Manuel Merino, presidente del Congreso y miembro de Acción Popular, fue quien anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para eliminar el voto de confianza para un nuevo Gabinete. (Foto: Renzo Salazar/Grupo El Comercio)
Manuel Merino, presidente del Congreso y miembro de Acción Popular, fue quien anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para eliminar el voto de confianza para un nuevo Gabinete. (Foto: Renzo Salazar/Grupo El Comercio)
René Zubieta Pacco

Una conferencia de prensa sobre iniciativas legislativas para fortalecer a los gobiernos locales fue el escenario de un sorpresivo anuncio dado la mañana del miércoles por el presidente del Congreso, . El legislador adelantó que su bancada, (AP), alista un proyecto de ley para reformar el artículo 130 de la Constitución y “suprimir la cuestión de confianza que debe de plantear el Consejo de Ministros cuando inicia su gestión”.

Ricardo Burga, vocero alterno de la bancada, comentó a El Comercio que es él quien redacta el proyecto, cuyo borrador espera tener listo este jueves. La propuesta ha generado sorpresa y, en algunos casos, desconfianza entre miembros de distintas bancadas, según pudo conocer también este Diario.

Su anuncio se da solo poco después de que el país viviera una crisis política en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Esto a raíz de que el Congreso de la República —donde Acción Popular es la principal fuerza política— , originando la recomposición del mismo bajo el liderazgo de Walter Martos, quien finalmente sí obtuvo la aprobación del Legislativo.

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Manuel Merino dijo que Acción Popular busca eliminar el voto de confianza. (Video: Congreso)


Detalles de la iniciativa

Cuando respondía a consultas de la prensa en torno a otros temas, Merino comunicó que la medida era el resultado de una reunión con parte de su bancada. Según explicó, se busca evitar una crisis como la generada a raíz de la negativa de confianza al Gabinete de Cateriano. Afirmó, además, que la confianza hacia los ministros “es la absoluta responsabilidad del presidente”.

Por su parte, Burga detalló que la idea es retornar a lo que establecía la Constitución de 1979: que la política general de Gobierno sea expuesta por el primer ministro y luego debatida, pero sin dar lugar a una votación. En cambio, la Carta Magna de 1993 si obliga a plantear una cuestión de confianza al Ejecutivo.

Así, de aprobarse la reforma, un Gabinete Ministerial acudiría al Parlamento al inicio de su gestión para exponer la política del Gobierno y su plan de trabajo, mientras que los congresistas solo debatirían el asunto y harían preguntas sin necesidad de someter al voto la presentación del Consejo de Ministros o aprobarlo.

Constitución Política de 1979. (Captura)
Constitución Política de 1979. (Captura)
Constitución Política de 1993, actualmente vigente. (Captura)
Constitución Política de 1993, actualmente vigente. (Captura)


Posturas parlamentarias

Merino dijo que Acción Popular buscará el consenso con las demás bancadas y estimó que se necesitará el respaldo de al menos seis de ellas. Ello porque la aprobación de una reforma constitucional a través de dos legislaturas ordinarias consecutivas requiere 87 adhesiones en sendas votaciones.

“Esperemos que podamos dejarlo en este período. Creo que sería sumamente importante”, mencionó al recordar que el Parlamento está ya de salida.

En tanto, de acuerdo a Burga: “No tiene mucha lógica que si el presidente de la República escoge un Gabinete y los juramenta, el Congreso los pueda vetar o no darle el voto de confianza”.

Tal sustento llamó la atención de Zenaida Solís, congresista del Partido Morado, pues consideró -a título personal- que bajo esa perspectiva Acción Popular pudo haberle dado el voto de confianza a Cateriano. De 23 legisladores de esta última bancada, 12 se abstuvieron, 7 votaron en contra y 4 lo hicieron a favor.

“Lo escuché y me sorprendió verdaderamente”, agregó Solís sobre la conferencia de Merino. En su lectura, el voto de confianza a un Gabinete es parte del equilibrio, respeto y comunicación que debe haber entre el Ejecutivo y el Parlamento. Por tanto, consideró que el hecho de que tal institución haya dado lugar a “ocasiones desafortunadas” no tiene que necesariamente implicar una reforma constitucional de ese tipo.

“Habría que estudiar, ver pros y contras. No apresurarse […] Este tipo de temas requiere calma. La Constitución no se tiene que mover al antojo de nadie”, sentenció la parlamentaria.

Ricardo Burga, congresista de Acción Popular, comentó a El Comercio que es él quien está redactando el proyecto de reforma constitucional para eliminar el voto de confianza a un Gabinete. (Foto: Congreso)
Ricardo Burga, congresista de Acción Popular, comentó a El Comercio que es él quien está redactando el proyecto de reforma constitucional para eliminar el voto de confianza a un Gabinete. (Foto: Congreso)

Para Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular, es “atípico” que Merino haya realizado el anuncio, pues es presidente del Parlamento y no vocero de su bancada. Aunque indicó que esperará a conocer el texto propuesto, adelantó dos posibles lecturas.

La primera, comentó, apunta a facultar al Ejecutivo a ejecutar sus políticas sin aval del Congreso. La segunda sería no querer asumir los costos políticos de negarle la confianza a un Gabinete nuevo. “¿Cuál de ellas es la que ha guiado este proyecto de ley? No lo sé. Tendríamos que ver la exposición de motivos, si es que está bien sustentada”, refirió.

José Vega, portavoz de Unión por el Perú (UPP), manifestó que su bancada desconoce de la propuesta. Y aunque añadió que esta debe ser evaluada, sostuvo: “Por ahora, creo no es una prioridad. Hay otras. Tenemos una emergencia en el país, un problema grave de sanidad y de reactivación económica mal dirigida”.

Aron Espinoza, uno de los voceros alternos de Podemos Perú, señaló que su bancada no ha conversado del tema, pues recién se iba a reunir la noche del miércoles. Pero a título personal consideró que “se debe respetar los controles políticos que tiene el Congreso, y uno de ellos es la cuestión de confianza, porque se puede designar a ministros que de repente están interpelados o investigados”.

Una postura similar tuvo Rocío Silva Santisteban, portavoz alterna del Frente Amplio, quien dijo que desde Acción Popular no se le han acercado a conversar de la iniciativa y agregó desconocer si hay algún diálogo con colegas de su bancada.

“Esto nos ha sorprendido, no lo hemos conversado”, indicó. Sin embargo, opinó que el voto de confianza a un nuevo Gabinete “es un diálogo importante con el Legislativo”.

¿Desde cuándo trabaja Acción Popular su propuesta? Burga explicó: “Este es un proyecto que inclusive se retomó a propuesta del expresidente [Valentín] Paniagua y del excongresista [Víctor Andrés] García Belaunde en su momento. Después del tema de Cateriano, hemos estado revisando la documentación, nos encontramos con esto, nos pareció una buena idea y la estamos llevando a cabo”.

Congreso no otorgó el voto de confianza al gabinete de Pedro Cateriano


Perspectivas constitucionales

El constitucionalista Natale Amprimo subrayó que en el sistema presidencialista peruano el voto de confianza no tiene sentido y es “una figura un poco decorativa”, porque es el mandatario quien inviste a los ministros.

“Es una figura que es propia del régimen parlamentario. En rigor, los ministros no tienen una investidura de parte de Congreso, porque quien los elige es el presidente, juran ante él y le deben lealtad […] Ese voto inicial de confianza, mal llamado de investidura, no inviste nada porque el ministro ya está en funciones. Y no genera ningún tipo de mayoría en el actuar del Parlamento respecto del Gobierno”, detalló.

En esa línea, su colega Víctor García Toma apuntó que la política general presentada ante el Congreso no es la del presidente del Consejo de Ministros, sino del presidente de la República.

Aunque consideró que se trata de una “muy buena propuesta”, sostuvo que la iniciativa será positiva solo si no se desvirtúa del ámbito específico propuesto, pues eliminar la cuestión de confianza en general “establecería un desbalance en el equilibrio de poderes”.

“El temor parlamentario se combate con la eficiencia parlamentaria. Cuando se absuelven cuestiones de confianza con responsabilidad política, no hay temor que deba asumirse”, apuntó.

La más reciente crisis en torno al voto de confianza a un Gabinete se vivió en el 2014, cuando el colegiado presidido por Ana Jara pasó por tres votaciones para lograr la aprobación del Congreso. (Foto: Rosario Seminario/ Archivo El Comercio).
La más reciente crisis en torno al voto de confianza a un Gabinete se vivió en el 2014, cuando el colegiado presidido por Ana Jara pasó por tres votaciones para lograr la aprobación del Congreso. (Foto: Rosario Seminario/ Archivo El Comercio).

El también constitucionalista Óscar Urviola arguyó que el espíritu de la obligatoriedad de solicitar el voto de confianza es que a través de este se establece un acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo para desarrollar y concretar la política general de Gobierno.

Empero, afirmó que la propuesta es debatible. “Que no se otorgue la confianza genera una crisis ministerial y para el Parlamento, en la medida en que esta negativa no sea en el último año de gobierno, podría sumarse para una eventual disolución en caso se niegue la confianza por segunda vez”, señaló.

Bajo esos términos, advirtió que si solo se elimina la obligatoriedad de voto de confianza para un nuevo Gabinete no habría consecuencia para otras cuestiones de confianza que pueda solicitar el Ejecutivo sobre alguna iniciativa y que, incluso, puedan implicar la disolución del Congreso.

Así, sugirió que en vez de que exista obligatoriedad de pedir el voto de confianza para un nuevo Gabinete, quede en la voluntad del primer ministro solicitarla en su presentación.

“En todo caso que el Ejecutivo considere, cuando va al Congreso para plantear las políticas generales de gobierno el presidente del Consejo de Ministros recién asumidas sus funciones, si plantea una cuestión de confianza o no. Es decir, que sea voluntaria, no obligatoria. En ese sentido puede ser la modificación”, concluyó.

DATO

Como una de las medidas a partir del 2021, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política recomendó en su informe final, de marzo del 2019: “Se elimina la cuestión de confianza obligatoria, también llamada investidura, impostada en el presidencialismo peruano”.

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