Betssy Chávez cumplirá prisión preventiva: ¿Qué investigaciones fiscales enfrenta?

La ex primera ministra Betssy Chávez cumplirá 18 meses de prisión preventiva mientras el Ministerio Público la investiga por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, por su papel en el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

Chávez fue detenida por efectivos de la Policía Judicial el martes pasado en Tacna. Poco antes, la también congresista suspendida informó mediante las redes sociales que enfrentaría la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

La situación de Chávez se complicó en marzo pasado, cuando el Congreso aprobó acusarla constitucionalmente por el golpe de Estado y suspenderla de sus funciones como parlamentaria mientras dure el proceso judicial en su contra, explicó el abogado Martín Cabrera, especialista en asuntos parlamentarios.

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“Desde el momento que la acusación constitucional remitida por la fiscalía fue aprobada por el Congreso, ella podía ser sujeto de cualquier medida judicial, como la prisión preventiva. Perdió las prerrogativas”, dijo.

En el caso del golpe de Estado, la fiscalía ya se encuentra en etapa de investigación preparatoria. No obstante, Chávez enfrenta en paralelo otras investigaciones.

La fiscalía investiga si Chávez, los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y el entonces asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Aníbal Torres acordaron con el expresidente Pedro Castillo disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú.

Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por este caso.

La fiscalía cuenta con testimonios que comprometen a Chávez. Uno de ellos señala que ella guió al equipo de TV Perú Noticias desde la PCM hasta la oficina donde Castillo brindó el mensaje a la Nación con el que anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un régimen de excepción.

La reportera de TV Perú que acudió aquella vez a Palacio de Gobierno ha contado que, luego del mensaje a la Nación, Chávez le dijo que iba a “sacar el decreto supremo” sobre la disolución y que planeaban “reestructurar” el Estado.

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Además, la fiscalía encontró en Palacio un decreto ley que Castillo iba a firmar para disolver el Congreso y convocar a elecciones para completar el periodo constitucional, según reveló Willax, que accedió al documento.

Por decisión del juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, Castillo, Chávez, Huerta, Sánchez y Torres serán procesados juntos por el golpe de Estado.

El magistrado ordenó recientemente la acumulación de los casos que se venían desarrollando por separado, a fin de que sean procesados en un solo expediente.

En enero pasado se conoció que la Fiscalía de la Nación incluyó a cerca de 20 congresistas del Bloque Magisterial, Acción Popular y Perú Libre en la investigación por el Caso ‘Los Niños’. Uno de ellos fue Betssy Chávez, por supuesta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La medida se sustentó en declaraciones de colaboradores eficaces, entre ellos el de código CE-12-2022, quien reveló cómo el gobierno de Castillo captó congresistas ofreciendo beneficios ilícitos.

En marzo último, el Ministerio Público intervinó 41 inmuebles por este caso, en un megaoperativo denominado Los Pequeños II. El operativo incluyó el departamento de Chávez y fue autorizado por el juez Juan Carlos Checkley.

Los otros congresistas incluidos en el caso son Wilson Soto, Silvia Monteza, José Arriola, Edwin Martínez, Luis Aragón, Hilda Marleny Portero, Carlos Zeballos, Carlos Alva Rojas, Pasión Dávila, Germán Tacuri, Francis Paredes, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Edgar Tello, Américo Gonza, Óscar Zea y Katy Ugarte

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Chávez en noviembre pasado por la presunta contratación irregular de personal cuando era parlamentaria y ministra de Estado.

Fuentes de El Comercio informaron que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene pendiente designar a un congresista delegado para la elaboración del informe final sobre este caso.

La fiscalía de la Nación busca determinar si Chávez se interesó de forma indebida en la contratación de Antonio Sotelo Calderón, papá de su expareja, como representante del Ministerio de Trabajo ante el Senati, y en otros cargos en Sunafil y en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

Además, investiga si aprovechó su cargo como congresista para contratar en su despacho parlamentario a Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa, hermanos de su expareja.

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