Dos comunidades asháninkas del Vraem esperan agua potable

Potsoteni es una comunidad asháninka ubicada en la cuenca del río Ene, en Pangoa, Satipo, Junín. Tiene poco más de 600 habitantes, pertenece al Vraem y en la zona no hay agua potable. La población depende del río, que a partir de noviembre llega siempre cargado y turbio, jalando tanto el barro como los insumos que usan los narcotraficantes, en lo alto de la quebrada, para macerar la cocaína. Los peces que quedan en el río nadan en agua con permanganato de potasio, acetona, cal, cemento y combustible.

La población pesca ya muy poco. La mayoría de familias opta por criar algunas aves de corral y si los niños llegan a comer pescado, es el atún enlatado que les brinda el programa Qali Warma. Complementan la dieta, principalmente con coco, plátano, mango, yuca, algo de maíz, lentejas y arroz.

Así lo señala Elba, de 33 años, quien sirve las raciones. “Antes los papás pescaban carachama, punchi, barbón del río de Potsoteni. Ya no”, dice.

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Potsoteni cuenta con la débil señal de una operadora telefónica y los miembros del comando conjunto de las Fuerzas Armadas han sido por mucho tiempo la principal presencia del Estado ahí. La gente convive con los soldados y se organiza en comités de defensa o ronderos.

No es poco común ver a alguien con el atuendo tradicional de la comunidad portando un rifle y aguaitando por la ventana de la escuela inicial, mientras los niños ensayan un baile.

Hasta el pasado viernes 11 de octubre no había siquiera un cajero del Banco de la Nación ni un puesto del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Potsoteni. Así que muchos de los pobladores vivían indocumentados y sin la posibilidad de acceder a programas sociales.

A la comunidad solo se puede llegar por aire o por río. Así que el pasado viernes 11 de octubre, cuando la población se enteró de que recibirían a cuatro ministros de Estado, la mayor parte de ella fue al helipuerto para verlo con sus propios ojos.

Ahí estaban Jorge Meléndez, de Inclusión y Desarrollo Social; Zulema Tomás, de Salud; Rodolfo Yáñez, de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Fabiola Muñoz, de Ambiente. Acudían a inaugurar la Plataforma de Servicios “Tambo Potsoteni”, desde la cual iban a poder acceder a los servicios del Reniec y el Banco de la Nación.

La población se los llevó para aplicarles el maquillaje tradicional y aprovechó para enseñarles la posta médica que tenían, donde solo atendían una obstetra y dos técnicos. Estos también buscaban el momento de hacerle un pedido a la ministra de Salud: “necesitamos que nos den ‘ambulanchas', porque las comunidades están a distancias de dos horas por río”.

“Vamos a traer médicos especialistas todos los meses. Esta vez hemos traído neumólogos, pediatras, ginecólogos y oculistas”, dijo Tomás durante la visita. Les adelantó que se encontraba coordinando con el alcalde de Potsoteni la construcción e implementación de un nuevo centro de salud con especialistas.

"Hay mucha necesidad. La anemia, que afecta a más del 65% de la población, y la desnutrición crónica son las principales patologías. Pero también hay muchas enfermedades dérmicas, oculares y parasitarias, que afectan el sistema digestivo”, explicó a este Diario.

En el tambo también hubo personal de la Digesa, que fue a enseñar procesos artesanales de potabilización del agua. “Algunas personas sospechan del agua porque tiene un sabor distinto por el cloro. Por eso cuando hago la demostración, tomo un vasito para que no crean que van a envenenarse”, contó uno de los funcionarios. Aseguró que Digesa dejaría a la red de salud de Satipo 28 kits de potabilización del agua (vía hipoclorito de sodio, alumbre y filtros).

“Necesitamos consumir agua potable para derrotar la anemia y la desnutrición”, reiteró el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez. E insistió en que en este gobierno no había “ciudadanos de segunda o tercera categoría" y que todos merecían el acceso a los servicios básicos.

Yáñez, de Vivienda, se comprometió a ejecutar un proyecto para dotar al pueblo con 90 conexiones domiciliarias de agua y desagüe.

Los escolares y maestros también se acercaron a los ministros para pedirles que hicieran llegar sus pedidos al sector Educación. “En la escuela tenemos algunas computadoras, pero necesitamos más. Y en otros pueblos escuchamos que tienen internet. Nosotros también queremos saber qué es eso del internet”, dijo una adolescente.

Asimismo, pidieron la reconstrucción de la escuela, pues las aulas fueron construidas por la misma población con los recursos que tenían, como tablones de madera, salvo un salón, que fue donado por el municipio y es de calamina. En la zona la temperatura alcanza fácilmente los 37° C. “El techo de calamina hace que nos dé mucho calor. Además, las paredes de las aulas son delgadas y podemos escuchar lo que hablan en la otra clase. Así no podemos concentrarnos. ¡Queremos una escuela de verdad!”, añadió la menor.

La ministra de Ambiente llegó con la intención de trabajar con fuerza el tema del reciclaje segregado y el mejor manejo de los residuos orgánicos, sobre todo aquellos que producen los programas sociales. Los miembros de la comunidad la escucharon y aceptaron sus propuestas. Pero recordaron también que los principales contaminantes son los insumos químicos con los que se procesa la cocaína, que son vertidos a las quebradas.

Por eso, los dirigentes de la comunidad pidieron a los ministros la erradicación de la coca en esa zona del Vraem. Ese día, más tarde, los ministros viajaron a la comunidad asháninka de Shimabenzo, en el distrito de Río Tambo, también en Satipo. Allí escucharon el mismo ruego.

En Shimabenzo ni siquiera llega la señal telefónica. No hay posta médica y el líder de la comunidad asegura que la tasa de muertes maternas es altísima.

Acá también se siente fuerte la violencia derivada del narcotráfico: los intentos de invasión y amenazas, dicen, son constantes. Por eso, en agosto pasado los dirigentes de Shimabenzo y las otras 48 comunidades asháninkas de Río Tambo pidieron al Comando Conjunto de las F.F. A.A. más apoyo para la renovación de su armamento.

“Nuestros comités de autodefensa mantienen su compromiso de combatir la violencia que se deriva del cultivo de ilícito de coca vinculada al narcotráfico y que financia al terrorismo. Por eso pedimos al Comando Conjunto que nos brinde apoyo real renovando las escopetas deterioradas y facilitando municiones. Con este equipamiento nos comprometemos a defender la integridad de nuestro territorio”, dijeron los dirigentes.

Ese viernes, gracias a un proyecto promovido por Devida, los comuneros inauguraron algunas piscigranjas.

—Violencia terrorista—

Las comunidades asháninkas fueron muy golpeadas por Sendero Luminoso en la década de los 80. En esa época, calcula el Midis, la población en el Vraem ascendía a 55 mil personas.

De ese total, 6 mil fueron asesinados, 5 mil permanecieron cautivos y 10 mil se vieron desplazados. Además, desaparecieron entre 30 y 40 comunidades.

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