"Tradiciones peruanas", por José Carlos Requena

Quienes hoy critican el desorden propiciado por las autoridades y las reglamentaciones electorales parecen conocer muy poco no solo de lo que pasa fuera de Lima (y también dentro de ella), sino de la historia reciente de la política peruana. Caos como el actual, criticable sin duda, han sido un factor permanente dentro y, sobre todo, fuera de nuestra capital. Son parte ya de las tradiciones políticas peruanas. 

Se tuvo una reacción similar entre el 2012 y el 2013 cuando se intentó vacar a la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, obviando el hecho de que procesos similares, solo entre enero y mayo del 2012, involucraban a 264 alcaldes. No sorprende: solo 3 de los 264 burgomaestres correspondían a Lima Metropolitana. 

Hoy las autoridades han tomado decisiones controversiales. Sus críticos han llamado “menudencia administrativa” a los cuestionamientos. Quienes respaldan estas decisiones claman por el respeto a “la ley”; quienes las critican ven la democracia tambalear y al proceso electoral herido de muerte.

Pero a veces son los propios partidos y no las autoridades los que hieren sus reputaciones. Opacada por sucesos más recientes, sin ser parte aún de ninguna denuncia oficial, una revelación importante ha pasado a segundo plano. Un reportaje de Latina indica que se habrían utilizado firmas falsas para inscribir las listas parlamentarias de Todos por el Perú en al menos cinco regiones (Huancavelica, Amazonas, Ica, Arequipa y Callao). 

El vocero de Todos por el Perú ha dicho que “cada Tribunal Electoral se ha manejado de manera autónoma”, y ha dejado abierta la posibilidad de que la firma, efectivamente, no haya sido hecha por su titular: “Hay que determinar si la firma ha sido consentida o no”. Como el suceso implica firmas de personas fuera de Lima, no parece importar mucho.

Todos por el Perú no es el primer partido que afronta casos similares. En febrero del 2000, cuando Alberto Fujimori procuraba una inconstitucional segunda reelección, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló la falsificación de miles de firmas por parte del partido Perú 2000, que apoyaba a Fujimori, para obtener su registro electoral.

Algunos años después en pleno gobierno de Alejandro Toledo se denunció que los partidos que apoyaron su primera candidatura, en 1995, también habrían falsificado firmas. A diferencia del partido de Julio Guzmán, y por ser un esfuerzo más masivo (obtener registro partidario), los casos de sus predecesores implicaban a distritos de Lima Metropolitana. 

En las cinco semanas que quedan para el día de la elección, sucesivas denuncias ocuparán espacios en la prensa. Muchas de ellas provendrán de espacios fuera de la capital, que han pasado desapercibidos al ojo limeño, tanto de los periodistas (del plagio de César Acuña al libro de Otoniel Alvarado se habló en Trujillo hace varios años) como de los políticos (Guzmán diciendo desconocer que uno de sus candidatos al Congreso en Arequipa regaló colchones). 

La tentación a denunciar campañas de desestabilización o guerra sucia debería dar paso al convencimiento de la conveniencia de contribuir con el debido esclarecimiento. De otro modo, las malas tradiciones se preservarán.

Lee también: