La situación de Pedro Castillo y sus aliados dos años después del golpe de Estado

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A inicios de año, la fiscalía acusó formalmente a Castillo y requirió 34 años de prisión en su contra por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. En el caso se comprendió a la exjefa de gabinete Betssy Chávez, así como a sus exministros Aníbal Torres, Roberto Sánchez, Willy Huerta y otros tres oficiales de la Policía Nacional del Perú.

“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional...”, dijo el entonces jefe del Estado esa mañana. Luego fue vacado del cargo y detenido en flagrancia.

Tras pasar la etapa de control de acusación que se inició en mayo –y resolver la serie de recursos planteados por las defensas–, el juez Juan Carlos Checkley emitió el 12 de noviembre un auto de enjuiciamiento, disponiendo que el caso prosiga y sea llevado a juicio.

“El entonces presidente, aprovechando su condición de jefe supremo de las FF.AA. y la PNP, se alzó en armas, conjuntamente con los entonces ministros de Estado aludidos, a fin de quebrantar el orden constitucional y los poderes del Estado, imponiendo en el país, ilegalmente, un ‘gobierno de excepción’”, se lee en el auto como parte de la acusación por rebelión.

Sin embargo, aún falta un largo camino por recorrer. Según confirmaron distintas fuentes abocadas al proceso, aún no se notificó la fecha para la instalación del juicio oral, donde se tendrá que escuchar los alegatos de las partes, analizar las pruebas, escuchar testigos y emitir una sentencia sobre el caso de fondo.

Una de las fuentes precisó a El Comercio que, si bien se emitió el auto de enjuiciamiento, el expediente en su integridad aún no es remitido hacia la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Esta sala fue la declarada competente para abocarse al caso por el juez Checkley.

Y aquí hay otro factor que puede ser clave: es probable que sean otros jueces supremos y no los actuales de la sala los que lleven adelante el juicio, ante una reconformación de cara al inicio del Año Judicial 2025 y la asunción de la nueva presidenta electa del Poder Judicial, Janet Tello.

Cabe aún la duda, por ejemplo, si el ahora expresidente del JNE Jorge Luis Salas Arenas, quien se reincorporó a la Corte Suprema tras dejar ese cargo, volverá a conformar la sala. El pasado 20 de noviembre, fue designado en la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria.

“Es perfectamente posible de que Salas Arenas pueda eventualmente conformar esa sala. Y si la conforma, tendría que ser su presidente incluso, al ser el más antiguo”, explicó el abogado penalista Andy Carrión.

A lo largo del proceso, Castillo ha rechazado los cargos que le atribuye la fiscalía, mientras que a mitad de año anunció –desde el penal de la Diroes– su afiliación al partido aún en vías de inscripción denominado Todo con el Pueblo.

A esta agrupación también se afilió su exministra y coacusada Betssy Chávez –internada en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos–, mientras que su otrora mano derecha Aníbal Torres promueve la agrupación Adelante Pueblo Unido.

A dos años del suceso, el abogado de Castillo y exministro Walter Ayala insiste en que lo sucedido no calza en el tipo penal de rebelión, uno de los tres que se le atribuye al exmandatario, y que no hay pruebas de que su patrocinado tuvo alguna “concertación” con las FF.AA. o la PNP, algo que –remarca– tendrá que probarse en el juicio.

“No se cerró el Congreso, no se intervino el sistema de justicia. El golpe de Estado hubiese sido que se hubiese cerrado el Congreso o el Tribunal Constitucional. No se hizo. Fue un discurso que quedó en discurso, no se llegó a ejecutar. Entonces no hablamos de golpe de Estado”, expresó Ayala en comunicación con este Diario.

Castillo publicó este viernes un extenso mensaje en X donde calificó su situación como un “secuestro político” y dijo que ese 7 de diciembre pronunció un “discurso político y patriótico lo que la ley no me prohíbe ni sanciona”.

“Ese discurso, lejos de constituir un golpe de Estado o un acto de rebelión, encarnó el clamor generalizado del pueblo”, dijo.

Para el abogado constitucionalista Natale Amprimo, la trascendencia del caso es que quedará zanjado que quien pretende atribuirse el poder absoluto salirse del marco jurídico constitucional paga las consecuencias. Y que quien ejercer el poder, lo hace por delegación de los ciudadanos, sin un poder absoluto y fuera de los contrapesos que contempla la Carta Magna.

“La trascendencia es que es el primer caso en el siglo XXI en el cual un presidente es condenado por dar un golpe de Estado e intentar tener el poder en forma absoluta”, apuntó. Amprimo destacó el rol que jugaron las Fuerzas Armadas que no se prestaron “a darle respaldo a quien usurpa del poder”.

Carrión remarcó que este es el caso más sólido que obra en contra de Castillo “más aún cuando testigos de este acto somos todos los peruanos”. Por su parte, para el penalista Gilmar Andía, aún “es complejo y de pronóstico reservado”, toda vez que quienes estarán a cargo son jueces supremos con un nivel de exigencia jurídica bastante alto.

Todo está en manos de la Corte Suprema.