Roberto Sánchez aseguró que la decisión del golpe de Estado no se tomó con el Gabinete Ministerial. (Foto: archivo El Comercio)
Roberto Sánchez aseguró que la decisión del golpe de Estado no se tomó con el Gabinete Ministerial. (Foto: archivo El Comercio)
Redacción EC

El congresista (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) entregó su pasaporte al Parlamento y dijo que colaborará con las investigaciones que se vienen desarrollando por la denuncia constitucional presentada en su contra por el golpe de Estado perpetrado por .

El también exministro de Comercio Exterior y Turismo oficializó su decisión este viernes a través de un escrito dirigido al nuevo oficial mayor de ese poder del Estado, Javier Ángeles Illmann.

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“Me dirijo a usted con la finalidad de entregarle mi pasaporte N° 122298164, con el objetivo de mostrar mi plena disposición de colaborar con la investigaciones que se vienen desarrollando por la Denuncia Constitucional N° 328″, señaló en el documento.

Roberto Sánchez Palomino entregó su pasaporte. (Foto: El Comercio)
Roberto Sánchez Palomino entregó su pasaporte. (Foto: El Comercio)

Sánchez Palomino también cuestionó al fiscal Marco Huamán por señalar que se encuentra como no habido y exigió que se rectifique de manera inmediata, pues asiste a todas las sesiones del Congreso y a sus citaciones en el Ministerio Público.

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“Rechazo las declaraciones del fiscal Marco Huamán donde afirma: “tenemos a Roberto Sánchez también no habido”. Exijo rectificación inmediata, yo estoy de manera presencial todos los días en el Congreso”, subrayó.

“Inclusive a todas mis citaciones en Fiscalía he asistido de manera presencial, es completamente falso que esté no habido. Ayer me quedé hasta las 11 pm y hoy desde 9 am en el Congreso de la República y siempre con mi resguardo de seguridad del Estado”, agregó.

Cabe indicar que la Comisión Permanente del Congreso aprobó solicitar al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra la exjefa del Gabinete Ministerial y el exministro Roberto Sánchez Palomino.

Ambos son investigados por los presuntos delitos de rebelión y conspiración por el golpe de Estado que perpetró el vacado expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

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Con 18 votos a favor, la Comisión Permanente aprobó solicitar al Poder Judicial que se imponga dicha medida restrictiva contra ambos exfuncionarios, quienes fueron denunciados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.