Alejandro Soto arrastró deuda al Estado desde hace nueve años: la historia de la condena e indemnización

Esto, hasta la semana pasada que El Comercio reveló la razón de la condena y el presidente del Congreso acudió raudamente al juzgado para pagar la indemnización que había dejado impaga por casi una década, según documentos obtenidos por este Diario.

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Tal como lo había informado El Comercio, el actual presidente del Congreso sí registra condena. Se trata de la sentencia en instancia civil emitida luego de que la Procuraduría de la Contraloría demostró que Alejandro Soto Reyes cometió irregularidades entre los años 1996 al 2002 cuando se desempeñaba como regidor municipal.

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Por ello, el 15 de octubre del 2014, el Primer Juzgado de Paz Letrado - sede Santiago, en Cusco, lo condenó y le impuso el pago de una indemnización civil a favor del Estado ascendente a S/20,642.00 por los daños causados al citado municipio cusqueño.

Tras ser sentenciado en primera instancia, el congresista de Alianza Por el Progreso (APP) apeló y pidió que se anule la resolución. Sin embargo, el 15 de octubre del 2015, una segunda instancia judicial - el Primer Juzgado Mixto de Santiago- confirmó la condena y devolvió el expediente para su ejecución.

Deuda impaga

Un año después, el 3 de octubre del 2016, el Primer Juzgado de Paz Letrado de Santiago lo conminó a pagar la deuda pues el sentenciado se negaba a reparar al Estado.

Recién entonces, Soto Reyes hizo un pago, pero solo depositó S/1,000 de los S/ 20,642.00 que se le impuso. De esta manera, quedó adeudando S/ 19,642.00, según resolución obtenida por El Comercio.

De acuerdo con la condena, Soto Reyes se había apropiado de S/21,092.00 de dinero del Estado a través de cobros ilegales de “dietas” por sesiones de Concejo Municipal a las que no asistió, nunca realizaron o fueron de carácter social (solemnes no remuneradas por ley), así como por haberse incrementado las dietas sin autorización o acuerdo edil.

Desde entonces, el presidente del Parlamento no se apersonó más al juzgado para cumplir con el pago de la indemnización a favor del Estado. Por ello, en julio del 2018, debido a la inactividad del proceso, el caso fue enviado al archivo provisional por disposición del Poder Judicial.

El pasado 24 de agosto, dos días después de que El Comercio dio cuenta de la sentencia impuesta a Soto Reyes, el parlamentario se apersonó nuevamente al proceso. “Varía domicilio procesal y adjunta depósito judicial”, se indica en el registro judicial.

Y, en su escrito asegura que “en cumplimiento de lo ordenado” deja constancia del pago de la indemnización más intereses, realizado el mismo 24 de agosto del 2023. Es decir, casi una década después de habérsele impuesto la condena.

Adjuntamos la constancia del Depósito Judicial Nro 2023016107252, de fecha 24 de agosto del 2023, por el importe de S/20,642 (veinte mil seiscientos cuarenta y dos con 00/100 soles), con RP:0372269, todo ello, con la finalidad de que ponga en conocimiento de la entidad actora, y consecuentemente se dé por cancelado su pretensión.”

Alejandro Soto, presidente del Congreso. 24 de agosto del 2023.

Según pudo conocer El Comercio, a razón del informe periodístico, la Procuraduría General del Estado, a cargo del procurador Amado Enco, remitió un oficio al procurador de la Municipalidad de Santiago, Luis Oros Quispe, para que acuda al juzgado a fin de cobrar la deuda, pues habían detectado que Soto Reyes no la había pagado.

“En el referido proceso judicial se obtuvo sentencia favorable en primera y segunda instancia y se ordenó al demandado cumpla con el pago de S/ 20,642.00, más intereses legales. En tal sentido, cumplimos con informar a su despacho sobre este proceso civil que se encuentra en ejecución de sentencia a favor de la entidad municipal, a fin que se disponga las gestiones pertinentes para garantizar el cobro respectivo”, se indica en el Oficio Nro. 000336 -2023-CG/PP, con fecha 22 de agosto del 2023, enviado al procurador Luis Oros Quispe.

Por ello, el 24 de agosto, la Procuraduría de la Municipalidad de Santiago se apersonó al proceso. Así lo confirmaron desde dicho municipio a través de su el procurador adjunto Jorge Tito.

El defensor legal de la Municipalidad de Santiago de Cusco, indicó que, al ser aspectos públicos, podía confirmar que se apersonaron al proceso que fue iniciado por la Procuraduría Pública de la Contraloría; y donde el municipio cusqueño tiene la condición de “agraviado”.

“Como agraviados nos hemos apersonado al proceso en ejecución de sentencia (…) y estamos realizando los trámites para que nos acepten como parte del proceso y vamos a solicitar; incluso, que se nos endose el cupón que ya está en el expediente, porque hay un cupón aparentemente de mil soles, y vamos a pedir que nos transfieran”, señaló Tito.

Aseguró que, hasta la fecha, solo tienen conocimiento de este depósito del 2016; y cualquier otro depósito reciente aún no se les ha notificado.

Este Diario buscó la respuesta de Soto Reyes, respecto a mantener impaga la deuda a favor del Estado por ocho años; así como cuándo y cuánto la canceló. Sin embargo, desde el despacho del presidente del Parlamento solo se pronunciaron a través de su asesor de prensa alegando que la Ley 30353, que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) señala que el impedimento para ejercer función pública solo se aplica cuando las personas están inscritas en dicho registro.

Por ello, indicaron, durante la inscripción del candidato Soto Reyes; y posterior elección, no figuraba la deuda en dicho portal. No obstante, confirmaron el reciente pago de la indemnización.

“Actualmente no figura, ni figuraba deuda como consta en su Declaración Jurada y en el portal de REDERECI. No obstante ello, el abogado realizó el pago que indicas con cargo a revisar el expediente del año 2008″, indicó su asesor de prensa Eduardo Quezada.

Resistencia al mandato judicial

El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado dijo a El Comercio que Alejandro Soto Reyes al haberse resistido por todos estos años a cumplir con el mandato judicial, habría incurrido en el presunto delito de violencia y resistencia a la autoridad.

“El argumento no es válido, porque la prueba de que incumplió con el pago civil, es la propia sentencia y los antecedentes que ustedes han recopilado. Independientemente que exista un registro de pago, la sentencia es la fuente de la autoridad judicial de la que surge la evidencia de que fue condenado y que no cumplió”, indicó Maldonado.

Además, señaló, el caso denota que hubo una intención de fraude procesal, al haber esperado que el caso pase al archivo provisional y recién haber esperado una publicación periodística para cumplir con la sentencia. Agregó que, pese a haberse realizado el pago, ello no lo exime del cuestionamiento ético.

“Esto no puede ser admitido como un argumento a favor, en la forma que lo plantea su asesor, es decir que al no estar registrado (en el REDERECI), no hay incumplimiento de la deuda. Eso no corresponde a la verdad”, exclamó.

Señaló que el sistema podría tener una deficiencia o limitación al solo ocuparse de sentencias con reparaciones civiles, más no infracciones civiles con una condena, que implica un antijurídico administrativo y civil,una conducta contraria a la ética. “Yo creo que ese argumento del asesor es muy débil, una falacia, que no se condice con la verdad de los hechos. Y la verdad es que el señor fue condenado a una indemnización y habría tenido una actitud de fraude procesal al querer engañar a las autoridades que lo condenaron por una serie de artilugios”, explicó.

Como se recuerda, Soto Reyes también fue denunciado por no haber consignado en su hoja de vida, al momento de postular, que mantenía una deuda por reparación civil al haber sido condenado por el delito de difamación.

Por ello, el exprocurador anticorrupción señaló que estos casos “prueban que hay un patrón” en la conducta del congresista de APP de “incumplimiento” de sus deberes ciudadanos. Añadió que el hecho que no sea un hecho aislado “prueba que éticamente está descalificado para ocupar el cargo de presidente del Congreso”.

ANTONIO MALDONADO

Exprocurador anticorrupción:

“Hace este movimiento frente a la denuncia que se hace en este medio de prensa, pero no porque tenga una convicción y una postura pacífica de aceptar una resolución de la justicia. Es una persona que desconoce la autoridad judicial y esto prueba su falta de idoneidad, ética y moral. Mínimamente es una prueba de que carece de la idoneidad ética para ejercer el cargo que hoy ocupa, por su patrón fraudulento, la falta de transparencia, de honestidad ciudadana, la infracción a sus deberes cívicos, no corresponden a cualquier ciudadano, menos a un congresista y menos a quien ocupa la presidencia del Congreso.”

Finalmente, fuentes vinculadas al caso señalaron que existe un vacío en la ley respecto al registro de personas que adeudan dinero al Estado. Esto, debido a que REDERECI solo consigna reparaciones civiles impuestas en procesos judiciales penales, más no civiles como fue en el caso de Alejandro Soto.

Agregaron que las instancias pertinentes deberían reformar la norma, para que aquellos condenados en vía civil a una indemnización a favor del Estado, también sean registrados en el REDERECI.