Hay 49 comunidades nativas sin título expuestas a tala ilegal

Cinco meses antes de morir, el dirigente asháninka Edwin Chota Valera ya había recibido dos golpes descorazonadores en su afán por proteger las 80 mil hectáreas (ha) de bosque que Saweto reclama como su territorio. En dos resoluciones emitidas en enero y marzo por la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, dicha entidad negó su pedido para titular el área, pues se superponía a dos concesiones madereras dadas por el Estado en el 2002. Es decir, un año y medio antes de que Saweto fuera reconocida como comunidad en el Alto Tamaya.

Según la Dirección Regional Agraria de Ucayali, encargada de otorgar títulos de propiedad a las comunidades nativas, este problema de superposición territorial afecta a 49 poblaciones como Saweto. Su directora, Celia Prieto, afirma que como en cada caso la inclusión de las comunidades en el registro nacional se dio a partir de abril del 2003, su titulación dependerá de la voluntad del maderero para reubicarse en otra área.

“La concesión fue primero, pero por gestión de Lima, no de Ucayali. Nosotros tratamos de conciliar, pero si las partes no ceden, ¿los obligamos? A [Edwin] Chota le propusimos en agosto titular las 6 mil hectaáreas que quedaban fuera de las concesiones, pero no aceptó. Reclamaba 80 mil”, dice Prieto. 

En Ucayali hay 290 comunidades nativas, que ocupan 250 mil de los 10 millones 141 mil ha que tiene la región. El gobierno regional ha titulado a 226, mientras otras 15 esperan respuesta a su trámite para extender su territorio.

Rodil García Odicio, de la Asociación de Comunidades Nativas Asháninka de Masisea y Callería (Aconamac), informó que tres comunidades sin título y con concesiones superpuestas como Saweto tienen a sus dirigentes en guerra con las madereras. Estas son Nueva California del Shatañya, Nueva Amazonía de Tomajao y Cametsari Quipatsi, donde él vive. 

Traspaso de culpas

Marcial Pezo Armas, de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre, dijo no haber recibido denuncias de estas comunidades. No obstante, reconoció el desamparo que afrontan debido a la tala que, según él, es culpa del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), hoy Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Fue esa entidad la que otorgó 2 millones de ha de Ucayali a 177 concesionarios, sin contar a las comunidades que viven allí.

“Desde el 2008 hemos cerrado nueve concesiones porque no respetaban las áreas, pero el Poder Judicial decidió reabrirlas. Cuando recibimos una denuncia procuramos ir a la zona o pedir apoyo a Osinfor [Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre] en Lima, pero no siempre se da porque hay que viajar una semana por río, sin recursos ni seguridad”, afirma.

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