Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ocurridos durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), rechazaron este viernes su reciente libertad ordenada por el Tribunal Constitucional (TC).
En conferencia de prensa, Gisela Ortiz, hermana del estudiante Luis Ortiz, una de las víctimas del caso La Cantuta, consideró que el Estado peruano los ha “traicionado” al liberar al expresidente de manera “ilegal”.
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Indicó que el indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el 2017 no cumplió con las normas internas porque se trató de un tema político y no se demostró la gravedad de las enfermedades de Fujimori.
Por su parte, Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), informó que han presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un informe sobre la excarcelación del exmandatario.
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Del mismo modo, dijo que se ha solicitado que el caso pase a ser tratado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), de acuerdo a los procedimientos establecidos al respecto.
“En ese escrito hemos solicitado a la corte que en mérito a lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, proceda a emitir una resolución donde señale clara y contundentemente que el Estado peruano ha desacatado una orden y en base a eso emita un información a la Asamblea General de la OEA”, indicó.
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“Esta posibilidad está enmarcada dentro de la Convención Americana como una especie de garantía colectiva para que los estados cumplan con su deber de precisamente cumplir con todos los mandatos de la Corte IDH. La Asamblea General de la OEA deberá evaluar este incumplimiento del Estado peruano y ojalá pueda emitir disposiciones o resoluciones que obliguen al Estado peruano a acatar los fallos”, agregó.
Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su rechazo a la decisión tomada por el Estado peruano al liberar a Alberto Fujimori a través del fallo del TC, en contravención a las obligaciones internacionales que tiene el país.
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En su comunicado emitido este 8 de diciembre, dos días después de que el expresidente saliera del penal de Barbadillo, la CIDH recordó que en el 2022, la Corte IDH ordenó no ejecutar el fallo del TC a favor del indulto.
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