Erick Sánchez Briceño, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes, solicitó a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de La Libertad iniciar una investigación contra el juez Jairo Hernando Roldán Álvarez, quien esta semana aceptó el hábeas corpus a favor del investigado Marco Antonio Córdova Rivera, ex funcionario de la gestión del prófugo ex presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses.
Según el informe N° 03-2015-FPEDCF-Tumbes, los fundamentos esgrimidos por el referido juez –quien labora en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamachuco, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de La Libertad–, serían insuficientes para ordenar la liberación de Córdova Rivera, actualmente internado en el penal de Puerto Pizarro (Tumbes) y que es investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción. El acusado se desempeñó como jefe de asesoría jurídica del Gobierno Regional de Tumbes, durante la gestión de Viñas Dioses.
Asimismo, el informe señala que el juez Jairo Hernando Roldán ha resuelto a favor de Córdova Rivera sin tener en sus manos la carpeta fiscal, ni tampoco haberla solicitado al Ministerio Público.
Si bien no existe restricción de lugar para presentar un habeas corpus, al fiscal le parece sospechoso que la defensa del imputado haya decidido interponer dicho recurso en un juzgado distante a la zona de residencia y de reclusión del ex funcionario.
Como se recuerda, el pasado 8 de mayo, a solicitud del Ministerio Público, Córdova Rivera fue recluido en el penal de Puerto Pizarro, luego de que el juez Roger Burgos Benites, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, dictara nueve meses de prisión preventiva por el caso de presunta colusión que se le sigue, y que viene siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.