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La Asociación Civil Transparencia exhortó al Gobierno que observe tres leyes que aprobó el pleno del Congreso y que están a la espera de ser promulgadas o regresadas con observaciones, y específicamente piden a la presidenta Dina Boluarte demuestre que “no es mesa de partes ni apéndice” del Legislativo.
En un comunicado publicado este jueves 11 de julio, expresan que esta es una oportunidad para que el Ejecutivo demuestre a la ciudadanía que cree en el Estado de derecho y que está comprometido en la lucha contra el crimen organizado.
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“El Congreso debe recibir el mensaje por parte del Ejecutivo que hay leyes que no deben ser promulgadas pues ponen en grave riesgo el presente y el futuro de nuestra nación”, aseveró la asociación.
“Por ello, exhortamos al gobierno de Dina Boluarte a que observe las tres leyes aprobadas por el Congreso y demuestre que no es mesa de partes ni apéndice del Parlamento”, agregaron.
En primer lugar, piden que se observe el proyecto de ley 6951 que restringe los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, porque aseguran que implica la prescripción de más de 600 delitos cometidos antes del 2003 que involucran al Estado de derecho, además de incumplir con convenios internacionales.
”Ello representa una afrenta a las víctimas de esos delitos, la impunidad de crímenes condenados por toda la humanidad y la violación del marco jurídico internacional”, precisan.
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Transparencia también pide que no se promulgue la ley 1587 que autoriza el nombramiento automático excepcional de miles de docentes contratados en educación básica regular con tres años de antigüedad, porque esto vulneraría la meritocracia en la carrera pública magisterial.
Finalmente, se refieren al proyecto de ley 5981 que modifica la Ley contra el Crimen Organizado y que fue aprobado en la Comisión Permanente por “un puñado de congresistas”, según cuestiona la asociación civil.
“En realidad, es una ley en favor del crimen organizado, al eximir de esa categoría a grupos criminales que comentan una larga lista de delitos como extorsión, secuestro y asalto, y al debilitar la efectividad de los operativos de allanamiento”, indicaron.
Finalmente, solicitan que toda la sociedad civil se movilice “desde todos sus espacios de actuación para evitar” que se desmantele “lo poco que queda de democrático en el Perú”.
