Mónica Lizbeth Acuy, de 34 años, murió al lado de la cuna donde dormían sus mellizos de 1 año y 4 meses. Los dos estaban despiertos para cuando llegó la policía. Mónica fue acuchillada por su esposo Marco Antonio Díaz Nortiel, de 45 años, en su casa ubicada en El Callao. Según la policía, los niños vieron todo. Incluso cuando el feminicida intentó suicidarse. Ocurrió el 28 de febrero.
Con este caso se cerró el registro de feminicidios de febrero. Según el MIMP, en enero se contabilizaron 19 feminicidios. La Defensoría del Pueblo estima que, en lo que va del año, ya se superan los 30 casos. Lamentablemente, estos números seguirán creciendo. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo para disminuir los casos de violencia de género? A continuación, detallamos algunos puntos.
Más recursos
Una de las medidas más resaltantes respecto a la lucha contra la violencia de género es el aumento del presupuesto para los sectores involucrados en esta tarea. Ello se evidencia si comparamos lo destinado del presupuesto general en el 2017 (S/136’353.247) con lo dispuesto para inicios de este año (S/573’615.808). La diferencia se estableció desde el 2018, año en que se creó la comisión multisectorial de emergencia tras el asesinato de Eyvi Ágreda. Además, se estableció involucrar a más sectores en esta lucha. Antes, solo dependía del MIMP.
¿En qué se han invertido estos recursos? Daniela Viteri, jefa de la Dirección General contra la Violencia de Género del MIMP, detalla que en el 2018 se asignaron S/59 millones adicionales para la elaboración y ejecución del Plan de Acción Conjunto (PAC), que establece las acciones por realizar por cada entidad. “En Justicia se dio el decreto legislativo para establecer el sistema de justicia especializado que no podía funcionar sin presupuesto. Se le dieron recursos al Ministerio Público para la compra de cámaras Gesell, y a Educación para capacitación a los maestros y para destituir a los docentes involucrados en temas de violación sexual”, refiere Viteri.
En ese año se priorizaron los recursos para fortalecer las medidas de protección ejecutadas por la policía para que puedan hacer visitas domiciliarias continuas y se crearon más centros de salud mental.
Para el 2019, el dinero destinado al PAC fue histórico: S/200 millones. Según el MIMP, el dinero se priorizó en la creación de ocho módulos judiciales integrados de atención de violencia contra las mujeres en cinco regiones. Además, se incrementó la cobertura de los CEM en comisarías (son 150). Se continuó con acciones de prevención como Hombres por la Igualdad y lo iniciado en el 2018 siguió funcionando.
Además, destaca la publicación de normas como la ley del acoso sexual y la actualización de la ficha de valoración de riesgo, una herramienta vital para identificar casos de violencia contra las mujeres.
Lo que falta
En los últimos cuatro años, no solo creció el presupuesto, también los casos de feminicidios. La cifra pasó de 121 en el 2017 a 166 en el 2019. En enero de este año, ya se han registrado 19. ¿Qué está fallando?
Un estudio del Banco Mundial, realizado en el 2019, concluye que uno de los problemas es que solo se destina el 20% de los recursos para prevención y la mayoría se gasta en actividades de atención y protección. Además, indica que lo destinado a prevención no ha sido focalizado, sino que cada entidad ejecuta de manera independiente los recursos.
La adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, asegura que el enfoque preventivo es el camino que deben seguir las políticas para luchar contra la violencia de género. Por ello, destaca que se haya dado un programa presupuestal multisectorial orientado a resultados para este año. Sin embargo, critica que no haya una coordinación entre las entidades a cargo para ejecutar las acciones planteadas. “Ha habido problemas que se han identificado entre los juzgados y las fiscalías especializadas, por ejemplo. No estaban trabajando en conjunto. ¿Cómo bajamos la violencia si priorizamos zonas distintas donde trabajar?”, precisa.
Para el investigador de Grade Wilson Hernández, se debe analizar si los recursos han sido efectivos y si sus resultados han tenido un impacto probado. “Se ve a la capacitación de operadores de justicia como la salida a los temas de género. Sin embargo, estas son masivas, rutinarias y no abordan el cambio de estereotipo que afecta a las víctimas”, dice.
El investigador enfatiza que es necesario fortalecer el enfoque de género desde un nivel preventivo como la educación para que desde la escuela se tejan relaciones igualitarias y se establezca una formación masculina más sana, lejos del machismo.
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