Antauro Humala está rodeado de condenados y de un acusado de graves delitos

Antauro Humala Tasso, con su discurso radical y conducta antidemocrática, está en campaña electoral desde que salió de la cárcel, en agosto del 2022, donde estuvo recluido 17 años por la condena del ‘andahuaylazo’, el levantamiento de enero del 2005 en el que cuatro policías fueron asesinados.

El mayor EP en retiro y líder del etnocacerismo, que rechaza el sistema electoral, planea postular a la presidencia por la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro), como se llama su partido político, que logró la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones en diciembre del 2023. En esta agrupación, oficialmente solo figura como afiliado.

Es en la plana dirigencial de Antauro donde se concentra su grupo de confianza, el cual está compuesto por personas que estuvieron encarceladas por el ‘andahuaylazo’ o que han sido investigadas o acusadas de distintos delitos. Pese a los cuestionamientos contra ellos, Antauro Humala los defiende.

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Un hombre cercano a Antauro Humala es Marco Antonio Vizcarra Alegría, compañero de su promoción del Ejército peruano (EP) a quien se le conoce como ‘Paiche’.

Vizcarra es otro de los militares sentenciados a prisión por el ‘andahuaylazo’: cumplió una pena de 17 años de cárcel por los delitos de rebelión y secuestro.

Además de ese hecho, fue investigado por un caso de narcotráfico vinculado con Demetrio Chávez Peña Herrera ‘Vaticano’, el capo de la droga que tenía nexos con Vladimiro Montesinos, el exasesor de Alberto Fujimori. Tras varios años de indagaciones, el Poder Judicial lo absolvió de ese delito.

Vizcarra afirmó a El Comercio que no lo pasaron al retiro por el Caso Vaticano, sino que él dejó el Ejército: abandonó la carrera militar en 1994. “Ese año, Montesinos y Nicolás Hermoza estaban en el poder y yo estaba sometido a seguimientos por parte del Ejército por ser etnocacerista. Se mezclaron varias cosas para que tome la determinación de salir del Ejército”.

Este Diario buscó a Antauro Humala en un local de la cuadra 2 del jirón Quilca, en el Cercado de Lima, donde el pasado martes 2 expuso en un evento denominado “Proceso constituyente para una nueva Constitución”, uno de sus llamados “10 puntos patrióticos”. Tras su presentación, habló con El Comercio y defendió a Vizcarra. “Fue absuelto, repito, absuelto, inocente del delito de narcotráfico; o sea, los jueces se huevearon. Fue siempre inocente, ya, qué más quiere que le diga”.

Américo Prieto Barrera no fue parte de la asonada del ‘andahuaylazo’, pero fue abogado de Antauro Humala por el caso. Actualmente tiene dos cargos en Antauro: personero legal alterno y presidente del Comité Electoral Nacional. Su hermano, Aldo Prieto Barrera, es jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, que encabeza Gustavo Adrianzén.

Contra Américo Prieto hay una grave acusación: en el 2020, su hija Bertha lo denunció públicamente por acoso a menores de edad. Esto provocó que él renunciara a seguir como defensor de Antauro Humala. El Comercio conversó con ella.

Bertha, que ahora se reconoce como transgénero, reafirmó que su padre “es un acosador de menores”.

“No creo que haya habido una sola víctima, creo que es contra un género, no es contra una persona; lo puede haber hecho con más niñas, mujeres, menores, [...] y hubo otras violencias de su parte”, dijo.

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Desde que Bertha Prieto vivió estas experiencias traumáticas, se convirtió en activista por los derechos de la mujer y las diversidades. “Él tiene que hacerse cargo de lo que hizo. Eso pasa por reconocer. Mientras más siga aplazando esa mentira o siga diciendo que no lo hizo va a ser peor porque no me voy a cansar de decir la verdad las veces que sean necesarias, que él es un abusador sexual de menores, que posiblemente sea un violador, que tiene que responder [...], y si algo me pasa a mí, lo responsabilizo directamente a él y al etnocacerismo, porque sí creo que son capaces de hacerme daño para callarme”.

Bertha, además, asegura que su padre, con quien no tiene comunicación desde hace años, reconoció lo que denunció en sus redes sociales. “En un mensaje por Facebook, él admite lo que hizo, fue un poco por la primera confrontación que tengo con él”.

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Este Diario llamó a Prieto y lo buscó en su vivienda para tener su descargo, pero no logró ubicarlo.

Antauro Humala defendió a Prieto. “Yo no sé si las redes sociales son legales, no sé si será cierto, pero vamos a averiguar, pero lo que le puedo decir es que hay muchas críticas, muchas calumnias, [...] [es] un lío de padre e hija”.

Rubén Ramos Zapana también es cercano a Antauro Humala. Tiene tres importantes cargos en su partido: secretario nacional general, personero legal titular y representante legal. En el 2020 fue elegido congresista de Puno por Unión por el Perú, que se alió con el etnocacerismo (Antauro Humala, cuando todavía estaba encarcelado, apareció como número 1 de la lista por Lima).

Como legislador fue presidente de la Comisión de Educación y presentó tres proyectos para favorecer a universidades a las que la Sunedu denegó su licenciamiento. Omitió informar que por 10 años fue profesor de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Puno, a la que rechazaron su licenciamiento, y que los cambios a la Ley Universitaria que propuso beneficiarían a esa casa de estudios.

Ramos reconoció a El Comercio que incurrió en un conflicto de intereses. “Sí, así es. [...] Fue un claro conflicto de intereses. Estaba pidiendo esas modificaciones porque esa universidad había sido creada por ley, así como las nacionales. [...] De las 50 que habían perdido su licenciamiento, tres nada más tenían esas características”.

La fiscalía también lo investigó por una compra millonaria de medicamentos cuando trabajaba en la Dirección Regional de Salud de Puno. Ramos dijo que ese caso ya fue archivado.

Otra persona cercana a Antauro Humala es Justo Álvarez Sánchez, quien fue sentenciado por el ‘andahuaylazo’ (estuvo nueve años encarcelado) y es apoderado de Antauro. “Él es veterano del ‘andahuaylazo’”, contestó Antauro Humala sobre Álvarez.

Al igual que Álvarez, Edgar Quispe Condori estuvo ocho años en prisión por el ‘andahuaylazo’. En el partido es secretario del Comité Electoral Nacional y de Política e Ideología. A este Diario, Quispe afirmó que el ‘andahuaylazo’ fue un “acto político, [que] hemos apoyado”.

A los mencionados se suma José Alberto Godoy Tueros, secretario nacional de Organización. No fue sentenciado por el ‘andahuaylazo’, pero en diálogo con El Comercio lo calificó como “una gesta”.

Asimismo, el abogado Julio Mendoza Hildebrandt, secretario nacional de Educación, Cultura, Innovación y Tecnología, chocó su camioneta con un auto en el que iban cinco pasajeros que terminaron hospitalizados. Ocurrió en el 2013, cuando era fiscal de la localidad de San José de Sisa (provincia de El Dorado, San Martín).

A Mendoza se le acusó de abandono de víctimas y de solo haber entregado S/300 para la operación de un herido. En diálogo con El Comercio, dijo que “el fiscal que investigó el accidente de tránsito determinó –según los peritajes– que ambos conductores tenían que resarcir a los afectados. Yo resarcí a los [pasajeros] del otro carro y el otro carro resarcía al mío”. Cuando se le preguntó por qué no cumplió con asumir los gastos de salud de Euré Sánchez Alvino, una víctima que sufrió fracturas en el fémur, lo que la obligó a permanecer nueve meses en cama, alegó que sí los cubrió.

Fuera del círculo dirigencial del partido, hay una persona a quien Humala escucha constantemente: su esposa Haydeé Ildarina Andrade Ríos, conocida como Ina Andrade.

Ella no tiene ningún cargo partidario, pero está inscrita en el partido y acompaña a Humala a sus eventos proselitistas, en los que aparece junto a él. Según las fuentes consultadas por este Diario, Andrade influye en las decisiones de Humala, actitud que incomoda a los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional. Ellos, además, aseguran que el líder etnocacerista “no escucha a nadie, solo a su conciencia”.

Consultado al respecto, Marco Vizcarra, presidente de Antauro, afirmó que con el líder etnocacerista no hay discrepancias personales, pero que por sus declaraciones, que califica de “políticas”, ha recibido cartas de la Fiscalía de la Nación, que consultan por su situación en el partido.