el almacenamiento.

Finalmente, la empresa ha detallado el uso de fajas transportadoras para limitar el tránsito de camiones, riegos constantes de las trochas y sobre todo un monitoreo participativo para asegurarse de que todo se hará de acuerdo con las normas ambientales.

6. AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha señalado que las aguas subterráneas podrían afectar el río.

Lo cierto es que el proyecto, durante su operación, no va a utilizar aguas subterráneas, sino agua de mar. Durante la etapa de construcción sí se utilizará hasta 50 l/s de agua superficial, pero únicamente por dos años. Incluso en este momento se evalúa de dónde se captará el agua, pero no será de aguas subterráneas.

Por otro lado, si bien es cierto que se han encontrado acuíferos donde se ubicaría el tajo, el estudio hidrogeológico incluido en el EIA muestra que no existe conexión entre el fondo del tajo y el acuífero que alimenta el Valle de Tambo, de modo que el agua del valle no se vería afectada.