Además, se determinó presunta responsabilidad en 176 funcionarios entre directivos, funcionarios y servidores. (Foto: Contraloría)
Además, se determinó presunta responsabilidad en 176 funcionarios entre directivos, funcionarios y servidores. (Foto: Contraloría)
Redacción EC

La informó que el 85% de los 391 riesgos detectados durante el megaoperativo de control sobre el manejo de recursos públicos en la región , no fueron atendidos por las entidades públicas intervenidas.

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El contralor general Nelson Shack informó que del total de situaciones adversas sin acciones por parte de las entidades intervenidas, 281 corresponden a gobiernos locales; mientras que 34 a instancias del Gobierno Regional de Tumbes y 17 al Gobierno Nacional.

Agregó que realizados en el megaoperativo, bajo las modalidades de visita de control (89), orientación de oficio (53) y control concurrente (11). El total de servicios de control simultáneo representó un cumplimiento de 110% de la meta programada (139).

Adicionalmente, se realizaron 97 servicios de control posterior durante el megaoperativo de control en Tumbes, lo que significó el 164% de la meta programada (59). Dentro de este tipo de control, se efectuaron 24 servicios de control específico, 69 acciones de oficio posterior y cuatro auditorías de cumplimiento.

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Como resultado de los servicios de control posterior, la Contraloría auditó recursos públicos por S/156 millones, de los cuales S/78 millones fueron observados por los especialistas de control y se determinó S/4.5 millones de perjuicio económico en contra de las entidades públicas de Tumbes.

Además, se determinó presunta responsabilidad en 176 funcionarios entre directivos, funcionarios y servidores pertenecientes a entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales de la región. En total se identificaron 403 presuntas responsabilidades, entre administrativa (233), civil (78) y penal (92).

Casos emblemáticos

La labor de los auditores de la Contraloría durante el megaoperativo permitió detectar un perjuicio económico de aproximadamente S/1.8 millones en el hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría”, o JAMO II-2, como resultados de dos informes de Servicios de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad.

El primer informe (N° 017-2020-2-6010) permitió detectar un perjuicio de S/977.037 debido a irregularidades en el manejo de los recursos recaudados por el hospital por parte del exjefe de la Oficina de Tesorería entre los años 2018 y 2020, y se detectó presunta responsabilidad en tres personas. Mientras que el segundo informe (9769-2020-CG/GRTB-SCE) detectó una pérdida de S/852.336 por irregularidades cometidas por el exjefe de Tesorería en la retención de aportes de trabajadores a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

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Otro caso emblemático fue el hallazgo de la doble percepción de ingresos y remuneraciones de personal médico en la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes, que incluye al director de la entidad, lo que ocasionó un perjuicio de S/439.860 y se determinó presunta responsabilidad penal, administrativa y civil en 24 personas.

También se detectaron irregularidades en obras de relevancia para la región como la contratación de obras de defensa ribereña del río Zarumilla, donde el Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes otorgó la buena pro a un consorcio que no acreditó la experiencia requerida.

Mientras que en materia COVID-19 se detectaron riesgos en la entrega de bonos al personal de salud de la Diresa.

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