Alejandro Toledo en el penal de Barbadillo: ¿Qué sigue luego de su extradición?

El expresidente decidió no presentarse a la audiencia de control de acusación que este lunes desarrolló su cuarta sesión, como parte del proceso judicial donde se le atribuye haber recibido de manera ilícita un monto de US$35 millones de la empresa Odebrecht a cambio de la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de dicha vía nacional que conecta el Océano Atlántico en el extremo brasileño con el Océano Pacífico del lado peruano.

Su decisión de no participar de las audiencias no evitará que el extraditado afronte a la justicia, ahora sí en su país que lo vio nacer, pero al que habría decidido traicionar.

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Mientras el ‘cholo sano y sagrado’ se acomoda en Barbadillo, solo podrá recibir la visita de su abogado. En los próximos días se establecerán horarios para recibir las visitas de familiares o terceros a los que autorice.

Según fuentes de El Comercio, Toledo podrá recibir sillas, mesas, una cocina, televisor y cualquier otro bien que puedan llevarse a fin de hacer más cómoda su estancia, tal como es el caso de sus vecinos, el expresidente Alberto Fujimori -sentenciado por el Caso Barrios Altos y La Cantuta- y el exmandatario Pedro Castillo -quien cumple prisión preventiva por los casos de rebelión y el golpe de Estado del diciembre del 2022 y presunta corrupción en su gobierno- quienes permanecen recluidos en dicho centro penitenciario.

"Toledo podrá recibir sillas, mesas, una cocina, televisor y cualquier otro bien que puedan llevarse a fin de hacer más cómoda su estancia"

Toledo Manrique podría ser condenado a 20 años y seis meses de cárcel, pena que ha solicitado la fiscalía. Mientras que la procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato ha requerido que pague S/1.837 millones y US$477 millones como reparación civil y de manera solidaria con sus coimputados en este proceso.

El expresidente es procesado junto a los empresarios Fernando Gonzalo Camet, Gonzalo Ferraro y José Castillo Dibós; y los exfuncionarios de Proinversión Sergio Bravo y Alberto Pasco-Font. Se les imputa presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

Los empresarios José Graña (colusión y lavado de activos), y Hernando Graña (lavado de activos), quienes estuvieron procesados, finalmente se acogieron a un proceso de colaboración eficaz.

En horas de la mañana, su abogado Roberto Su informó que el extraditado se encontraba mal de salud. Aseguró que el expresidente no había podido ingerir alimentos de manera adecuada desde que pisó suelo peruano y sigue con situaciones médicas que ya padecía previamente.

Sobre la situación oncológica del exmandatario, anunció que solicitó una junta médica para que se haga con médicos del INPE y médicos particulares peruanos que ya lo han tratado con anterioridad.

“Sobre el arresto domiciliario lo he comentado, cuando reciba los informes médicos, si estos determinan que es incompatible permanecer en el penal por un riesgo a su vida, la defensa no dudará en hacer la petición probada debidamente, con la documentación médica”, anotó.

Toledo Manrique también se encuentra incluido en el proceso judicial por el Caso Ecoteva. El exmandatario y su esposa Eliane Karp son los protagonistas de este proceso penal que no podrán afrontar hasta que Estados Unidos decida ampliar la extradición del exmandatario y acceda a la extradición de la exprimera dama.

Sendos cuadernillos de extradición fueron enviados hacia EE.UU en el 2021, y desde entonces espera el pronunciamiento de las autoridades norteamericanas sobre Ecoteva, tal como en su momento lo hicieron con el Caso Interoceánica.

El jefe de Cooperación Internacional, Alfredo Rezaba, señaló a Latina que, debido a ello, Toledo solamente puede ser juzgado por el Caso Interoceánica; mas no por las millonarias compras inmobiliarias a través de la off shore Ecoteva Consulting Group.

“Se ha otorgado la extradición por la Interoceánica y por el momento solo se le puede procesar por los cargos de la extradición concedida, pero si se le que quiere procesar por los cargos que ya están abiertos acá (Ecoteva), las autoridades americanas tendrán que responder la ampliación de la extradición”, anotó.

Si bien Toledo Manrique ya se encuentra en el Perú cumpliendo prisión preventiva por las investigaciones de los presuntos pagos corruptos de Odebrecht, aún no se puede ejecutar la prisión preventiva, también de 18 meses, por las compras inmobiliarias de Ecoteva.

El aseguramiento de Eliane Karp de Toledo, por el contrario, es incierto. Cuando se envió hacia EE.UU el cuadernillo para su extradición también se requirió una orden de arresto para la exprimera dama. Sin embargo, sin el pronunciamiento de las autoridades de Departamento de Justicia norteamericano autorizando el inicio del trámite de la extradición, Karp goza de total libertad dentro de dicho país.

Recientemente, el juez Thomas S. Hixson ordenó que se le devuelva su pasaporte a la exprimera dama, que se encontraba retenido desde el 2021.

“Ahora [Eliane Karp] no tiene restricción por estos cargos y por eso estábamos a esperas de la calificación de parte de los americanos (…) Esto se presentó en diciembre del 2021. Ahora, han pedido una ampliación de información que estamos presentando”, señaló Rebaza.

Redacción EC,

En febrero del 2022, la exprimera dama había solicitado la devolución de su pasaporte alegando que pretendía viajar a Bélgica, donde se encuentra su madre Eva Fernenbug -también procesada por el Caso Ecoteva- pues esta se encontraba delicada de salud.

Ahora, con la obtención de su pasaporte podría viajar a Bélgica, país con el que Perú no tiene tratado de extradición.

Por el Caso Ecoteva, la fiscalía ha requerido contra Toledo y Karp la pena de 16 años y 8 meses de cárcel y el pago de S/.6 millones por concepto de reparación civil.

Ambos son acusados de haber blanqueado el dinero ilícito que el expresidente recibió de la empresa Odebrecht con la compra de inmuebles en el Perú, por un monto mayor a los US$5 millones y a través de Eva Fernenbug, madre de Karp.

El Caso Ecoteva contra Toledo Manrique no es el único que aguarda su tramitación en Estados Unidos para que se concede la ampliación de su extradición. El exmandatario es procesado también por el Caso Camargo Correa o los presuntos pagos ilícitos de dicha empresa a cambio de que se le otorgue la construcción del Tramo 4 de la Carretera Interoceánica.

Este caso se encuentra en una etapa más incipiente respecto a un pedido de extradición. El pasado 22 de marzo del 2023, el juez Richard Concepción Carhuancho rechazó el pedido de prisión preventiva contra Toledo Manrique, Avraham Dan On y Marcos De Moura Wanderley, quien fue representante de la empresa Camargo Correa en Perú.

La decisión se resolvió por un “defecto de forma” del pedido debido a que la fiscalía había solicitado un requerimiento de prisión preventiva y en audiencia anunció que se trataba de una “variación de comparecencia por la de prisión preventiva”.

Por ello, dispuso la devolución del requerimiento de prisión preventiva a la fiscalía y hasta el momento dicha institución no ha insistido con la medida.

La orden de prisión preventiva es necesaria para que el Poder Judicial pueda dar trámite al proceso de ampliación de la extradición de Toledo por este tercer caso.

En noviembre del 2022, la fiscalía solicitó 35 años de cárcel contra el extraditado por presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Sin embargo, el expediente también le fue devuelto a la fiscalía para que subsane algunas observaciones al mismo.

Según la imputación, las investigaciones han concluido la existencia de un presunto pacto colusorio entre Toledo Manrique, como presidente de la República, durante el período 2001 al 2006, con Marcos de Moura Wandeley, gerente general de la empresa Camargo y Correa Sucursal Perú, para favorecer al Consorcio INTERSUR en la concesión del Tramo 4. Los hechos habrían ocurridos entre los años 2004 y 2005, y para ello, se le pagaría al hoy extraditado un soborno que superaría los US$5 millones.

El proceso se ha contemplado en el marco de una organización criminal transnacional para el pago de comisiones ilícitas en el marco de contrataciones públicas en diversos países, como el Perú, contando con empresas off shore, operadores financieros y otros partícipes, las cuales eran utilizadas para el pago de sobornos a funcionarios públicos, mediante operaciones financieras complejas, cuyas transferencias se habrían realizado en Suiza, Inglaterra e Israel para que se pierda el rastro del dinero sucio.

Para ello, señala la imputación fiscal, se habría usado dos cuentas proporcionadas por el amigo de Toledo y empresario Joseph Maiman. En Trailbridge (recibió 4 transferencias por US$ 760.000 dólares y Warbury (una transferencia por US$3 millones), así como desde la cuenta de Camargo y Correa Sucursal Perú.

El penalista Andy Carrión comentó que sobre los casos Ecoteva y Camargo Correa aún se debe esperar el pronunciamiento de Estados Unidos, cuando en su momento se evalúe las respectivas ampliaciones de la extradición contra Alejandro Toledo.

Sobre Ecoteva señaló que si bien el expresidente ya se encuentra en el Perú, aún no puede ser juzgado por este caso hasta que EE.UU. autorice la ampliación de la extradición.

“Todavía no (puede ser juzgado), porque la extradición solamente se ha dado en relación al Caso Interoceánica. Entonces, así como se hizo con el expresidente Alberto Fujimori en su oportunidad, tiene que solicitarse una ampliación de la extradición. El caso de Ecoteva ya está en curso en Estados Unidos. Entiendo que esto ya lo está analizando, no sé si el Departamento de Justicia, para que ellos, primero evalúen si es procedente o no, y ahí promuevan esto al Poder Judicial (de EE.UU.)”, indicó.

Sobre el caso Camargo Correa señaló que si bien no existe un cuadernillo de extradición, este sería el tercero. Agregó que, teniendo en cuenta que tanto Ecoteva como Camargo Correa son casos vinculados, esto tendrían un trámites más céleres, si son declarados procedentes.

“Si esto se solicita a Estados Unidos, yo creo que ya los plazos tal vez serían un poco más céleres en atención a la primera extradición, y que los otros casos están relacionados entre ellos también."

Andy Carrión, abogado penalista

Carrión indicó que lo que queda ahora es proseguir con el proceso judicial contra Toledo por el Caso Interoceánica, cuya etapa se encuentra en el control de acusación y que, posteriormente, ingresaría al juicio oral.

Respecto a la Junta Médica que solicitará el abogado del expresidente para establecer el estado de salud del extraditado, el especialista en derecho penal señaló que la gravedad en el estado de salud no implica necesariamente que sea excarcelado. Ello, agregó, debe ser evaluado por un juez que incluso, puede ordenar que siga un tratamiento ambulatorio y no una detención domiciliaria.

“Siempre es viable, es más, con (Alberto) Fujimori se hicieron muchas juntas médicas a efecto de que no solamente se promueve una mejor clasificación del interno, sino para que ellos se hayan usado también cualquier recurso, que entiendo, sería la revocatoria de la prisión preventiva por detención domiciliaria. Pero para eso tienen que demostrar el grado de salud de salud en el que se encuentra”, concluyó.