La vida en los márgenes del Perú: las zonas fronterizas que acumulan olvido y retraso

El mensaje por Fiestas Patrias que el presidente Martín Vizcarra leyó hace un año, el 28 de julio del 2018, tenía 36 páginas. En la 32, casi al final, decía: “Nuestras relaciones con los países de la región están en un gran nivel y seguiremos reforzando la integración y la cooperación bilateral con nuestros vecinos, focalizados en el desarrollo de las zonas de frontera a través de los gabinetes binacionales”. Esa fue la única mención a las zonas fronterizas, esas puertas de acceso al país que acumulan décadas de olvido y retraso.

En el mensaje de hace pocos días ante el Congreso –tuvo 24 páginas- no hubo mención alguna a las localidades fronterizas. La dirección del discurso estuvo enfocada, evidentemente, hacia la actual coyuntura política que afectará lo que resta del 2019. Eso no significa, sin embargo, que lo que ocurre en los límites del país deba pasar desapercibido.

-Las puertas abiertas-

Perú limita con cinco países: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, en una frontera que mide más de 7 mil kilómetros de largo. Es, por compararlo de alguna manera, la misma distancia que hay en línea recta entre Lima y el puerto de San Francisco, en California. En total, 84 distritos de 29 provincias, correspondientes a 9 regiones, tienen frontera con algún país vecino. En estos distritos viven 1 millón 412 mil habitantes, más del 4% de la población total del país. De estos, casi 280 mil son indígenas o pertenecen a pueblos originarios, según estadísticas del INEI.

Por poner un ejemplo de su alta demanda de atención,  mencionaremos los principales hechos reportados en localidades fronterizas en los últimos meses. Y para ello no es necesario ir muy atrás en el calendario: apenas tres días antes del mensaje, el 25 de julio de este año, la Presidencia del Consejo de Ministros promulgó el Decreto Supremo 136-2019-PCM, que declara en estado de emergencia por 60 días a las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto. Esto, a partir de un informe reservado de la IV Macro Región Policial Loreto, que señala el incremento de delitos como el tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, terrorismo y minería ilegal en el llamado Trapecio Amazónico, donde se juntan las fronteras del Perú con Colombia y Brasil.

Exactamente un año antes, en julio del 2018 (pocos días antes del mensaje por Fiestas Patrias), el presidente Vizcarra había aparecido en una foto tomada cerca de un pequeño avión del que acababa de descender en Güeppí, una localidad de la provincia de Putumayo. En primer plano, de espaldas, se veía a un grupo de hombres sentados en el piso y con las manos atadas. Ellos habían sido detenidos en un megaoperativo policial y militar contra el narcotráfico transfronterizo. De los 51 intervenidos, 40 eran colombianos. También se destruyeron cuatro laboratorios de droga. “Desde que tomamos conocimiento que en esta región de la selva peruana, en la frontera del Putumayo, teníamos problemas de seguridad por incursiones de ciudadanos de Colombia y Ecuador, se determinó la necesidad de una intervención”, dijo Vizcarra. Un año después, en julio del 2019, la nueva declaratoria de emergencia indica que el problema está lejos de ser resuelto. Dejar esta puerta abierta puede ser un problema mucho mayor en el corto plazo.

El Putumayo no es la única frontera que merece especial atención. También hace pocos días, el 20 de julio, el ministro de Defensa, Jorge Moscoso, junto a una delegación de funcionarios de varios ministerios, sobrevoló el sector de El Tambo, en la localidad de Cenepa, cerca del límite con Ecuador. Esta zona es permanentemente invadida por mineros ilegales, especialmente provenientes de Ecuador, que ingresan a suelo peruano ante la absoluta falta de vigilancia en los puestos militares de la frontera, y procesan el material en tierra ecuatoriana. Día tras día, las 24 horas, se detectan estos ingresos. La visita de Moscoso sirvió para preparar acciones de recuperación de estos territorios controlados por las mafias del oro.

En junio, la noticia estuvo en otra región limítrofe, Tumbes. Luego de que comenzara a regir el pedido de visa humanitaria y pasaporte para los migrantes venezolanos ingresar al Perú, desde el sábado 15 de junio, las autoridades de la región reconocieron que no se daban abasto para afrontar la situación. El gobernador regional Wilmer Dios dijo a este Diario que necesitaban “el doble de lo que tenemos” en cuanto a presupuestos. Sería difícil establecer cuál de las tres fronteras mencionadas merece la atención prioritaria.

-Los linderos del país-

En junio del 2018, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos, una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE). Uno de los funcionarios de RREE que trabajaron en el diseño de dicho plan contó a este Diario que, entre el 2014 y el 2015, recorrió diversas localidades ubicadas en los linderos del país, algunas casi inalcanzables geográficamente, para analizar su situación en persona. Encontró que cada una tiene sus particularidades: a la zona de El Estrecho, en Loreto, se debe viajar durante 26 días por río. A Masisea, en Ucayali, solo se puede acceder en embarcaciones pequeñas y durante breves períodos de tiempo al año, debido a la fuerza del cauce. A Purús solo se puede acceder en avioneta. Al Cenepa se accede en bote y, durante varios días, a pie. “En esas zonas no faltan servicios, simplemente no los hay”, cuenta. El funcionario incluso encontró casos de personas que nacieron en Perú, que habitan caseríos ubicados sobre los márgenes del país y que tienen chacras
y áreas de cultivo en suelo peruano, pero que por necesidad han tramitado su residencia y sus documentos de identidad en el país vecino.

Luego de que Relaciones Exteriores realizara aquella especie de diagnóstico, se decidió designar 12 áreas críticas de atención, las que figuran en este mapa.

Analizados a detalle, algunos índices de desarrollo en estas  localidades son realmente deprimentes. En las localidades amazónicas de Santiago, Comaina, Morona, Yaquerana, Tamaya, Yurúa y Napo prácticamente el 100% de la población vive sin acceso a servicios de comunicación, es decir no tienen teléfono y mucho menos internet, pero tampoco vías de acceso fácil. El servicio a agua potable arroja resultados similares. En dos de las mencionadas, Napo y Comaina, menos del 6,5% de los habitantes tienen secundaria completa. Es decir, son situaciones realmente críticas.

El embajador Juan del Campo, titular de la dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza de la Cancillería, resume con una frase el esfuerzo que implica atender poblaciones tan alejadas, tan necesitadas y tan atrasadas. “Las fronteras no son homogéneas, por lo tanto tiene que haber para estas un tratamiento diferenciado. Si uno está aislado, no va a tener futuro”, explica. Esta disparidad se podría señalar con un juego de estadísticas: toda la población de los 84 distritos fronterizos apenas un poco mayor que la del distrito limeño de San Juan de Lurigancho (1 millón de personas), pero solo el distrito ucayalino de Purús, en la frontera con Brasil, tiene un área mayor a San Juan de Lurigancho. En otras palabras, hay muy poca densidad poblacional en territorios incomensurables. Agrega Del Campo: “Nunca antes el Estado Peruano ha tenido una política coherente para el desarrollo de sus fronteras, que son el ingreso al país”.

El plan aprobado en el 2018 incluye, entre otros aspectos, la creación de módulos de desarrollo e integración que se enfoquen en atender a las poblaciones a su alcance, así como el fortalecimiento de los flujos aéreos, terrestres y fluviales. Si el problema son las distancias, la solución está en la conectividad. Con ello, quizá los futuros mensajes presidenciales por Fiestas Patrias puedan mencionar los avances y mejoras en estas zonas absolutamente críticas, en estas puertas del país.

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