Sentencian a tres ex funcionarios de Viñas a 6 años de cárcel

La red del ex gobernador regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, empieza a ser condenada. Esta mañana el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de esta región sentenció a seis años de prisión efectiva a tres ex funcionarios del ex mandatario por el delito de colusión agravada.

Los ex funcionarios condenados fueron el entonces gerente general del gobierno regional, Marcos Córdova Galán (actualmente está preso en el penal de Puerto Pizarro), el ex administrador Mario Campeán Herrera (detenido esta mañana en la audiencia) y el contratista José Aguayo Ruiz (prófugo).

Asimismo, el juez Álex Fernández Chuquilín se reservó el fallo contra Gerardo Viñas y el ex funcionario y ex alcalde del distrito piurano de Tambogrande, Segundo Moreno Pacherres, debido a que ambos están prófugos y nunca se presentaron durante este proceso penal.

Los sentenciados, según el fallo judicial, deberán pagar también una reparación civil solidaria de S/ 2 millones.

LOS CARGOS

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes determinó que los sentenciados estuvieron implicados en el caso conocido como “Kits educativos”. Se trató de un proyecto para el mejoramiento de la calidad educativa en el área de Ciencia y Ambiente en las instituciones educativas de nivel primario de la región Tumbes, por un valor de S/ 4 millones.

Dicho proyecto se aprobó sin realizar el debido proceso de licitación, y de esa manera se favoreció al contratista Estanislao Aguayo, quien entregó parte de los “Kits educativos” en agosto del 2011 y  un faltante en diciembre.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Viñas ordenó una exoneración de este proceso para la adquisición de kits educativos, pese a que la OSCE le dijo que dicha exoneración no procedía. De esa manera, se benefició a la empresa I &J Construcciones, Implementaciones y Servicios SAC, cuyo gerente general es hermano del chofer de Viñas Dioses.

A esta empresa se le pagó S/ 4 millones 182 mil 695. Sin embargo, el Órgano de Control Interno (OCI) dijo que solo correspondía pagar S/ 2 millones 631.957.03 , con lo cual se originó un perjuicio económico de S/ 1 millón 550,737.97.