No difamen a mi persona. Crónica de Fernando Vivas sobre la última amenaza del Congreso

Por supuesto, la propuesta de ‘ley mordaza’ excede al Congreso y a la prensa. Hay mucha difamación e injuria impunes en redes y plazas. El discurso de odio enarbolado por algunos políticos suele incluir delitos contra el honor de sus pares; cruces de chavetas que se normalizan sin llegar a los tribunales (las querellas por estos delitos no las investigan los fiscales, las atienden directamente los jueces). Pero no es por frenar ello que surge esta iniciativa, ¿qué va? Todo en este proyecto, la oportunidad, la correlación, el hecho de que existan alrededor de 30 congresistas investigados y otros tantos cuestionados; apunta a que se trata de un ataque a los mensajeros de sus verdades. Si se suma a los imputados de delitos, a los sospechosos de trapacerías y a los que no soportan críticas, ahí está la mayoría simple que, sin debate, dio una primera votación favorable al proyecto: 68 a favor. Hubo mucho ausente que silbó al costado.

Mira: Conoce las claves del proyecto que busca elevar penas a delitos contra el honor.

No hay casos actuales de congresistas querellando a periodistas o a ciudadanos en general. Pero sí hay constantes amenazas de querellas, algunas con carta notarial, una modalidad simbólica (no tiene ningún efecto penal), pero que da a entender al querellado que si querellante ha ido donde un notario a que le ponga un sello a su amenaza, podría ir a un juzgado a interponer la querella.

El caso más notorio de los últimos tiempos, y que sin duda ha sido inspirador para Perú Libre, lo protagonizó el presidente de un partido con bancada en el Congreso. César Acuña, líder de APP y hoy gobernador de La Libertad, querelló a Christopher Acosta, autor de la biografía crítica “Plata como cancha” (Aguilar, 2022). En un fallo insólito, la primera instancia condenó a Acosta con argumentos que consideraban difamante que el autor citara denuncias publicadas en otros medios, pero sobre cuya veracidad se presumía que él no tenía certeza. Los poderosos atraen fallos de ese tipo, pues. Ah, por cierto, 10 apepistas votaron a favor del proyecto; pero, ante las críticas, varios, como Lady Camones, han anunciado su cambio de opinión. También cambió de parecer el propio Acuña cuando retiró su demanda a Acosta tras su pírrico triunfo en primera instancia.

Citaré un antecedente cuya conexión con el Congreso a muchos ha pasado desapercibida. Si hubo un fallo más polémico e impactante que aquel contra Acosta, o que aquel que consiguió el narco Fernando Zevallos contra Sally Bowen y Jane Holligan en el 2005; fue la condena a Magaly Medina en el 2008 a prisión efectiva por haber presuntamente difamado a Paolo Guerrero (luego les explico el porqué de mi ‘presunción’). Aunque la ley lo permite, es casi una tradición inviolable el no dar carcelería por delitos con penas que no exceden los 4 años. Pero la jueza María Teresa Cabrera, dio la sorpresa nada menos que contra una estrella de la televisión. La agarró tan desprevenida que ni siquiera estaba acompañada en la audiencia oral, de su abogado César Nakazaki.

Mira: Ay Dina, los militares. Crónica sobre el último apuro presidencial.

¿Saben que sucedió después con la jueza Cabrera? Se afilió a Podemos y consiguió una curul en el congreso complementario del 2020. La autora de la histórica sentencia de cárcel por difamación, acabó en el partido de José Luna Gálvez, el líder que, para decirlo elegantemente, suele barajar sus intereses e influencias en diversos poderes del Estado. Usé el término presunción al hablar del caso Paolo Versus Magaly porque, por lo menos, podría decirse, más allá del brinco político de la severísima jueza; que las polémicas estrategias de defensa de Guerrero ante fueros deportivos y judiciales cuando enfrento su sanción de suspensión por hallársele sustancias prohibidas en la sangre; facultan a una revisión histórica de la sentencia. Ojo, el caso es cosa juzgada y Magaly se comió se condena y su cana; pero nada está cerrado para el análisis.

El Congreso lleva algunos meses con un dígito de aprobación. Su desprestigio es tan grande que, para los medios, es casi un género informativo analizar sus dispendios, sus farsas representativas, su disfuncionalidad. ¿Cómo no investigar a los congresistas improvisados que desmontan reformas que han costado quinquenios de meritocracia en el Estado? El propio Gonza, que sustentó el proyecto como presidente de la Comisión de Justicia, es señalado por el Ministerio Público como parte de una presunta red criminal que cobraba por ascensos en la PNP. ¿Nos va amedrentar con un proyecto de elevar penas por decir la mera verdad, o sea, que la justicia lo investiga?

Mira: Más de 70 periodistas fueron denunciados desde el 2019.

Ya con las penas como están, muchos hemos sido querellados por decir cosas que sonaron muy mal a los querellantes. En algunos casos fueron verdades dichas con encono, o imprecisiones, o confusiones. En todos los casos hay protocolos que permiten la rectificación y siempre está abierta la vía de la conciliación. Yo he recibido 5 querellas, todas relacionadas a mi trabajo periodístico. No fui condenado en ningún caso. En dos de ellas, promovidas por políticos peleoneros, me sentí enredado en sus tramas ‘conspiranoicas’ y solo perdimos tiempo, ellos y yo, hasta que los casos prescribieron.

No tiene sentido aumentar penas para promover querellas que, en el caso de ser justas, se pueden resolver con rectificaciones y conciliaciones. Si los congresistas lo hacen es por puro afán autoritario de contener al mensajero y de alimentar este afán perverso de judicializar nuestras diferencias. Para remate, si los parlamentarios incurren en difamación, dirán que es delito cometido en el fragor de su función fiscalizadora y tendrán inmunidad. Han quedado al desnudo y estamos advertidos.