Andrés Hurtado empezó a hablar: nuevos involucrados y la posibilidad de ser colaborador eficaz
La crisis de inseguridad pilló a Dina en Nueva York y tuvo que tomar medidas de impacto. El Congreso apuró un pleno y quiso meter una ley de contrabando.
1. New York, New York
El shock de la granada reventada en la puerta de la discoteca Xander’s provocó que amaneciéramos el lunes con la convicción de que había que tomar al toro por las astas. O, al menos, intentarlo. En el peor de los casos, aparentarlo. El equipo de la presidenta fue presa de otro pánico: ¿qué pasaría cuando todos viéramos el contraste entre Dina en la pasarela de la ONU con la tembladera local?
Entonces, hubo una idea. Que Dina, desde Nueva York, anunciara la declaración de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y parte de la provincia de Sullana. Había que confirmar, a) que se cumple la ley del ejercicio del mandato por vía remota y b) que la presidenta no estaba de shopping. Tampoco estaba sola. Había ministros, pero también periodistas de los que no pudo huir. Y protestantes que la cantaron cuatro cosas. Cancillería pasó apuros para abrirle una agenda. Otros presidentes que planean sus viajes con tiempo (Dina no puede porque depende del permiso del Congreso) la tenían llena, pero la nuestra lució desolada con encuentros bilaterales con los jefes de Paraguay y Finlandia.
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Los días siguientes nos fueron llenando de fotos de encuentros informales con una pléyade de presidentes, incluyendo Joe Biden. Pero vimos el detrás de cámaras: Joe y su esposa Jill saludaron a Dina en el coctel que ofreció a los jefes de delegación. También saludaron a muchísimos otros presidentes, primeros ministros y cancilleres. Y en sus países no hicieron fiesta. El roche no fue del equipo de Cancillería sino del entusiasta aparato presidencial.
2. Extinción del truco
El Congreso no se podía quedar atrás, ah no. Apuró para el miércoles un pleno sobre seguridad. El punto principal fue votar el pedido de facultades del Ejecutivo para legislar sobre la materia. Dormía el sueño de los justos y se aprobó en nombre de los asustados. Resulta que, amparados en el membrete de Seguridad, la mesa directiva metió un proyecto que, de aprobarse, mandaría al traste los procesos de extinción de dominio. Se le llama así a la facultad del Estado de cobrarse un daño con un bien asociado a un proceso penal.
El texto, presentado por el congresista fujimorista Jorge Morante plantea que, desde ahora, la extinción solo se produzca cuando haya sentencia firme, lo que nos dejaría –según ha explicado la Procuraduría General del Estado- sin posibilidad de incautar bienes de mafias y delincuentes pillados en flagrancia y de muertos que jamás serán sentenciados. El hecho de que haya políticos con la justicia pisándoles sus talones y sus bienes, empezando por la propia lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y terminando en el de Perú Libre, Vladimir Cerrón, despierta suspicacias. Por eso, Arturo Alegría, portavoz de FP, me dijo que su bancada había pedido que ello no se discuta en el pleno del jueves, para evaluar su postura. También me dijo que sus colegas de APP salvaron de la censura al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, porque son “la bancada de gobierno”. Uyuyuy, ¡bronca en el bloque democrático!
3. Junta para romper
La bronca estelar es la del Congreso con la JNJ. Llegó al ring de la Comisión de Justicia. Los 7 magistrados fueron con la idea de comparecer en bloque pero los llamaron uno por uno y allí estaba su abogado, Samuel Abad, reclamando el debido proceso, antes de entrar en la discusión de cada presunta falta grave. Más que Patricia Chirinos, autora de la moción que los llevó allí, la congresista Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación, fue la primera acusadora, peleando hasta con la presidenta de la comisión, la perulibrista Janet Rivas.
Más allá de la legitimidad de la investigación (similar a la que se hizo para liquidar al CNM y convertirlo en JNJ), lo que escandaliza a quienes defienden la Junta, es la endeblez de los cargos, que fuerzan como falta grave a un comunicado de exhortación y a presuntas presiones ni siquiera comprobadas. Pero hay un cuestionamiento con más asidero, aunque ello no implique que sea falta grave sino interpretación legal discutible. La magistrada Inés Tello, avalada por sus colegas, interpreta la Constitución y la ley orgánica de la Junta, de tal forma que le permite quedarse a pesar de tener más de 75 años. El lunes pasado la entrevisté en RPP e hizo una conmovedora reivindicación del derecho de los veteranos a mantenerse de pie. Me dijo, además, que de ningún modo renunciaría, ni aún si el Congreso buscara cebarse en ella para salvar a los demás.
Llamé, para este artículo, al ex defensor del pueblo Walter Gutiérrez a Madrid. Es nuestro actual embajador en España. Presidió la comisión que eligió a los miembros de la JNJ en el 2019. A grandes rasgos, me contó que cuando deliberaron sobre Tello, cuyas calificaciones eran óptimas, él sustentó el caso y planteó que no se le podía negar su derecho a ser elegida pues en ese momento tenía 74 años y no llegaba al límite de 75. Había distintos pareceres como el del entonces presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, que pensaba que la edad era un límite insalvable. Pero se pusieron de acuerdo en elegirla, flotando la idea de que una vez que cumpliera los 75, podría ser reemplazada por su suplente. La investigación ha sido prorrogada 14 días más. Prepárense para los nuevos rounds.
