Este domingo se cumplen 28 años del último quiebre del sistema democrático en el Perú. En la noche del domingo 5 de abril de 1992, millones de peruanos escucharon con asombro el sorpresivo anuncio que hizo el entonces presidente Alberto Fujimori.
En un mensaje a la Nación televisado, el desconocido ingeniero que ganó las elecciones del 1990 y que llevaba solo 20 meses en Palacio de Gobierno pronunciaba una frase que ha pasado a la historia: “Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República”.
Efectivamente, el mandatario de 53 años anunció su llamado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, que no era otra cosa que el inicio de una dictadura que finalizaría ocho años más tarde con graves acusaciones de corrupción y violación de los derechos humanos. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Alberto Fujimori no solo se cerraba el Parlamento, sino también intervenía el Poder Judicial, bajo el pretexto de lograr una "honesta y eficiente administracion de justicia”.
Además, suspendía derechos constitucionales y ordenaba el arresto de los políticos opositores.
1- Medidas inconstitucionales
En ese discurso emitido a las diez de la noche, Fujimori, quien aparecía delante de un mapa del Perú y al lado de una bandera peruana, no solo anunció el cierre del Legislativo y la intervención del Poder Judicial, sino también dio a conocer otras medidas igual de inconstitucionales como la reorganización total del Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura (hoy reemplazado por la Junta Nacional de Justicia) y el Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy Tribunal Constitucional).
Igualmente, anunció la reestructuración total de la Contraloría General de la República con el objeto de lograr -según él- “una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública”.
2- Acciones dictatoriales
Mientras Alberto Fujimori leía su discurso en Palacio de Gobierno, tanques y tropas del Ejército, Marina y Fuerza Aérea se desplazaban no solo a las sedes del Legislativo y de las otras instituciones que se iban a intervenir para tomar el control, sino también a los locales de los medios de comunicación.
Ingresaron a los periódicos, canales de televisión y emisoras de radio para obligar a que no se difunda nada de lo que estaba ocurriendo en las calles y tratar de controlar la forma en que se informaba la decisión de interrumpir el régimen democrático,
Las tropas también se instalaron en los locales de los partidos políticos de oposición y de los gremios laborales como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). La idea era neutralizar cualquier atisbo de protesta. Esa noche y al día siguiente los militares desplegaron un completo control sobre todo aquello que podía oponerse al golpe de estado.
El presidente del Senado, Felipe Osterling fue detenido y mantenido bajo arresto domiciliario luego del discurso de Alberto Fujimori. El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar, corrió la misma suerte y quedó preso en su propia casa.
Al día siguiente, algunos congresistas llegaron hasta la vivienda de Osterling, pero los uniformados impidieron violentamente que entraran a la casa. Más tarde, el titular del Senado pudo salir y se dirigió al Congreso, pero no solo le negaron el ingreso sino que fue golpeado por los policías que resguardaban las instalaciones del Parlamento.
Los senadores y diputados que habían sido despojados de sus cargos intentaron reunirse en el local del Colegio de Abogados de Lima, pero las fuerzas del orden no lo permitieron. Los parlamentarios fueron repelidos con brutalidad.
También fue agredido violentamente Raúl Ferrero Costa, entonces decano del Colegio de Abogados de Lima, cuando intentó ingresar a su institución. Así lo registran las imágenes que se vieron por televisión.
3- Secuestro de periodistas
Durante el autogolpe, el periodista Gustavo Gorriti, entonces corresponsal del diario El País de España, fue detenido en su domicilio por un grupo de militares y conducido a la sede del entonces Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en las oficinas del Pentagonito. Lo acusaban de poseer información clasificada que comprometía la seguridad nacional.
Gracias a la presión internacional, Gorriti tuvo que ser liberado. Este secuestro fue uno de los motivos por el que años más tarde el Poder Judicial condenó a Fujimori a 25 años de cárcel. Las otras causas de esa sentencia fueron los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta.
4- San Román presidente
Como los miembros del disuelto Congreso ya no podían entrar en el Palacio Legislativo empezaron a reunirse en la sede del Colegio de Abogados de Lima. Allí declararon la vacancia de Alberto Fujimori y nombraron al entonces vicepresidente de la República Máximo San Román como presidente constitucional del Perú.
Felipe Osterling tomó juramento al empresario cusqueño el 21 de abril de 1992, Luego, San Román se colocó la banda presidencial que le prestó el expresidente Fernando Belaunde Terry. La breve ceremonia se efectuó en el auditorio del citado colegio de abogados ante unas 300 personas mientras que en Palacio del Gobierno Alberto Fujimori indicaba que no daría marcha atrás,
“Asumo el cargo en situación muy difícil para nuestro pueblo con el propósito de prevalecer la verdad sobre la mentira, la razón sobre la fuerza, y la democracia sobre la dictadura”, pronunció San Román en su juramentación.
San Román hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para deponer a Fujimori, pero no le hicieron caso. No recibió apoyo de la población y su mandato tampoco fue reconocido por la comunidad internacional.
5- Respaldo popular
En su momento, el autogolpe contó con un amplio apoyo de la población. Entonces el Congreso estaba muy desprestigiado por sus constantes escándalos. A los días del mensaje que dio Fujimori, la encuestadora Apoyo publicó un sondeo hecho en Lima. Los resultados eran contundentes: el 71 % aprobaba la disolución del Congreso y el 89 % estaba de acuerdo con la reestructuración del Poder Judicial.
De allí que no hubo una reacción masiva en contra del autogolpe y las protestas de los políticos de oposición no tuvieron eco en la población. Por ello San Román no recibió el respaldo que esperaba. Además, las instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos reconocieron al nuevo gobierno de Fujimori.
6- Pretexto para el golpe
El contexto que se vivía a inicios de 1992 estaba marcado por una aguda crisis económica, herencia del primer gobierno de Alan García, y por la ofensiva terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA, que mantenía en constante zozobra a Lima y a todo el interior del país. A esa dramática situación se sumaba un impopular Congreso con una mayoría que se oponía a las propuestas legislativas del Ejecutivo. Justamente esta oposición fue el pretexto que utilizó Fujimori para justificar el golpe.
El inicio del gobierno de Fujimori estuvo signado por enfrentamientos con un Legislativo, donde su partido Cambio 90 no tenía mayoría. Los decretos legislativos que emitió para fortalecer al Ejecutivo y potenciar el rol de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el terrorismo no fueron aceptados por el Parlamento. Por eso, la explicación que dio para cerrar el Congreso era que este obstruía las leyes necesarias para la recuperación económica y la lucha contra la subversión.
7- Congreso Constituyente
Una de las consecuencias del autogolpe, y con el manifiesto respaldo de la OEA, fue la convocatoria de elecciones en noviembre 1993 para una Congreso Constituyente Democrático (CCD). La agrupación Cambio 90-Nueva Mayoría de Fujimori obtuvo el 49% de los votos, lo que le dio el control de ese Congreso constituido por 80 miembros.
Ese congreso sacó adelante una nueva Constitución que reemplazó a la Carta Magna de 1979 y permitía una reelección presidencial inmediata, lo que fue clave para que Fujimori permanezca en el poder. Igualmente, ese CCD estableció un Congreso unicameral y limitó el rol empresarial del Estado.
De otro lado, el control casi total del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal de Garantías Constitucionales y gran parte de los medios de comunicación permitieron la implementación de un siniestro sistema de corrupción liderado por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
8- Niega que fue un golpe
Cuando el autogolpe cumplió 22 años, el ahora inquilino del penal Barbadillo escribió una carta pública en la que aseguró que lo sucedido en 1992 “no es exacto que fue un golpe de Estado”. En esa misiva refirió que tampoco fue “un día funesto para la institucionalidad democrática”.
“Las desastrosas condiciones políticas, económicas y sociales que encontré en 1990 obligaron a mi gobierno tomar medidas excepcionales cuyo único y fundamental propósito era la preservación del Estado de Derecho y la Democracia en el Perú”, escribió Alberto Fujimori tratando de justificar el evidente rompimiento del orden constitucional, el último de nuestra historia republicana, que hoy cumple 28 años.