Transporte en alerta total: extorsionadores pasaron de cobrar cupos a controlar empresas, flotas, rutas y hasta tarifas

Antes de quedar con secuelas cognitivas irreparables, P.E.C.C., de 47 años, invirtió sus ahorros en la compra de un vehículo y se asoció a una empresa de transporte que hace la ruta de Huancayo a La Oroya. Su base de operaciones para el recojo de pasajeros fue el Parque Industrial, distrito de El Tambo, donde otros vehículos inician esa misma ruta.

Recibió su primera advertencia a los pocos días: para poder trabajar debía pagarle 800 soles semanales a ‘Pocha’, una mujer que despierta el miedo en todo el distrito. P.E.C.C. no hizo caso y siguió trabajando. A las 6:30 p.m. del 12 de julio, fue rodeado por nueve desconocidos que le arrojaron piedras y varas de metal directo a la cabeza, todo frente a pasajeros que ya habían abordado su auto. Aún consciente, fue a la comisaría a denunciar. Luego, se desplomó camino al hospital. Estuvo treinta días en una unidad de cuidados intensivos. Fue dado de alta, pero quedó con graves e irreversibles secuelas, según los médicos.

Después de muchas insistencias, fue posible comunicarse con las personas que conocen de cerca los hechos. ‘Pocha’, quien no tiene brevete ni experiencia en el sector transporte, y cuyo giro comercial en su razón social es del sector inmobiliario, es acusada de pertenecer a una mafia de cobro de cupos en el transporte interprovincial, donde ha logrado adentrarse en las operaciones de las propias empresas: controla horarios, frecuencias y rutas, todo con ayuda de sujetos pagados para hacer el trabajo sucio contra quienes no quieren aceptar las condiciones. Esta mujer, ante el diario “Correo” de Huancayo, reconoció que tenía varias denuncias en la fiscalía por agresión. En un audio que se filtró y al que tuvo acceso El Comercio se le oye decir: “Nosotros le sacamos la m..., así trabajamos. Yo no me voy a perjudicar”.

La historia de ‘Pocha’ describe por sí sola la manera en que la extorsión ha evolucionado dentro del sector transporte. El delito de cobrar cupo bajo amenazas, que empezó a registrar sus primeros movimientos en el 2008, en los últimos tres años ha escalado al punto en que estas redes controlan incluso los recorridos, las flotas y hasta las tarifas de las empresas.

El Comercio ha analizado 12 casos de este nuevo modus operandi en Moquegua, Junín, La Libertad y al menos seis distritos de Lima para explicar cómo las prácticas extorsivas se amplían al punto de administrar ‘ilegalmente’ las empresas.

Información policial en Trujillo, cuna del cobro de cupo al transportista, da cuenta de que los grupos dedicados a la extorsión ya forman parte de las empresas de manera paralela a las operaciones regulares: tienen a personal dentro, como si fuera su casa. Esto ocurre en compañías que realizan rutas hacia los distritos como Nuevo California, Florencia de Mora y El Porvenir. Incluso, el personal de cobranza de boletos y los controladores de frecuencias de las unidades de las empresas han terminado siendo parte de la misma red de extorsión. El objetivo es evitar fugas de dinero. “¿Por qué controlan todo? Porque así vigilan que nadie les saque la vuelta. Para evitar que otro grupo de extorsionadores de un paso adelante dentro de la empresa”, afirma el coronel PNP Roger Torres Mendoza, ex director territorial de La Libertad y uno de los agentes que mejor conocen la situación en la capital liberteña.

“Hay evidencia de que tienen un control casi total de las empresas. Uno de cada diez vehículos de todo tipo –particular, público, minero, combis y colectivo– en Trujillo tiene un adhesivo con el logo de la organización criminal La Jauría, por ejemplo”

Coronel PNP Roger Torres Mendoza, ex director territorial de La Libertad

Estos stickers les da luz verde para circular sin ser amenazados y es una demostración de poder. “Están más organizados que la propia policía. Tienen brazos jurídicos, parte operativa, contable, y arriba están los magnates. Y en medio de todo esto, saben que la policía ni siquiera tiene patrulleros”, dice.

Estas prácticas también han llegado a Lima. Esto es confirmado por Víctor Revoredo, jefe de Homicidios de la PNP. Este policía, amenazado de muerte por la megabanda de origen venezolano Tren de Aragua, explica el rol de los estibadores del puerto del Callao como informantes de las unidades que hacen transporte en las rutas que comprenden las avenidas del primer puerto. “Quieren manejar estas rutas como zonas liberadas. Se sabe por fuentes de inteligencia que las avenidas Venezuela, Argentina y Colonial son el auge económico para los estibadores que cubren el control de esas rutas con el papel de ‘cobradores’ o ‘llenadores’”, dijo.

Pese a que Revoredo enfoca sus declaraciones en el ámbito informal del transporte, estas nuevas practicas también se observan en el ámbito formal. En los últimos seis meses, la empresa de transporte turístico Turcasa, que realiza la ruta Lima-Cañete-Lima, ha denunciado el ataque violento contra cuatro de sus trabajadores del área de cobranzas, choferes amenazados y parabrisas destrozados en cuatro de sus diez unidades. Todo ello ocurrió en Parque Zonal, un paradero autorizado para el recojo de pasajeros en la Panamericana Sur, cerca de tres comisarías de San Juan de Miraflores.

El brazo violento de esta red controla qué vehículos usan el paradero y cuáles no, dependiendo del trato que hayan tenido con ellos. “Además del caso de Turcasa, tenemos más de 400 unidades entre Jaksa, Perú Bus y Flores que son afectadas directamente por estas mismas prácticas”, dice Martín Ojeda, director de relaciones jurídicas de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT).

En Arequipa, Tacna e Ica también hay recientes indicios del ingreso de extorsionadores que influyen en las operaciones de las empresas de transporte. Hace un mes, un grupo de sujetos encapuchados agredió a los transportistas de la empresa Talizma Tour solo porque esta habría decidido bajar su precio del pasaje de 30 soles a 25 soles, lo que perjudicaba los ingresos por cupos.

Toda esta situación se agudiza en días en que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) definió 190 rutas para el servicio de taxi colectivo en el norte del país (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín y Cajamarca), muchas de las cuales han estado dominadas por las mafias de cobro de cupos, y que ahora permitirán que este ilegal negocio de la extorsión se incremente.

LA POLICÍA ENTREGÓ PARADEROS A COMBIS PIRATAS