Cuestionada gestión municipal: las obras fantasmas de Curimaná

En Curimaná abundan los elefantes blancos. Uno de ellos es un armatoste de concreto que medía diez metros y hoy yace en las aguas del río Aguaytía. La estructura, construida por la gestión del entonces alcalde Loiber Rocha Pinedo, era parte de un sistema que –dijo– daría agua potable (que hasta hoy no tienen) a los 8.000 habitantes de este distrito. Dos años después de su inauguración, la obra fue arrasada por la corriente del Aguaytía. Ello no fue novedad para quienes denunciaron que esta y otras obras para la captación y tratamiento de agua –hoy también abandonadas– no justificaron la millonaria inversión de casi S/8’000.000. 

En Curimaná, al igual que en otros lugares del Perú, la contradicción es parte del día a día. Pese a que reciben una importante cifra mensual por canon gasífero (en la zona opera una planta de procesamiento de gas natural de Duke Energy, antes Aguaytía Energy), es uno de los lugares más pobres de la región, con altos índices de analfabetismo, desnutrición y sin saneamiento básico. 

Para beber agua, los habitantes de Curimaná deben ir al río, obtenerla de la lluvia o abrir pozos artesanales en el suelo de donde solo consiguen agua turbia. En la calle principal (de las pocas asfaltadas), las tapas de cemento ocultan el sistema de alcantarillado inconcluso, que colapsa e inunda de pestilencia el distrito cuando hay lluvias intensas. 

A falta de un sistema de desagüe, las casas tienen letrinas en vez de baños. Estas construcciones improvisadas de madera son cubiertas por aserrín según su uso. “Estamos obligados a vivir como animales”, exclama indignado Joaquín Chávez (82), vecino del distrito durante 16 de los 21 años que tiene de creación.  

—Tractores fantasmas—
Curimaná es uno de los tres distritos de la provincia de Padre Abad en la región Ucayali. Desde Pucallpa, capital regional, se accede luego de tres horas en auto, en un primer tramo por la carretera Federico Basadre y otros 30 kilómetros en trocha. 

Los dirigentes vecinales y la población organizada en el frente de defensa acusan directamente a Loiber Rocha Pinedo y a sus ex funcionarios de la situación precaria del distrito y el desfalco de los fondos del municipio. Elegido alcalde tres veces consecutivas desde el 2006, desde mayo está prófugo de la justicia tras la orden de prisión preventiva dictada por la Corte Superior de Ucayali.

Pero las obras inconclusas de saneamiento no son lo único que tiene a Rocha Pinedo con un pie en prisión. En el 2014, fue acusado junto a otros cuatro funcionarios del delito de colusión agravada. Ellos habrían sobrevalorado el costo de maquinaria pesada por S/2’003.520. Los vehículos adquiridos resultaron obsoletos. Y hoy también están abandonados.

En setiembre del 2015, la contraloría se pronunció sobre 19 de los 24 casos denunciados por el frente de defensa, al mando de Eli Santillán. El ente de control concluyó que, además de  las irregularidades relacionadas con el saneamiento de agua y desagüe, existían otros casos que ameritaban ser investigados como la construcción de un arco en el ingreso del distrito, el mejoramiento del puesto de salud y la compra de botes de madera. Hoy, las cuentas del municipio están congeladas por la contraloría hasta que terminen la auditoría que realizan.

—Un conflicto latente—
La violencia en Curimaná se desató en mayo, cuando los seguidores de Rocha Pinedo se atrincheraron durante semanas en el local municipal para evitar que Delsy Vera, la primera regidora, asumiera la alcaldía. Ya los regidores lo habían vacado del cargo. Hubo agresión contra los regidores de oposición, quienes hasta hoy dicen que reciben amenazas.  “Han dejado la municipalidad casi en ruinas. Y deudas millonarias. Solo en luz debemos pagar S/150.000”, dice Delsy Vera.  

La Defensoría del Pueblo considera a Curimaná un conflicto latente que podría explotar en cualquier momento. Por ahora están a la espera de la decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones sobre la vacancia.