Hace menos de un mes y tras varias semanas de investigación, un grupo de fiscales especializados en trata de personas realizó una operación en bares del distrito de San Luis. En uno de ellos, los fiscales y la policía encontraron a una adolescente vestida con prendas diminutas. Su mamá, quien trabajaba en el lugar como cocinera, dijo que la menor la estaba ayudando a lavar los platos. “Como era su mamá, no pudimos corroborar que hubo captación [una de las conductas de la trata]; así que, en lugar de trata, la investigación se tenía que realizar por el delito de favorecimiento a la prostitución”, cuenta uno de los fiscales a cargo.
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Cuando los fiscales especializados en trata no pueden determinar que se han cometido algunas de las conductas de este delito deben derivar los casos a fiscalías que ven delitos comunes y que no tienen especialización para atenderlos. Este problema de competencias ya no deberá repetirse.
Ayer, la fiscalía publicó en el diario “El Peruano”, la Resolución 3308-2019-MP-FN que modifica el manual de operaciones de las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas. Con esta norma, se incluyen 20 delitos más bajo las competencias de estas instituciones.
Sin embargo, pese al avance normativo, los fiscales especializados en trata critican que se aumente la demanda de casos pero no los recursos.
Ellos indican que, debido a que con esta nueva normativa la carga procesal aumentará, es necesario un presupuesto especial para la logística y el personal que se requerirá.
El fiscal Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, aseguró que el Ministerio Público ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que se les transfiera S/18 millones para la creación de otras diez fiscalías especializadas en trata en regiones del país en donde hay más incidencias de casos por este delito.
—Más competencias—
En todo el país existen 10 fiscalías especializadas en trata de personas: en Lima, Loreto, Madre de Dios, Callao, Puno, Tacna y Tumbes. Estas fueron creadas hace cuatros años, pero no cuentan con un presupuesto único.
Solo hasta julio de este año, estas fiscalías estaban procesando 1.430 casos de trata de personas. De ellos, solo 462 estaban resueltos.
“Lo que se ha aprobado es importante porque se estaba teniendo dificultades en las investigaciones porque se empezaba a procesar por trata de personas, pero cuando había otros delitos se tenía que derivar parte de la investigación a una fiscalía penal corporativa y ahí la investigación no era tan fuerte. Ahora esto no va a suceder porque se tendrá una sola investigación”, explica el fiscal Jorge Chávez Cotrina.
Según la norma, los fiscales también verán delitos como explotación sexual, promoción o favorecimiento a la explotación sexual, trabajo forzoso, favorecimiento a la prostitución, rufianismo, proxenetismo, pornografía infantil, exhibiciones y publicaciones obscenas, tráfico ilícito de migrantes, entre otros.
“Se pidió esta ampliación de competencias para reforzar la especialización en los casos de trata, y para que los medios probatorios no se diluyan en fiscalías comunes que no saben cómo procesar este delito específico”, agregó Chávez Cotrina.
De esta manera, indicó otro fiscal especializado en trata, habrá mucha más fiscalización en los locales nocturnos que funcionan como prostíbulos.